La queja sobre el peso de los impuestos en el costo de los bienes dejó de ser patrimonio exclusivo de los empresarios. Escuchar en una conversación casual planteos sobre cómo la presión fiscal encarece el valor de los autos, la ropa, la comida o la nafta ya no es algo que sorprenda.
Y es que, lentamente, ese capítulo de la batalla cultural que lleva adelante el Gobierno se está transformando en un capítulo ganado. Ayudó la Ley de Transparencia Fiscal, que obligó a comercios y prestadores de servicios a discriminar en las facturas el IVA y otros impuestos.
Esta toma de conciencia sumará en breve otro factor: a partir de la reforma laboral, los recibos de sueldo de cada trabajador deberán discriminar todos los conceptos que paga el empleador por arriba del sueldo. Eso implica consignar desde las contribuciones patronales hasta los conceptos propios de cada convenio colectivo, como aportes solidarios a los gremios.
Para muchos asalariados, contar con esta información de manera transparente será toda una novedad. Identificar que el sueldo bruto es mucho más que lo percibido hasta ahora y entender cuánto se deriva a una ART, cuánto valen los seguros de vida obligatorios e incluso cuánto se destina a las cámaras empresariales sin duda impulsará con otra fuerza la discusión de todos estos rubros. Y es probable que hasta ayude al Gobierno a profundizar otras bajas de gravámenes distorsivos, como el impuesto al cheque, Sellos o Ingresos Brutos, pulseada que también involucra a las provincias.
Nadie duda de que la Argentina necesita una reforma tributaria, ya que es una discusión que tiene más de 30 años de idas y vueltas. Lo inédito será que se llegue a esa instancia como parte de un reclamo hacia la política apoyado por la sociedad y no a la inversa. En un país con inflación a la baja, cada peso cuenta.
