En medio del debate por la morosidad, el Gobierno anunció que volcará $ 2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS para fondear plazos más largos a los bancos y abrir el juego a créditos hipotecarios. La posibilidad de financiar el acceso a la vivienda en cuotas es un pendiente para la Argentina, mientras que el ministro Luis Caputo lo presentó también como una forma de alentar la actividad.
En ese marco, la “Mesa de la Vivienda” que integran Construcción, Desarrolladores y los trabajadores de la Uocra manifestaron su “apoyo” a las medidas “con el objetivo de impulsar el crédito hipotecario en el país”.
“Generar las condiciones para que el crédito hipotecario crezca sostenidamente es un paso clave para la recuperación de nuestro sector, dinamizar el mercado y para facilitar el acceso a la vivienda”, indicaron en un breve comunicado.
“Sostenidamente” es la palabra clave para que el financiamiento acompañe a la actividad. Así lo dio a entender el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, en diálogo con El Cronista.

La medida “va por el camino correcto pero no va a reactivar la industria, salvo que se sostenga en el tiempo”, enfatizó el referente del sector.
“Nosotros estamos pidiendo fondeo de largo plazo. Los bancos necesitan descargar las hipotecas en fondos de largo plazo. El anuncio va en esa dirección. Pero el volumen es acotado. Son unos 13.000 créditos para hipotecarios si se toma un valor de u$s 100.000”, explicó el presidente de Camarco. “Si bien es una ayuda para las familias, el volumen es poco”.
Hoy el crédito promedio “son u$s 75.000 (cerca de $ 100 millones) a 23 años con una tasa del 7%”, detalló el economista de Empiria Federico González Rouco.
“El año pasado se colocaron 44.000 créditos y este año va a terminar en cerca de 30.000. Esto significaría agregar 20.000”, planteó sobre el impacto de la medida.
El impacto en actividad
Sobre la posibilidad de generar una mejora en la actividad, Weiss señaló que los fondos se aplicarán a viviendas ya terminadas, sean nuevas o usadas. “Esto no va a reactivar la industria salvo que se sostenga en el tiempo, porque en algún momento se terminará el stock”, planteó.
“La medida va en la dirección correcta y busca atacar parcialmente uno de los problemas estructurales del crédito hipotecario argentino: la falta de fondeo de largo plazo”, remarcaron desde la consultora MAP. Y destacaron que “no tiene impacto sobre el resultado fiscal”, ya que se trata de inversiones de ANSeS.

En cuanto a la magnitud, coincidieron en que “no implicará una “explosión” del crédito” pero consideraron que “podría contribuir a sostener y reactivar gradualmente un mercado que había comenzado a perder impulso”.
Por otra parte, en cuanto al costo del financiamiento, señalaron que el fondeo “terminaría teniendo como contrapartida una expansión monetaria indirecta, evitando parte de la presión alcista sobre las tasas”.
Cómo sigue la obra pública
Por otra parte, el Gobierno apuesta a que las concesiones privadas de rutas y el traspaso a las provincias genere un mayor movimiento en la obra pública que la motosierra nacional paralizó.
“El Gobierno quiere transferir todo lo que pueda a las provincias, pero las provincias solo quieren tomar rutas muy importantes. Son tramos relativamente cortos”, explicó Weiss, que además consideró que “los gobiernos provinciales en general no tienen fondos para hacerse cargo de las rutas nacionales. Las rutas provinciales no están en buen estado tampoco”.
Bajo este escenario, para el sector de Construcción la actividad seguirá “igual que hasta ahora hacia fin de año”.
Los números de la construcción
En lo que va del año, la construcción acumula una caída del 0,5% según el índice Construya. En julio la actividad cayó 0,8% y en el interanual llegó a 6,5% de caída.
Según el INDEC, el retroceso mensual de actividad fue del 0,9%. Con todo, la actividad se encuentra un 20% abajo de los niveles históricos de 2022.
En términos del empleo, Weiss también indicó que no espera cambios en lo que resta del año. Los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino y del Ministerio de Trabajo indican una pérdida neta de entre 62.300 y 65.000 empleos asalariados registrados, mientras que la Cámara y la Uocra llevan la cuenta hasta los 130.000 empleos por el impacto de los indirectos y contratistas.
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