Inflación e impuestos, los enemigos de las inversiones

Si se necesitan dos cosas que son imprescindibles asegurar para promover las inversiones, son la estabilidad fiscal y los bajos índices de inflación de precios. La necesidad es tanto para las inversiones locales como para las extranjeras, de mediano y largo plazo. Los únicos capitales que pueden moverse en corto tiempo, con ambientes inestables, son los financieros que aprovechan obteniendo mayores rendimientos por entrar y salir rápido del mercado.

Muchas leyes impositivas en sus letras aseguraban la estabilidad fiscal, un ejemplo de eso fue la ley de promoción de la economía del conocimiento, pero ni bien salió a fines del 2019 no lo pudo lograr, debido a que durante el año pasado tuvo importantes modificaciones impositivas y demoró casi un año en reglamentarse. 

En los últimos cinco años hubo dos reformas tributarias, que fueron en uno y en otro sentido. Bienes Personales pasó de desaparecer en el 2019, modificándose varias veces y al que se le sumó otro impuesto patrimonial similar (aporte solidario) que grava los activos de las personas humanas. A las empresas se le iba a reducir la tasa de Ganancias, pero esto finalmente no sucedió. Los pactos fiscales que se habían comprometido a reducir los impuestos provinciales, no cumplieron porque tomaron la dirección contraria. El Impuesto al Cheque que tenía previsto poder computarse íntegramente como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, quedó como estaba, limitando ese beneficio para las Micro, Pequeñas empresas y en un porcentaje menor para las medianas industriales (tramo I); se lo terminó naturalizando. El retiro de las utilidades de las empresas tuvo cuatro cambios en pocos años, no pudiendo asegurar al que invierte cómo se podrá llevar los dividendos. Los empleadores también tuvieron modificaciones, yendo para uno y otro lado, en las contribuciones patronales que tienen que pagar. Y por último la inflación, que sigue sin poder reconocerse plenamente a la hora de liquidar y pagar los impuestos en Argentina.

Algunos ejemplos de inestabilidad fiscal:

1. Bienes Personales:

La ley se modificó en el año 2008, elevándose el mínimo exento de $102.300 a $ 305.000.

Un cambio importante registrado en ese momento fue que anteriormente, si se superaba el mínimo de $ 102.300 únicamente se pagaba impuesto sobre el importe excedente. A partir del 2008 se dispuso que si se superaba la suma de $ 305.000, había que pagar por la totalidad de los activos.

Luego, la ley de blanqueo (27.260) volvió a crear la figura del mínimo no imponible, con los siguientes valores $ 800.000 para el 2017; $ 950.000 para el 2018 y de $ 1.050.000 para el 2019, que finalmente no llegó a regir. A partir de esos escalones debía abonarse las siguientes alícuotas del tributo: 0,75% para el 2017; 0,50% para el 2018 y del 0,25% que iba a ser para el 2019, pero no se cumplió.

El proyecto original del blanqueo, enviado por el Ejecutivo, proponía su eliminación para el año 2019, pero esa propuesta no prosperó en el tránsito que tuvo por el Congreso.

También, para el período que abarca los años 2016 al 2018, se eximió del pago del impuesto a los contribuyentes que se registraron ante la AFIP como cumplidores, como reconocimiento a los que estaban al día y no utilizaron la figura, controvertida, del sinceramiento fiscal.

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Una nueva reforma realizada por la ley 27.541, crearon, desde el año 2019, alícuotas progresivas, que además se incrementaban para los bienes ubicados en el exterior; dándose la opción de repatriación del 5% para poder aplicar las tasas nacionales.

También se subió el mínimo a dos millones de pesos y se eximió la hasta el importe del $ 18.000.000 la vivienda, debiendo pagarse por el excedente si se superaba ese importe. Pero estos valores no se actualizaron, distorsionándose de esta forma la liquidación del impuesto.

Ahora existe un nuevo proyecto en el Congreso para gravar a ciertas inversiones financieras que están exentas, en la medida que no se mantengan por 274 días en el año o hasta el mes de mayo del año siguiente al de la liquidación. 

Por si todo estos cambios fueran pocos, por la pandemia se creó el llamado aporte solidario; sin embargo, un 25% de lo recaudado va a ir a YPF, destino lejano al motivo de su creación.

2. Dividendos

En el año 2013, con el argumento de compensar la suba que se hizo en las deducciones personales de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, por medio de la ley 26.893 se dispuso gravar la distribución de dividendos con la tasa del 10%, bajo el título de "renta financiera".

La vigencia de esta medida comenzó con las distribuciones que las asambleas aprobaron, de puesta a disposición, a partir del 23 de septiembre de ese año. Pero, como en impuestos nunca nada es definitivo, posteriormente la ley de blanqueo (27.260), en sentido contrario, exceptuó del tributo a los dividendos en el Impuesto a las Ganancias, a partir del 23 de julio de 2016.

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Sin embargo, dos años después, en la última reforma (ley 27.430), se vuelven a gravar los dividendos que las empresas distribuyen al 7%, por las ganancias correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, y al 13% para los iniciados a partir del 2020, cuestión que quedó sin efecto por una nueva modificación del gobierno actual. En definitiva, quedaron alcanzados al 7%.

3. Impuesto al Cheque

Nació en 2001, en otras de las crisis económicas que vivió el país. Iba a ser transitorio, pero disimuladamente se quedó entre nosotros y en la actualidad es el tercer impuesto en importancia que le aporta recursos al país, luego del IVA y del Impuesto a las Ganancias. 

No tiene sustento teórico de impuesto, ya que no integra la trilogía que grava el patrimonio, ni los que alcanzan la renta y tampoco al consumo. Fue ideado como un indicador que funciona como anticipo que cobra el Estado a cuenta de los otros impuestos que sí poseen jerarquía técnica. Sin embargo, en los 20 años de trayectoria, nunca se pudo descontar plenamente de los tributos y hoy está naturalizado.

El gobierno anterior intentó permitir que todos los contribuyentes lo computen como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias plenamente para el 2022, cosa que por la necesidad de fondos, finalmente no ocurrió. Actualmente las Micro y Pequeñas empresas pueden computar el 100% como pago a cuenta de Ganancias y las medianas industriales (tramo I) el 60%. Los demás contribuyentes, incluso los empleados en relación de dependencia, descuentan el 33% de todos los movimientos (depósitos y retiros) como pago a cuenta de Ganancias.

4. Impuestos provinciales

A través de la ley de pacto fiscal (27.429), la idea en el 2018 fue reducir la carga tributaria de las empresas: Ingresos Brutos y Sellos fueron las figuritas que cambiaron los gobernadores comprometiéndose a bajarlos durante el plazo de cinco años.

La adenda al consenso fiscal 2019, colocó un freno en las rebajas tributarias provinciales Posteriormente, salió la ley del Consenso Fiscal para el 2020 en donde, entre otras cosas, las provincias suspenden la reducción de los tributos locales.

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Un acuerdo fiscal que se firma entre las provincias y el Estado Nacional fija las reglas de juego, por ese motivo tendría que ser permanente; en Argentina los tres últimos consensos siguieron diferentes caminos, condicionados por la escasez de los recursos fiscales y sin pensar que de esta forma se afectaba una vez más a la inversión.

5. Impuesto a las Ganancias

La ley 27.430 del gobierno anterior, determinó la reducción de la tasa que pagan del Impuesto a las Ganancias del 35%, se iba a reducir al 30% para los años 2018 y 2019. Para los ejercicios iniciados a partir del 2020 iba a aplicarse la alícuota del 25%.

La distribución de dividendos, por las ganancias obtenidas desde el 1 de enero de 2018, tiene que pagar las siguientes tasas: 7% por los primeros dos años y 13% para las distribuciones del año 2020, en adelante.

Sin embargo, la reforma tributaria del gobierno actual de finales del 2019, suspendió la reducción manteniéndose la alícuota en el 30% para el 2020 y ahora también para este año.

6. Reducción de Cargas sociales

Desde febrero de 2018, por cada trabajador se puede descontar un mínimo no imponible de $ 2400, recién a partir del cual se aplican los porcentajes de las contribuciones patronales. Este valor se fue incrementando un 20% por año, hasta llegar a $ 12.000 en el año 2022. Además, esas cuotas se actualizaban anualmente por la variación del IPC, llegando este año a descontarse $ 7.003,68 por cada empleado.

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Algunas empresas, cuyas actividades entraron dentro de la crisis, tuvieron la posibilidad de deducir por cada trabajador el total del beneficio que llega a $ 17.509,20.

Este importe dejó de actualizarse luego de la reforma del gobierno actual.

La reforma anterior hacía caducar gradualmente la opción de computar un porcentaje de las contribuciones patronales abonadas como crédito fiscal de IVA, cuestión que fue revivida por este gobierno en la última reforma. En cuanto a los porcentajes de contribuciones patronales, por un lado se dejó sin efecto la unificación de alícuotas prevista por la reforma anterior, que iba camino al 19,50%. Se regresó al sistema anterior, con el 20,40% para los sectores de servicios y comercio, cuando las ventas totales anuales superen los valores de facturación establecidos para las Pymes (según la resolución 220/19 del Ministerio de Producción, antes el límite era de 48 millones de pesos).

Para las que están por debajo de esos ingresos y para las otras actividades la contribución patronal de seguridad social que rige es del 18%.

7. Inflación no reconocida

La falta de reconocimiento o el ajuste parcial provoca que los contribuyentes paguen impuestos que no deberían haber pagado. Esto también afecta a las inversiones, porque el porcentaje de utilidad que se pretende obtener estará afectado por una mayor carga fiscal.

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La ley de convertibilidad (23.928) que todavía sigue vigente no permite aplicar la actualización de los mínimos y las deducciones impositivas.

Parcialmente, se fueron autorizando ajustes, como el ajuste impositivo por inflación (que es parcial y limitado) y los resultados de las inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura que se permite ajustar en la medida que se hayan incorporado desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018 en adelante. Hubo una opción de actualización temporal dada por un revalúo que se pudo hacer durante un año, pero teniendo que afrontar un costo fiscal. Algo así como si para poder acceder a un derecho debía que pagarse un impuesto.

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