En esta noticia
- Cobro con Transferencia: qué es el CCT y para qué sirve
- El consentimiento, el punto central para el deudor
- Notificación previa y límites a los reintentos
- Quién puede ofrecer el servicio y cómo se remunera
- Responsabilidad ante el fraude, un cambio de incentivos
- Qué implica para pymes, comerciantes y grandes empresas
- Créditos hipotecarios con el FGS, la medida de Caputo
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en marcha el 31 de agosto el nuevo sistema de cobro periódico de las cuotas de un crédito, llamado Cobro con Transferencia (CCT), que toma como referencia esquemas que ya funcionan en otros países, como Pix Automático en Brasil y PayTo en Australia.
La entidad que preside Santiago Bausili tomó también insumos de propuestas presentadas por el ecosistema de pagos local durante 2025. El servicio estará disponible a partir del último día de agosto y, en una etapa posterior, se ampliará para canalizar otros cobros periódicos, como los servicios públicos.
Consultado por El Cronista, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, afirmó que la medida abarca un proceso de modernización de la infraestructura de pagos más que en una herramienta con capacidad de transformar de manera inmediata los índices de morosidad. “Esta medida es un avance en la infraestructura de pagos, orientado a modernizar y profesionalizar el cobro de cuotas de préstamos, pero su impacto sobre la morosidad será probablemente moderado y acotado”, precisó.
Cobro con Transferencia: qué es el CCT y para qué sirve
El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas pensada específicamente para el cobro de cuotas de préstamos. A diferencia de un débito automático tradicional, el sistema fue diseñado con foco en la prevención del fraude y en la protección del usuario, con reglas estrictas sobre consentimiento, notificación y límites de reintento.
El instrumento solo admite el cobro de cuotas fijas e iguales durante toda la extensión del contrato, lo que descarta su uso para créditos con cuotas variables o esquemas de amortización más complejos. Además, el BCRA fijó un límite a la relación entre la cuota y el ingreso del solicitante, que no podrá superar el 30% al momento de originar el crédito. Esa restricción busca prevenir el sobreendeudamiento desde el inicio mismo del préstamo, no solo en la instancia de cobro.
Según Di Pace, esta automatización puede responder a “una opción generada por olvidos, demoras administrativas o falta de automatización cuando el deudor sí tiene fondos disponibles en la cuenta autorizada”, señaló. Sobre cómo funciona en tanto a evitar olvidos, el economista detalló que “el sistema elimina la necesidad de transferencias manuales recurrentes y estandariza un mecanismo interoperable entre entidades”.
El consentimiento, el punto central para el deudor
El punto que suele generar entre quienes están por tomar un crédito o ya tienen uno vigente es si el prestamista puede activar este mecanismo de manera unilateral. El esquema exige el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta antes de que se realice cualquier débito de cuota. “
“El CCT solo puede activarse si la persona otorga previamente un consentimiento expreso, por única vez, para debitar la cuenta específica que elija (bancaria o virtual)”, detalló el economista. En tanto al permiso, se otorga generalmente “al momento de originar el crédito y puede revocarse en cualquier momento con efecto inmediato desde los canales electrónicos. Sin ese consentimiento, no es posible debitar cuotas por este mecanismo”, sostuvo.
Esa posibilidad de revocación inmediata es otra de las garantías que estableció el BCRA. También, la normativa asegura la baja del consentimiento tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta que se debita, sin que el usuario deba esperar plazos administrativos para dar de baja la autorización.
Sobre la consulta de si “los créditos tomados antes de la entrada en vigencia del sistema se podrían migrar de forma automática al nuevo esquema sin previo aviso, Di Pace aseguró que ”no se contempla una migración automática ni unilateral, el acreedor no puede incorporar el CCT a un contrato anterior sin el consentimiento expreso y previo del deudor, ni hacerlo sin aviso”.
Notificación previa y límites a los reintentos
Además del consentimiento inicial, el BCRA impuso una obligación de aviso que busca que el deudor nunca sea sorprendido por un débito. Los prestamistas deberán notificar por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta, de forma que la persona tenga tiempo de verificar que cuenta con los fondos necesarios o, en su defecto, de gestionar el pago por otra vía.
En cuanto a la ejecución del cobro, la normativa establece topes claros para evitar prácticas abusivas de reintento. Se admite un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos adicionales, que se realizan a las 48 y a las 96 horas del primer intento fallido. Pasado ese plazo sin que se concrete el débito, la cuota queda impaga.
En el supuesto de que el día del vencimiento no haya saldo suficiente en la cuenta autorizada, Di Pace remarcó que si “el intento de cobro falla, el sistema permite hasta dos reintentos automáticos (a las 48 y 96 horas) y, de no concretarse ninguno, se genera mora con intereses punitorios como si el pago no se hubiera realizado, sin cargos adicionales por intento fallido más allá de lo previsto en el contrato”.
El CCT no introduce un cargo extra por el solo hecho de que un intento de débito fracase. Lo que ocurre es exactamente lo mismo que pasaría hoy si una persona no paga su cuota por otro medio, se activan los intereses punitorios previstos en el contrato de préstamo. Así, el sistema automatiza el intento de cobro dentro de las reglas ya pactadas y no endurece las condiciones de la mora.
Quién puede ofrecer el servicio y cómo se remunera
El BCRA restringió el uso del CCT a entidades financieras y a proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por la propia entidad, lo que deja fuera del esquema a actores no regulados. Además, introdujo la figura del aceptador de CCT, que será el único autorizado para ofrecer este mecanismo de cobro. La intención del Banco Central es fomentar la competencia entre los distintos actores del sistema y garantizar la interoperabilidad entre los distintos esquemas de transferencias inmediatas que ya existen en la plaza.
En materia de costos, la normativa fijó un arancel mínimo del 0,6% que deben pagar los prestamistas por cada cuota cobrada, con una distribución proporcional entre los participantes del esquema. Este es uno de los aspectos que más preguntas genera entre asesores financieros, consultores y responsables de áreas de riesgo de empresas prestamistas, ya que cualquier costo nuevo en la cadena de cobranza suele terminar impactando, tarde o temprano, en la tasa que paga el cliente final.
Consultado sobre si ese costo de desarrollo e implementación terminará trasladándose al costo financiero total (CFT) del crédito, Di Pace explicó que “el desarrollo del Cobro con Transferencia (CCT) genera costos para bancos y fintechs, pero su impacto en la tasa de interés final debería ser marginal y precisó que “la implementación obliga a adecuaciones tecnológicas (sistemas, interoperabilidad, consentimientos y controles de fraude), que son costos fijos y hundidos, aunque el uso inicial sea bajo”.
En tanto, el economista director de Focus Market distinguió ese costo fijo de otro, variable, que sí está directamente atado al uso del sistema, el cual es un “costo operativo regulado, un arancel mínimo del 0,6% por cada cuota cobrada, a cargo del prestamista, del cual el 40% se destina como tasa de intercambio al proveedor de la cuenta. ”Este costo variable solo se activa con el uso efectivo", afirmó.
“Si bien puede trasladarse parcialmente al CFT, especialmente en fintechs de márgenes ajustados, el efecto neto más probable es neutro o a la baja. El sistema busca reducir los elevados costos de cobranza e irregularidad que hoy inflan las tasas. En un mercado competitivo, ese ahorro debería compensar o superar el nuevo arancel, evitando un encarecimiento generalizado para el usuario final”, afirmó en cuanto a si ese 0,6% puede terminar encareciendo el crédito para quien lo toma.
Por lo tanto, la cobranza manual y la gestión de la morosidad tienen hoy un costo alto para bancos y financieras, un costo que de alguna manera ya está incorporado en las tasas que se cobran. Si el CCT logra reducir ese costo operativo mediante la automatización y la estandarización del cobro, ese ahorro podría neutralizar, al menos en parte, el nuevo arancel regulatorio.
Responsabilidad ante el fraude, un cambio de incentivos
Otro de los puntos salientes de la normativa es que asigna la responsabilidad ante casos de fraude al prestamista. Esta definición busca alinear los incentivos de todo el esquema hacia un uso responsable del nuevo mecanismo de cobro, ya que quien ofrece el crédito y activa el CCT es también quien debe responder si se produce un uso indebido del sistema. Para asesores legales y responsables de compliance de entidades financieras, este es un punto que exige revisar los protocolos internos de validación de identidad y de gestión de consentimientos antes de la entrada en vigencia del sistema.
Qué implica para pymes, comerciantes y grandes empresas
Más allá del cliente final que toma un préstamo personal, el CCT tiene implicancias en bancos, fintechs y proveedores no financieros de crédito, los cuales deberán adecuar sus sistemas para cumplir con los plazos de notificación, los topes de reintento y el esquema de consentimiento explícito antes del 31 de agosto.
Créditos hipotecarios con el FGS, la medida de Caputo
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó este miércoles que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzará a otorgar fondeo a largo plazo para créditos hipotecarios de primera vivienda, con una tasa tope de UVA+7,5%, por debajo de la que ofrecen hoy la mayoría de los bancos.
El mecanismo funcionará a través de licitaciones del FGS, con asistencia técnica del BCRA, por un monto total de $2 billones, y buscará resolver el descalce de plazos que enfrentan los bancos al financiar créditos a 15 años o más con depósitos que en general no superan los 30 días.
Según el propio Caputo, la medida “va a permitir acelerar el nivel de créditos hipotecarios”, y desde el Gobierno estiman que el financiamiento adicional podría alcanzar a unas 18.000 familias. La iniciativa se combina, además, con la flexibilización reciente de los créditos en dólares para empresas, en lo que el equipo económico presenta como un intento de mover al mismo tiempo la oferta y la demanda de crédito.
