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La Argentina atraviesa un fenómeno inédito: el endeudamiento dejó de ser una herramienta para inversiones extraordinarias y se transformó en un mecanismo de supervivencia diaria. Tener trabajo formal ya no alcanza para evitar las deudas.
Distintos relevamientos coinciden en marcar un deterioro sostenido de la capacidad de pago de los hogares en el que la mora crece mes a mes desde hace casi dos años. En este escenario se cruzan tres estudios que, desde ángulos distintos, confirman una misma tendencia: cada vez más argentinos recurren al crédito para cubrir necesidades básicas, y cada vez menos logran pagarlo a tiempo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una encuesta nacional que expuso la paradoja central de este momento económico. El 92% de los encuestados tiene empleo registrado, pero el 87% arrastra deudas vigentes.
El dato rompe con la idea de que la informalidad laboral es la única puerta de entrada al sobreendeudamiento: incluso quienes cuentan con un trabajo estable recurren sistemáticamente al crédito. El 60% dijo endeudarse específicamente para comprar alimentos, mientras que un 28% lo hace para adquirir medicamentos y un 16% para afrontar el alquiler.
El informe de ATE también reveló una estrategia de supervivencia que se extiende más allá del crédito: más de la mitad de los trabajadores tiene un segundo empleo. El 55% combina distintas fuentes de ingreso y el 57% amplió sus horas laborales en el último tiempo, en un intento por sostener el poder adquisitivo.
Entre quienes ya tienen deudas, el 63% toma nuevos créditos para pagar la tarjeta y el 45% para cancelar obligaciones previas, un círculo que retroalimenta el endeudamiento en lugar de resolverlo.
En paralelo, el Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) junto a la Fundación Ebert aportó una mirada generacional sobre el problema. La tasa de mora general trepó al 16,82% en mayo de 2026, según datos de la Central de Deudores del Banco Central.
Pero el promedio nacional esconde diferencias severas: mientras la banca pública y las compañías financieras muestran los niveles más bajos de incumplimiento, otros segmentos del sistema atraviesan una situación crítica.
Los proveedores no financieros de crédito son el punto más vulnerable de todo el mapa. La mora entre los PNFC alcanza el 42,59%, muy por encima de las tarjetas no bancarias (32,23%) y de los neobancos (22,85%). Los bancos privados, en tanto, se ubican apenas por encima del promedio nacional, con un 17,97%.
Esta brecha confirma que el deterioro se concentra fuera del sistema bancario tradicional, en canales de financiamiento con menor regulación y mayor costo financiero.
El dato más alarmante del Mapa de la Deuda es el que involucra a los menores de 35 años. La morosidad juvenil supera el 25% y llega en algunos casos al 45%. Casi el 90% de los jóvenes en mora tiene la totalidad de su deuda impaga, lo que habla de una situación sin margen de maniobra.
El informe vincula este fenómeno con la informalidad laboral juvenil, que empuja a este grupo hacia neobancos y plataformas digitales con costos financieros que, tras la desregulación de tasas de 2024, llegaron a superar en 100 puntos porcentuales a los del sistema tradicional.
El tercer gran estudio, el Monitor mensual de crédito a las familias de la Universidad Austral y la consultora EcoGo, dimensiona el fenómeno en términos de velocidad. La mora total se multiplicó por 4,9 en apenas dieciocho meses. Pasó del 3,6% en diciembre de 2024 al 12,6% un año después y al 17,5% en junio pasado, acumulando 20 meses consecutivos de deterioro. De los 20,4 millones de personas con algún tipo de financiamiento, 5,3 millones —el 26,1%— ya registran atrasos superiores a los noventa días.
El propio informe advierte que el problema no se explica solo por un endeudamiento excesivo. Dos de cada tres nuevos morosos dejaron de pagar sin deber más que antes, lo que indica una pérdida real de capacidad de pago más que un exceso de toma de crédito.
El golpe se siente directamente en los bolsillos: las cuotas con entidades financieras ya consumen el 24% de la masa salarial y, sumados los gastos fijos, una familia promedio compromete casi el 50% de sus ingresos.
La mirada del Gobierno
Frente a este panorama, el Gobierno buscó despegarse de la crisis crediticia y delimitar su responsabilidad en el fenómeno, en particular a través de las palabras del propio Javier Milei, quien calificó la refinanciación como “un problema entre privados”, en una entrevista brindada a LN+.
El Presidente fue más allá y enmarcó el fenómeno dentro de una lectura política: atribuyó el deterioro crediticio a las consecuencias de los cuestionamientos del kirchnerismo hacia su gestión económica, presentándolo como un costo colateral de esa disputa más que como un problema estructural del esquema de tasas o del modelo económico vigente.
En la misma línea, apuntó directamente a la responsabilidad individual de quienes tomaron deuda. Milei sugirió que nadie fue obligado a endeudarse, al preguntarle a su entrevistador si alguien lo había forzado a tomar crédito bajo amenaza.
Con ese planteo, el jefe de Estado buscó despegar al Gobierno de cualquier rol activo en el fenómeno, ubicando la decisión de endeudarse como una elección exclusivamente privada, ajena a las condiciones macroeconómicas —como el salto en las tasas de interés tras las elecciones de 2025— que los propios informes técnicos señalan como uno de los principales disparadores del deterioro.
Sin embargo, un informe de la Consultora 1816 introdujo un matiz al diagnóstico oficial que podría ser utilizado para reforzar esa lectura despreocupada del fenómeno. La mora del sector privado no financiero bajó levemente de 7,7% a 7,6% entre mayo y junio, cortando por primera vez una tendencia alcista que se había sostenido mes a mes desde octubre de 2024.
Se trata, no obstante, de un dato acotado a un segmento específico del crédito y de una sola medición mensual, que convive con el resto de los indicadores —la mora joven por encima del 40% en algunos segmentos, la multiplicación por cinco de la morosidad total en año y medio, y el compromiso de casi la mitad del ingreso familiar en el pago de deudas y gastos fijos— que muestran un deterioro estructural todavía sin señales claras de reversión.
