Fitch Ratings subió ayer la calificación soberana de Argentina de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, en una decisión que ubica al país en su mejor posición crediticia desde 2018. Tras la corrida cambiaria, mala praxis y la proximidad del retorno del populismo al país comenzó un descenso de la nota hasta la categoría de “default restringido”. La decisión de Fitch fue anunciada desde Nueva York mientras el presidente Javier Milei viajaba con Luis Caputo y Pablo Quirno hacia Los Ángeles para exponer en la Conferencia Global del Instituto Milken. El Cronista, el 22 de abril, había anticipado que se estaba analizando este movimiento de las calificadoras. Lo consignaba un informe de UBS tras la reunión de Primavera (en el Hemisferio Norte) del FMI y del Banco Mundial. Ese informe destacó que “las agencias de calificación debaten activamente la mejora de la calificación de la CCC a la categoría B, centrándose en la sostenibilidad de la balanza de pagos, la acumulación de reservas y la flexibilidad de la financiación como indicadores clave; ninguna parece exigir la emisión real en el mercado como condición previa”. El debate existente en mercados era que la Argentina tenía que emitir deuda para mostrar a las calificadoras que tenía acceso al mercado y así iban a mejorar calificación. Luis Caputo optaba por no convalidar altas tasas, esperar mejora de nota y apostar a la reducción del costo financiero. Sucedió lo último. La mejora no es “grado de inversión” o "investment grade" —ese umbral arranca en “BBB-.” El informe de Fitch detalla con precisión qué vio la agencia para tomar la decisión. El equilibrio presupuestario es, para Fitch, la piedra angular del cambio. La agencia proyecta que el superávit primario del gobierno central se estreche levemente a 1,1% del PBI en 2026, desde el 1,4% registrado en 2025, y que el balance fiscal general muestre un déficit de apenas 0,3% del PBI. Ese número, señala Fitch, posiciona a Argentina entre los mejores de toda la categoría B a nivel global. La Argentina se convirtió en exportador neto de energía, lo que le otorga una resiliencia inédita ante el shock derivado del conflicto en Medio Oriente. En un giro de política poselectoral, el Gobierno se fijó una meta de compra de divisas de entre u$s 10.000 millones y u$s 17.000 millones para 2026. Al cierre de abril, el BCRA ya había comprado u$s 7100 millones, con el ritmo esperado de aceleración en los meses de cosecha de soja. Fitch proyecta que las reservas brutas alcanzarán u$s 52.700 millones a fin de año, y que las reservas netas mejorarán unos u$s 8000 millones en línea con las metas del acuerdo con el FMI. La agencia destaca victorias concretas: reforma laboral, modificaciones a la Ley de Glaciares para facilitar la minería, y un presupuesto 2026 que preserva el ancla fiscal. La oposición, señala Fitch, “sigue siendo débil y fragmentada”. Fitch destaca que el Gobierno optó por no salir a los mercados externos —evitando así tasas más altas— aunque advierte que eso limita la posibilidad de construir un colchón de liquidez mayor de cara al año electoral. La calificadora identifica al menos cuatro vulnerabilidades que explican por qué la nota no subió más. Las reservas netas aún débiles, el primero. Una inflación resistente con la agencia que espera que la inflación caiga por debajo del 2% mensual hacia fin de año, pero reconoce que la inercia está complicando la fase final de la desinflación. La expansión se concentra en minería, petróleo, agricultura e intermediación financiera para Fitch. La construcción y la industria siguen estancadas o en contracción, con pérdida de empleos formales y deterioro de la confianza del consumidor. La actividad económica estuvo prácticamente estancada en el primer trimestre de 2026. Fitch proyecta un crecimiento de 3,2% para el año, menor al 4,4% de 2025, aunque destaca que sería el primer período de dos años consecutivos de crecimiento desde 2011, excluyendo el rebote post-pandemia. Las presidenciales de octubre de 2027 ya aparecen en el horizonte como una fuente de volatilidad potencial. Los mercados financieros argentinos demostraron, para Fitch, antes de las elecciones de medio término cuán sensibles son a los vaivenes políticos. Si el escenario electoral empieza a sugerir un cambio significativo de política económica, el riesgo país podría dispararse antes de que se emita un solo voto. Fitch advierte que la Argentina debe afrontar u$s 8800 millones en pagos de bonos en moneda extranjera durante 2026, y ese monto sube a u$s 9800 millones en 2027. A eso se suman u$s 2300 millones en vencimientos de BOPREAL en 2026 y u$s 5200 millones en 2027. El perfil de vencimientos es manejable si el acceso al financiamiento se mantiene, pero se vuelve desafiante, destaca Fitch, ante cualquier shock de confianza. Una reaparición de presiones financieras, un deterioro fiscal significativo o una erosión de reservas podrían revertir la mejora. Mercados deberían reflejar esta mejora desde hoy.