El crédito comenzó a funcionar como una suerte de amortiguador para los hogares que, tras afrontar gastos relativamente rígidos, quedan con menos margen para cubrir el resto de sus consumos.
Sin embargo, cuando la debilidad de los ingresos se prolonga, surgen dificultades para afrontar las deudas. Por eso, la morosidad ya no es solo un “problema entre privados”, sino que pasó a ocupar un lugar central en el debate público.
En ese escenario, el costo del financiamiento adquiere una importancia central: cuanto más elevada es la cuota, mayores son las dificultades para sostener los pagos. Los impuestos nacionales y provinciales, sumados a las tasas municipales, constituyen uno de los componentes de ese costo.
¿Qué hay detrás de un crédito bancario? Aunque la mayoría suele prestar atención a la tasa de interés, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) es el indicador que refleja el costo real y total de un préstamo.
A diferencia de la Tasa Nominal Anual (TNA), que expresa los intereses sin considerar su capitalización, la Tasa Efectiva Anual (TEA) incorpora dicho efecto. El CFTEA, en tanto, incluye también los demás cargos asociados al financiamiento, como seguros, gastos administrativos e impuestos. ¿Y cuánto pesan estos últimos? En el caso de un crédito personal, desempeñan un papel central en la determinación de su costo real.
Los préstamos están alcanzados por una superposición de tributos aplicados por los distintos niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios.
A nivel nacional, se aplica una alícuota del 21% de IVA sobre los intereses. Sin embargo, existen algunas excepciones, como los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda de uso permanente, cuyos intereses están exentos del tributo.
Además, como el IVA es un impuesto coparticipable, su recaudación se distribuye entre la Nación y las distintas jurisdicciones.
A nivel provincial, el impuesto sobre los Ingresos Brutos puede aplicar alícuotas superiores al 9% sobre los intereses. En julio de 2025, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) presentó ante el Banco Central (BCRA) un informe sobre la incidencia de este gravamen, considerado uno de los más distorsivos para la actividad económica.
El relevamiento abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además de comparar las alícuotas, analizó el tratamiento aplicado a los títulos públicos y a los créditos hipotecarios.
La Pampa es la jurisdicción con la alícuota más alta, del 9,1%. Le siguen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, con una tasa del 9%.
Según se desprende del informe, solo San Luis (6,5%) y Santiago del Estero (3%) mantienen el spread como base de cálculo. Es decir, el impuesto se aplica sobre la diferencia entre la tasa que las entidades cobran por los préstamos y la que pagan por los depósitos.
En algunas provincias también puede aplicarse el impuesto de Sellos sobre el capital del crédito, con una alícuota que puede llegar a 1,2%.
A la carga nacional y provincial se suman las tasas municipales, con diferentes denominaciones y modalidades de instrumentación. Algunos ejemplos concretos surgen del “Semáforo Fiscal Municipal”, un sitio que permite comparar la presión fiscal en los municipios de la provincia de Buenos Aires de más de 60.000 habitantes.
Bahía Blanca (8,5% bruta), La Plata (7,5% bruta), La Matanza (7% bruta), Quilmes (5,25%), General Pueyrredón (5% bruta) y Berisso (5% bruta) son los municipios bonaerenses con las alícuotas más altas para la banca minorista en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH).
En ese contexto, la presión impositiva aparece como uno de los factores que condicionan la expansión del crédito. “Los impuestos, principalmente IVA e Ingresos Brutos, elevan en más de 43 puntos el costo financiero efectivo anual, desde un 79% sin impuestos. Reducirlos, o mejor aún, eliminarlos con bajo costo fiscal, permitiría catalizar la mejora en la mora de las familias al reducir un tercio del costo financiero, potenciando una nueva expansión del crédito y del consumo interno”, explicó la consultora Econométrica.
La carga conformada por los impuestos nacionales y provinciales y las tasas municipales representa así uno de los obstáculos para el desarrollo de un mercado financiero sostenible.
“La mayoría de los países exime el crédito del impuesto al consumo y casi nunca pone impuestos sobre los intereses”, señaló Matías Fernández, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri y socio de Pública.
El especialista advirtió que las provincias también tienen un papel central en la discusión porque reciben, mediante la coparticipación, una parte de los recursos recaudados por los impuestos nacionales. El planteo formó parte de un informe que detalla, sobre la base de datos del BCRA, el impacto desigual de la morosidad.
El IERAL de la Fundación Mediterránea también profundizó en la carga tributaria que recae sobre los créditos, a la que definió como “una parte sustancial del monto de los intereses que enfrenta el tomador”.
Si bien el centro de estudios considera necesario generar un marco adecuado para que las personas confíen en canalizar sus ahorros hacia el sistema financiero y el mercado de capitales, advirtió que también resulta indispensable revisar la política tributaria.
“Con los actuales tributos es imposible que haya crédito a tasas razonables, ya que entre un cuarto y un tercio del costo del crédito son impuestos. Se necesitan cambios muy disruptivos no solo a nivel de tributos subnacionales, sino también en revisar los impuestos nacionales. Es conocida la necesidad de eliminar el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Menos tenido en cuenta es que el IVA en la mayoría de los países en que se utiliza contempla la exención aplicable a la actividad de otorgamiento de créditos”, remarcaron desde el IERAL.
