La oposición decidió ponerle fecha a la ofensiva contra uno de los pilares legislativos del Gobierno de Javier Milei y convocó a una sesión especial para el 15 de octubre a las 14 horas, con un temario que incluye el proyecto de emergencia en discapacidad, el régimen de emergencia crediticia por endeudamiento familiar y el rechazo del DNU 70/2023, el mega decreto con el que Milei desreguló buena parte de la economía al comienzo de su gestión.
La convocatoria llega después del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU, mediante el cual el Gobierno había derogado las restricciones de la Ley de Tierras Rurales para la adquisición de campos por parte de extranjeros. La decisión judicial reactivó una discusión que permanecía congelada en el Congreso y le dio a la oposición una vía para intentar revertir por ley uno de los efectos más controvertidos del decreto.
El punto central de la estrategia opositora es que el DNU ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Para que pierda vigencia de manera definitiva necesita ahora una segunda sanción, esta vez de Diputados. La oposición deberá reunir 129 legisladores para abrir la sesión y luego conseguir mayoría para rechazarlo. Como el trámite de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo quedó largamente vencido, el decreto puede llegar al recinto sin necesidad de un nuevo dictamen.
El problema político es que votar el DNU 70 en forma integral implica mucho más que volver a poner en discusión la Ley de Tierras. El decreto modificó o derogó numerosas normas en áreas como alquileres, medicina prepaga, obras sociales, comercio y regulaciones económicas. Parte de sus disposiciones fueron luego reemplazadas por otras leyes -como la Ley Bases o Reforma Laboral-, quedaron sin efecto por el paso del tiempo o fueron judicializadas, pero todavía existen capítulos cuya reversión tendría consecuencias concretas.
Por eso, la discusión no pasa solamente por reunir los 129 votos para iniciar la sesión. La oposición necesita asegurarse también de contar con una mayoría suficiente para rechazar el decreto. Un sector de los bloques que impulsan la ofensiva evalúa que una parte sustancial del DNU ya fue absorbida por legislación posterior, por lo que su derogación tendría un impacto menor al que hubiera tenido en 2024. Sin embargo, los bloques dialoguistas deben decidir si están dispuestos a votar en paquete contra medidas que en algunos casos acompañaron o que no quieren revertir sin una discusión específica.
En el oficialismo ya miran el escenario con otra lógica. La posibilidad de que Diputados trate el DNU encendió las alarmas porque, paradójicamente, una sesión impulsada para voltearlo podría terminar consolidándolo. Si los opositores consiguen el quórum pero no alcanzan los votos para rechazarlo, una eventual votación favorable de la Cámara baja dejaría al decreto firme como ley.
Por eso, en La Libertad Avanza analizan alternativas para evitar que el DNU quede expuesto a una votación incierta. Tal como contó El Cronista, una de las opciones que el oficialismo pone sobre al mesa es volver a discutir específicamente la Ley de Tierras por una vía legislativa propia o en el marco de la ley de Propiedad Privada, mientras se busca preservar el resto del andamiaje del decreto. También aparece sobre la mesa la posibilidad de que la oposición avance contra el DNU completo y, en paralelo, acuerde convertir en leyes específicas aquellas partes que pretende mantener.
La sesión del 15 de octubre tendrá además un componente político adicional: fue convocada para el mismo día en que está prevista una nueva movilización universitaria. El peronismo y los bloques opositores intentarán así concentrar en una misma jornada el reclamo por discapacidad, el endeudamiento de las familias y la disputa por la Ley de Tierras, mientras el Gobierno deberá definir si enfrenta la discusión del DNU 70 o busca desactivarla antes de que llegue al recinto.
