La desaceleración de la inflación sigue en el centro de las principales discusiones de la economía argentina. El Gobierno la reivindica como uno de los resultados centrales de su programa, mientras que distintos sectores de la oposición y economistas independientes advierten sobre los límites de ese proceso: la baja de la inflación no se tradujo hasta ahora en una recuperación suficiente del poder adquisitivo y el consumo continuó condicionado por la pérdida de ingresos reales.
En ese escenario, el crédito o, mejor dicho, el aumento de la mora de individuos o familias en pagar sus deudas, ocupa desde hace un tiempo un lugar particular.
La expansión de las opciones de financiamiento permitió sostener parte del consumo cuando los ingresos quedaron por debajo del aumento de los precios, pero esa herramienta también perdió capacidad de respuesta a medida que crecieron los saldos de deuda y la mora de los hogares, para quienes el crédito dejó de ser una herramienta para adelantar una compra y pasó a ser un recurso para cubrir gastos corrientes.
Uno de los casos más sensibles de ese problema es el de los alimentos. Un informe del Instituto Periferias sobre endeudamiento mostró que el 59,8% de las personas consultadas tuvo que pedir plata prestada o endeudarse para comprar comida, un dato que encuentra respaldo en varios informes de ese tipo difundidos recientemente.
El fenómeno también apareció en otros relevamientos, aunque sobre universos diferentes. Una encuesta realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) entre trabajadores estatales de todo el país mostró que el 87% tenía deudas vigentes y que el 60% recurría al endeudamiento específicamente para comprar alimentos. El estudio también registró que más de la mitad de los consultados tenía un segundo empleo, otro indicador de las estrategias utilizadas para compensar la insuficiencia de los ingresos.
El segundo trabajo de Periferias, think tank ligado a movimientos sociales, parte de esa situación y agrega una dimensión poco atendida hasta ahora: qué ocurre con el costo de los alimentos cuando la compra debe financiarse. La respuesta es que el precio que enfrenta el consumidor puede quedar muy por encima del valor que figura en la góndola, porque al precio del producto se suma el costo financiero asociado a la forma de pago.
El planteo no propone un nuevo índice oficial de inflación. El concepto que usa, de “inflación para endeudados”, busca describir, precisamente, esa diferencia entre el precio del alimento y el desembolso final de quien necesita recurrir al crédito para comprarlo.
El trabajo sostiene que, para ese consumidor, la evolución del precio de los alimentos no puede analizarse únicamente a partir del valor de contado.
El informe de base, “Vivir endeudados en un contexto de caída de ingresos”, fue elaborado a partir de una encuesta estructurada realizada en agosto de 2026. El relevamiento alcanzó a 4762 personas de 18 años o más que viven en barrios populares de todo el país, con casos recogidos en puntos de alta afluencia como centros comunitarios, paradas de transporte, plazas y ejes comerciales locales.
La misma canasta, distintos precios
El ejemplo central del informe toma una canasta básica alimentaria por adulto equivalente de $ 229.131. A partir de ese valor, el Instituto Periferias calculó cuánto terminaría pagando un consumidor si financiara la compra en una billetera, según distintas tasas de referencia.
Con una CFTEA de 76,36%, el monto final alcanzaría los $ 307.455 en 12 cuotas, un incremento de 34,2% respecto del valor de contado.
Con una CFTEA de 124,15%, el mismo cálculo llevaría el costo total a $ 345.394, un 50,8% más que la compra sin financiamiento.
Pero la diferencia se amplía de manera considerable en el escenario de mayor tasa utilizado por el informe. Con una CFTEA de 956,54%, costo posible documentado en informes oficiales y privados, la canasta llegaría a $ 659.317 en 12 cuotas. En ese caso, el consumidor terminaría pagando 187,7% más por los mismos alimentos.
El propio informe aclara que se trata de una simulación ilustrativa, con cuotas mensuales constantes y primer vencimiento al mes. También advierte que las condiciones y los plazos disponibles dependen de la oferta que reciba cada cliente.
La diferencia también puede observarse producto por producto. Para los ocho alimentos utilizados como referencia, el trabajo calculó un precio de contado y otro bajo el escenario de mayor tasa. Un kilo de pan, por ejemplo, pasó de $ 4732 a $ 13.615; el litro de leche, de $ 1999 a $ 5751; un kilo de arroz, de $ 1839 a $ 5291, y un kilo de pollo, de $ 4806 a $ 13.827.
En el caso de la canasta completa, el cálculo llevó el valor de $ 229.131 a $ 659.317. El informe presenta así la diferencia: por los mismos ocho alimentos, el consumidor que financia la compra puede terminar pagando hasta un 187,7% más que quien puede abonarla al contado.
Claro que, en general, la compra a crédito implica siempre un costo adicional contra el pago al contado. Sin embargo, lo que es previsible y socialmente aceptado para la adqusición de bienes durables, toma otro color cuando se trata de comprar alimentos en cuotas, sobre todo en un contexto donde las tasas estan por encima de la inflación, y ambas cosas (desinflación y tasas positivas) conspiran contra la licuación de la deuda.
La mora volvió a poner el crédito bajo la lupa
El planteo aparece además cuando el endeudamiento familiar ya se convirtió en uno de los principales focos de atención del mercado financiero.
Los cálculos de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores del BCRA mostraron que la mora de las familias pasó de 12,77% en junio a 12,94% en julio. La irregularidad había sido de apenas 2,5% en octubre de 2024.
La misma base mostró que las refinanciaciones de las entidades financieras al sector privado continuaron en niveles elevados. En el caso de las familias, el saldo refinanciado representó 3,7% del total de financiaciones, mientras que el monto de deuda refinanciada por los hogares alcanzó los $ 2,6 billones.
El problema también se observó fuera de los bancos. Según los datos de la CENDEU procesados por 1816, 5,9 millones de individuos estaban en mora considerando los créditos familiares con entidades financieras y no financieras. Sobre un universo de 20,8 millones de personas con deuda, eso equivalió a alrededor del 28%.
Otros relevamientos llegaron a conclusiones similares. El Monitor mensual de crédito a las familias de la Universidad Austral y EcoGo calculó que la mora total pasó de 3,6% en diciembre de 2024 a 17,5% en junio de 2026. En ese último mes, 5,3 millones de personas registraron atrasos superiores a 90 días sobre un total de 20,4 millones de individuos con algún tipo de financiamiento.
El deterioro no se explica solamente por una mayor toma de deuda. Ese mismo relevamiento indicó que dos de cada tres nuevos morosos dejaron de pagar sin haber aumentado su endeudamiento, un resultado que vinculó el fenómeno con la pérdida de capacidad de pago de los hogares.
