AGENDA PARLAMENTARIA

Congreso: las leyes que no avanzarán en la Era Massa con el timón de Cecilia Moreau

La nueva presidenta de la Cámara baja es la garante de que no prosperen temas que van a contramano de los planes del ministro de Economía, su jefe político, o que exponen la debilidad del oficialismo

El desembarco de Cecilia Moreau al frente de la Cámara de Diputados debe ser leído como una continuidad de la gestión de Sergio Massa. El tigrense no se iba a ir del Congreso sin dejar a uno de sus delfines al frente de la Cámara a la que le hará llegar las iniciativas que necesite para poner en marcha la economía.

Pero a la vez, Moreau será la garante de que no avancen los temas que van a contramano de los planes de su jefe, que podrían agitar las aguas con la oposición o que lejos estén de juntar los votos suficientes para su aprobación. En una Cámara en la que el oficialismo no cuenta con la comodidad de armar una mayoría propia, fueron varios los temas que quedaron a mitad de camino para que esa debilidad no quede plasmada en el tablero del recinto.

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Entre esos proyectos se encuentran, sobre todo, algunos de índole económica y judicial que el tigrense se encargó de que avanzaran lo menos posible. Con la llegada de su ladera, la señal es que el destino de esos proyectos seguirá siendo el mismo: el naufragio.

Renta inesperada. Tras la repentina salida del Gabinete del ahora exministro Matías Kulfas, el por entonces ministro de Economía Martín Guzmán y el Presidente Alberto Fernández buscaron retomar la agenda propositiva. Acto mediante, impulsaron el proyecto que grava rentas netas superiores a los $1000 millones. En concreto, los ingresos extraordinarios explicados por la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto en las cotizaciones de las materias primas.

Ese proyecto fue rechazado por buena parte de la oposición. Juntos por el Cambio no está a favor de la creación de ningún gravamen y el schiarettismo salió a cuestionar públicamente la iniciativa del Ejecutivo. El texto tampoco cuenta con el visto bueno de los liberales. Es por eso que, al menos por ahora, sigue dormido en Diputados.

Fondo para pagarle al FMI. Si bien comenzó a tratarse tímidamente en comisión, la iniciativa que busca crear un fondo en dólares para afrontar el pago de la deuda contraída por Cambiemos, gravando a quienes tengan bienes en el exterior sin declarar, permanece paralizada en Diputados.

El Fondo para pagarle al FMI fue impulsado por el senador Oscar Parrilli

Este proyecto, que tiene como autor al senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, no solo cuenta con el rechazo de Juntos por el Cambio y al menos una parte del Interbloque Federal. Tampoco registra el aval de la izquierda, que se niega al pago de la deuda al FMI, ni de los liberales.

Reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. A diferencia del resto, este proyecto -que también fue girado por el Senado- cuenta con dictamen de mayoría, pero jamás llegó al recinto. Los números no están por más que al menos una parte del interbloque Provincias Unidas logró colar modificaciones a la letra chica a cambio de acompañarlo.

Se trata de la iniciativa que modifica algunos de los requisitos para ocupar el cargo de procurador general de la Nación, silla que hoy ocupa de manera interina Eduardo Casal. El Senado, en lugar de tratar el pliego de Daniel Rafecas que envió Fernández, se embarcó en una reforma de la ley orgánica que, entre sus puntos más importantes, reduce la mayoría que se requiere en el Senado para el nombramiento del jefe de los fiscales. 

En lugar de los dos tercios, el texto del kirchnerismo lo lleva a la mitad más uno. Es decir, si el proyecto lograra convertirse en ley, el Frente de Todos y sus aliados podrían nombrar al reemplazo de Casal sin la necesidad de acordar con Juntos por el Cambio. Hoy, necesitan el acompañamiento de, por lo menos, una parte de esa bancada para llegar al piso que marca la ley.

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Reforma Judicial. La iniciativa que también se quedó a mitad de camino tras recibir el visto bueno del Senado fue la impulsada por el Presidente y Marcela Losardo, titular de la cartera de Justicia en aquel momento.

A grandes rasgos, el proyecto que recibió 28 páginas de modificaciones minutos antes de ser votado por los senadores del oficialismo, apunta a disolver el poder que concentran los 12 tribunales de Comodoro Py. Es allí donde recaen, por caso, las causas de corrupción que asechan a la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

El texto duerme en Diputados y no hay motivos para pensar que Moreau lo desempolve para tratarlo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, mientras su jefe político intenta reducir el déficit fiscal, la puesta en marcha de esta iniciativa, según los cálculos hechos hace dos años atrás, insumiría $6.052 millones en su etapa inicial, sin computar gastos de conectividad, salarios de empleados, alquileres y gastos de intendencia.

Reforma del Consejo de la Magistratura. En Diputados, los votos para sancionar el proyecto que avaló el Senado para llevar a 17 el número de integrantes del organismo encargado de administrar al Poder Judicial tampoco están.

De allí que, hasta que eso suceda, el Consejo de la Magistratura funciona como lo hacía hasta 2006, cuando se sancionó la ley que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declaró inconstitucional.

Con la ley vigente, el Consejo de la Magistratura es presidido por el presidente de la Corte

Es decir, tiene 20 miembros y lo preside el titular del Máximo Tribunal Horacio Rosatti. El proyecto de Fernández, que fue aprobado en la Cámara alta, directamente no contemplaba representante alguno de esa instancia.

Ante el rechazo que este proyecto genera en buena parte del arco opositor, al menos por ahora y pese a que el jefe de la bancada oficialista Germán Martínez le pidió tiempo a la Corte para tratarlo, su debate sigue pospuesto

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