El Gobierno nacional profundiza su intervención en las negociaciones paritarias y se prepara para llevar esa política un paso más allá: ya no solo presiona para que los aumentos salariales no superen la inflación, sino que además evalúa no homologar aquellas cláusulas de los convenios que consideran un costo adicional para las empresas. El caso que concentra la atención es el último acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el gremio más grande del país, que conduce Armando Cavalieri. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, estudia una homologación parcial del convenio, lo que abriría un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el movimiento sindical. El acuerdo en cuestión fue rubricado a finales de marzo por la FAECYS junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), y cubre el trimestre abril-junio de 2026. El entendimiento establece una suba salarial del 5% distribuida en tres tramos —2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio— y el pago de un bono extraordinario de $120.000 para trabajadores de todas las categorías. Al momento de su firma, el convenio fue presentado como un acuerdo alineado con la pauta oficial, sin cláusula gatillo y con un compromiso de monitoreo de la evolución de los precios. Sin embargo, dos puntos del convenio generaron reparos en el Gobierno. El primero es la suba de la cuota solidaria sindical del 2% al 2,5%, un incremento que, según la postura oficial, excede el tope establecido por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El segundo, y el que mayor preocupación despierta en la Casa Rosada, es el aumento de la contribución empresarial a OSECAC, la obra social del sector: el aporte mensual por trabajador pasaría de $8.000 a $28.000, una multiplicación que el Ejecutivo considera desmesurada. Con un padrón de 1,2 millones de empleados registrados, el sindicato percibiría mensualmente alrededor de $33.600 millones solo en concepto de ese aporte. Desde el Gobierno sostienen que esos ítems constituyen beneficios que se introducen en el convenio sin afectar directamente el bolsillo de los trabajadores, pero sí incrementan los costos laborales de las empresas y el financiamiento de las estructuras sindicales. Esa distinción —entre lo que va al salario de bolsillo y lo que engrosa fondos sindicales o de obras sociales— es la que el Ejecutivo pretende instalar como criterio rector para decidir qué homologa y qué no. La estrategia oficial, en ese sentido, apunta a un doble objetivo: contener la inercia inflacionaria que podría generar una espiral salarial y, al mismo tiempo, poner límites al poder de negociación de los sindicatos en las mesas paritarias. El precedente más reciente de esta política es el acuerdo del Sindicato de Camioneros, donde la Secretaría de Trabajo validó los aumentos salariales pactados pero dejó fuera los aportes a la obra social y otros adicionales. Ese antecedente encendió las alarmas en el mundo gremial, que advierte que se trata de una intervención sistemática sobre el contenido de los convenios colectivos, más allá del tradicional control sobre los porcentajes de incremento. En el caso particular de Comercio, el riesgo tiene otra dimensión: la homologación es clave en un sector con una proporción significativa de pequeñas y medianas empresas que, sin ese trámite administrativo, aseguran no tener obligación legal de aplicar lo acordado, aunque desde el sindicato sostienen lo contrario apoyándose en el artículo 14 del entendimiento. “Para el caso de estar pendiente la homologación de este acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas devengadas con la mención ‘Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2026’, ‘Anticipo Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026’, ‘Anticipo No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026’ los que quedarán reemplazados y compensados por los rubros correspondientes una vez homologado el acuerdo”, dice el texto en cuestión.