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Una docente de sexto grado de la Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, ubicada en Palermo, quedó bajo investigación después de que alumnos y familias denunciaran situaciones que generaron preocupación. Entre los señalamientos aparece el supuesto uso de un celular para grabar estudiantes, además de pedidos de información personal realizados durante actividades escolares.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió separar preventivamente a Roxana Carolina Cayo de sus funciones e iniciar un expediente administrativo para determinar qué ocurrió. La cartera educativa también informó que presentó una denuncia ante la Justicia por los hechos señalados por las familias.
Las denuncias de los alumnos y las familias
Según los testimonios difundidos por las familias, algunos estudiantes contaron que la docente los filmaba durante las clases. Uno de ellos afirmó que quienes se negaban a ser grabados no podían salir al recreo, mientras que otros alumnos mencionaron pedidos relacionados con datos personales como el DNI y domicilio.
Los padres también señalaron una actividad realizada en sexto grado en la que los estudiantes debían representar un documento de identidad y completar distintos datos. El episodio ocurrió en el establecimiento ubicado sobre avenida del Libertador al 4900 y las inquietudes llegaron a las familias después de que varios alumnos relataran lo sucedido en sus hogares.
El antecedente penal de la docente y la respuesta oficial
La situación generó mayor preocupación cuando las familias conocieron que Cayo había cumplido una condena por la muerte de su hija. El caso se originó en 2010, cuando una bebé de seis meses falleció luego de caer de una cama mientras la mujer había dejado solos a sus hijos durante varias horas.
Inicialmente, la Justicia había ordenado su captura bajo una acusación de abandono de persona seguido de muerte. Cayo permaneció prófuga durante cuatro años hasta que fue localizada en 2014 en Florencio Varela, mientras trabajaba en una institución educativa porteña. Durante el proceso, la calificación del hecho pasó de homicidio doloso a homicidio culposo por decisión de la Cámara de Casación.
Desde el Ministerio de Educación explicaron que la normativa diferencia las consecuencias de las condenas por delitos dolosos y culposos. Una condena por un delito culposo permite regresar al sistema educativo una vez cumplida la pena y transcurridos los cinco años de cesantía administrativa previstos por la normativa.
