La Argentina tiene un federalismo fiscal con una característica extraordinaria: hay tres niveles de gobierno con capacidad para cobrar impuestos, pero un solo contribuyente para pagarlos. Nación, provincias y municipios meten la mano en el mismo bolsillo. Y ese bolsillo tiene un límite. Dentro de esta maraña tributaria hay un impuesto que merece ocupar, por amplio margen, el primer puesto entre los más distorsivos: Ingresos Brutos. Es acumulativo, se aplica en cascada, no reconoce crédito fiscal y se “incrusta” silenciosamente en cada etapa de producción y comercialización. El consumidor no lo ve, pero lo paga. Su crecimiento resulta elocuente: actualmente representa alrededor del 4,1% del PBI, frente al 1,9% de 2001.
En poco más de dos décadas más que duplicamos el peso de Ingresos Brutos. ¿Duplicamos también la calidad de los servicios que prestan las provincias?
Un impuesto que había muerto y resucitó
La historia tiene algo de tragicómica. Cuando nació el IVA (al 13%) se derogaron el Impuesto Nacional a las Ventas y el Provincial a las Actividades Lucrativas. Pero las provincias no tardaron demasiado en recuperar lo perdido. Poco después (2 años), aquel impuesto provincial reapareció bajo otro nombre: Ingresos Brutos. El muerto había resucitado. Y no solamente volvió: creció, se multiplicó y terminó convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiamiento provincial. Hoy los argentinos pagan IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales sobre una misma cadena económica. Después nos preguntamos por qué producir en la Argentina es caro.
También exportamos impuestos
Hay otra contradicción difícil de explicar. La Argentina debe exportar más, necesita dólares, inversiones, empresas competitivas y nuevos mercados. Pero mientras otros países procuran que sus productos salgan al mundo sin carga tributaria doméstica, nosotros también exportamos impuestos. El IVA vinculado con exportaciones tiene mecanismos de recupero. Ingresos Brutos, en cambio, queda escondido dentro del costo de los insumos, servicios y distintas etapas de producción. Por eso, cuando un producto argentino llega al exterior, lleva en su precio una mochila tributaria que muchos de sus competidores no tienen. Queremos competir con el mundo, pero obligamos a nuestras empresas a correr la carrera con una mochila de piedras.
La trampa adentro de la trampa
Como si esto fuera poco, dentro de Ingresos Brutos existe una perversión todavía mayor: los saldos a favor. El sistema tributario debería funcionar de una manera bastante sencilla: se determina cuánto debe pagar el contribuyente y se cobra. Las provincias lo hacen al revés, primero se retiene, luego se percibe, después se vuelve a retener y recién al final se determina cuánto debía realmente el contribuyente.
Cuando la suma de esos anticipos supera la obligación final, ocurre algo insólito: el Estado, que nació para cobrar impuestos, termina debiéndole dinero al contribuyente. SIRCREB, SIRTAC, SIRCUPA, SIRPEI y otros mecanismos forman una verdadera aspiradora fiscal equivalente a un “virus” que funciona automáticamente. Para cobrar, la tecnología es instantánea. Para devolver, aparece la burocracia llena de “laberintos”.
Cobrar en segundos, devolver en meses/años
Ese contraste resume buena parte del problema tributario argentino. Una retención bancaria puede practicarse automáticamente. Pero cuando el contribuyente pretende recuperar su propio dinero comienza la peregrinación: trámites, verificaciones, inspecciones, expedientes y meses/años de espera.
Mientras tanto, la empresa debe pagar salarios, proveedores, bancos, inversiones y —por supuesto— nuevos impuestos. El Estado retiene capital de trabajo privado y el empresario debe salir a buscar financiamiento para reemplazar el dinero que el propio Estado le inmovilizó.
Es el crédito más extraordinario del mercado: el Estado toma el dinero, decide cuánto toma, fija cuándo lo devuelve y determina qué interés mínimo reconoce. El contribuyente, naturalmente, nunca aceptó ser prestamista.
Aquí aparece una paradoja difícil de justificar. Las administraciones tributarias conocen facturación, movimientos bancarios, declaraciones juradas, retenciones, percepciones y prácticamente toda la actividad económica formal de una empresa. El Estado sabe en tiempo real cuánto dinero tiene que sacarle al contribuyente, pero necesita meses/años para descubrir cuánto tiene que devolverle. Algo no cierra.
La caja antes que la competitividad
Los saldos a favor dejaron de ser un accidente del sistema. Cuando se reproducen de manera permanente y alcanzan magnitudes significativas, pasan a ser un problema estructural. Y económicamente funcionan como lo que son: financiamiento forzoso del sector privado al Estado. Dinero que debería financiar mercadería, salarios, tecnología, inversión o exportaciones termina depositado involuntariamente en las arcas provinciales. Después discutimos cómo bajar el costo argentino. Tal vez podríamos empezar por dejar de quitarles capital de trabajo a quienes producen.
Transparencia: mostrar la cuenta completa
Hay además otra deuda pendiente. La Ley de Transparencia Fiscal avanzó en mostrar al consumidor los impuestos nacionales indirectos incluidos en los precios e invitó a provincias y municipios a hacer lo propio con Ingresos Brutos y tasas municipales. Sin embargo, la adhesión provincial sigue siendo limitada.
¿Por qué es importante? Porque el ciudadano tiene derecho a saber cuánto cuesta realmente lo que compra y cuánto del precio termina quedándose el estado nacional, provincial y municipal.
La transparencia fiscal tiene una virtud incómoda: convierte algo abstracto —“los impuestos”— en un número concreto delante de los ojos del consumidor. Quizás por eso cuesta tanto implementarla.
El Estado no puede cobrar lo que sabe que no le corresponde
Hay finalmente una cuestión jurídica que no puede soslayarse. Una cosa es establecer razonablemente anticipos para asegurar la recaudación. Otra muy diferente es mantener mecanismos que, de manera sistemática, generan cobros superiores a la obligación tributaria y enormes saldos a favor.
Si la administración dispone de toda la información del contribuyente y puede determinar que las retenciones y percepciones excederán persistentemente el impuesto, seguir cobrando deja de parecer una simple imperfección administrativa. En ese punto entran en juego el derecho de propiedad, la razonabilidad de las cargas públicas y los límites jurídicos de la potestad recaudatoria.
Frente a exigencias, a “sabiendas”, conscientemente superiores a las legalmente debidas, también corresponde preguntarse dónde termina el exceso administrativo y dónde podría comenzar la responsabilidad personal de los funcionarios.
Basta de financiar al Estado con plata ajena
La Argentina habla permanentemente de competitividad. Queremos inversiones. Queremos exportaciones. Queremos empresas que contraten personal. Queremos crédito. Queremos crecimiento. Pero simultáneamente mantenemos un sistema que cobra impuestos antes de que nazca la obligación, cobra muchas veces por encima de lo debido y después demora meses/años en devolver la diferencia. Es difícil construir competitividad sobre semejante contradicción.
Ingresos Brutos necesita una reforma estructural. Los regímenes de anticipos deben tener límites. Los saldos a favor estructurales deben desaparecer y, cuando excepcionalmente se produzcan, deben devolverse de manera automática y rápida. Y la transparencia fiscal debería alcanzar a nación, provincias y municipios.
Porque el federalismo fiscal no puede convertirse en una competencia para ver quién llega primero al bolsillo del contribuyente. Nación, provincias y municipios pueden tener distintas potestades tributarias. Pero el bolsillo es uno solo. Y hay una regla todavía más elemental:
Las provincias tienen derecho a cobrar impuestos; lo que no tienen derecho es a quedarse durante meses/años con dinero que sabe que no le pertenece.
