La historia del impacto impositivo de la distribución de dividendos que llega hasta los ATP

El acta 963/20, por los programas de ayuda del Estado, puso el impedimento de distribuir utilidades, por los ejercicios cerrados a partir del mes de noviembre de 2019

Uno de los requisitos puesto por el Estado a la hora de aprobar los programas ATP, para la ayuda en el pago de sueldos, fue la imposibilidad de distribuir utilidades por los ejercicios fiscales cerrados a partir del de noviembre de 2019. Queda por ver si esta limitación alcanza también a las utilidades que la ley del tributo (20.628) presume que las empresas otorgan a sus integrantes, que pueden no encontrarse incluidas en la aprobación anual que hace formalmente la asamblea. Como medida de último momento se resolvió que para este año la alícuota del Impuesto a las Ganancias de las empresas continuará con el 30%, igual que fue para el 2020, el gobierno decidió no reducir la tasa al 25% como estaba previsto por la reforma del gobierno anterior. De esta manera, los dividendos que se distribuyan por las utilidades generadas en el año 2021, los accionistas y socios tendrán que pagar el 7%.

El acta 963/20, por los programas de ayuda del Estado (ATP para el pago de sueldos), puso el impedimento de distribuir utilidades, por los ejercicios cerrados a partir del mes de noviembre de 2019. Por los subsidios del mes de abril las condiciones especiales eran de cumplimiento -exclusivamente- para los empleadores que, al mes de febrero de 2020, contaban con una nómina de más de 800 trabajadores, debiéndose cumplir las condiciones durante el ejercicio en el que fue solicitado el beneficio y los doce meses siguientes. Por los subsidios del mes de mayo se producen dos situaciones:

1) Los empleadores con más de 800 trabajadores, el cumplimiento de las condiciones se extiende a los 24 meses siguientes a la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el beneficio. 2) Para el resto de los empleadores, es decir, los que contaban hasta 800 trabajadores al mes de febrero de 2020, las condiciones deben cumplirse durante el ejercicio económico en el que fue otorgado el beneficio y por los doce meses siguientes.

El tratamiento de los dividendos en los últimos años

En los últimos años, el tratamiento impositivo de la distribución de dividendos se modificó en cuatro oportunidades. Si las inversiones requieren de cierta estabilidad fiscal, entonces podríamos concluir que el país no la ofreció para tentar a los capitales, locales y extranjeros, que evalúan realizarlas. El inversor, local o extranjero que coloca dinero quiere saber cómo lo retirará y cuál será el costo fiscal.

En el año 2013, con el argumento de compensar la suba que se hizo en las deducciones personales de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, por medio de la ley 26.893 se dispuso gravar la distribución de dividendos con la tasa del 10%, bajo el título de "renta financiera". La vigencia de esta medida comenzó con las distribuciones que las asambleas aprobaron, de puesta a disposición, a partir del 23 de septiembre de ese año. Pero, como en impuestos nunca nada es definitivo, posteriormente la ley de blanqueo (27.260), en sentido contrario, exceptuó del tributo a los dividendos en el Impuesto a las Ganancias, a partir del 23 de julio de 2016. Sin embargo, dos años después, en la última reforma (ley 27.430), se vuelven a gravar los dividendos que las empresas distribuyen al 7%, por las ganancias correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, y al 13% para los iniciados a partir del 2020, cuestión que quedó sin efecto por una nueva modificación del gobierno actual. La medida del gobierno de Macri se tomó para "castigar" a las empresas que no reinvierten sus utilidades, y por ese motivo pierden la reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias, al 30% para los dos primeros años, y del 25% para lo que iba a ser de los tres siguientes y que hasta ahora no fue. Lógicamente, si la sociedad distribuye dividendos por utilidades que se generaron cuando tributaba por la tasa del 35%, los accionistas no tendrán que abonar el impuesto extra. Incluso para los casos en que se distribuyan dividendos acumulados se consideran agotándose los de los primeros años anteriores.

Por otro lado, desde hace tiempo la ley de Ganancias prevé una retención del 35%, que se aplica sobre la diferencia entre las utilidades contables y las impositivas que distribuyen las empresas, cuestión que se eliminó para las utilidades que se generen a partir del año 2018. Las sociedades anónimas simplificadas (SAS), nuevo modelo 2018, incluidas las que pertenecen a un único titular, sufren por el mismo tema ya que a las mismas se las consideran sociedades de capital, debiendo pagar la tasa del 35%, en la medida que distribuyan utilidades; situación que difiere del tratamiento tributario que tienen las empresas unipersonales (no SAS) que pagan la alícuota progresiva del impuesto.

Situaciones que se considerarán también distribución de dividendos

Adicionalmente a lo que apruebe formalmente la asamblea de accionistas, la ley de Ganancias presume que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos o utilidades, incidiendo en el impuesto que deberá abonarse, cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones:

a) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de las sociedades realicen retiros de fondos por cualquier causa, por el importe de tales retiros. Dentro de este punto estarían los saldos de los socios que figuren en la contabilidad de la empresa

b) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de las empresas tengan el uso o goce, por cualquier título, de bienes del activo de la entidad, fondo o fideicomiso. En este caso se presumirá, admitiendo prueba en contrario, que el valor de los dividendos o utilidades puestos a disposición es el 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y del 20% anual del valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes. Si se realizaran pagos en el mismo período fiscal por el uso o goce de dichos bienes, los importes pagados podrán ser descontados a los efectos del cálculo del dividendo o utilidad. Por ejemplo, si un accionista utiliza para vivir un inmueble que pertenece a la empresa. 

c) Cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso, esté afectado a la garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de las firmas y se ejecute dicha garantía. De verificarse esta situación, el dividendo o utilidad se calculará respecto del valor corriente en plaza de los bienes ejecutados, hasta el límite del importe garantizado. Sería el caso en que un bien de la empresa se coloque como garantía de una deuda personal del socio. 

d) Cualquier bien que las sociedades vendan o compren a sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios, por debajo o por encima, según corresponda, del valor de plaza. En tal caso, el dividendo o utilidad se calculará por la diferencia entre el valor declarado y dicho valor de plaza. Un ejemplo podría ser que la sociedad le venda un automóvil al accionista a un valor menor del de mercado

e) Cualquier gasto que las empresas realicen a favor de sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios, que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, por el importe de tales erogaciones, excepto que los importes fueran reintegrados. Ejemplo: gastos realizados por consumos personales de los socios con dinero de la sociedad

f) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de las sociedades perciban sueldos, honorarios u otras remuneraciones, en tanto no pueda probarse la efectiva prestación del servicio o que la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de los servicios prestados o no superior a la que se pagaría a terceros por servicios similares.

Asimismo, se considerará que existe la puesta a disposición de dividendos o utilidades asimilables cuando se verifiquen los supuestos antes mencionados respecto del cónyuge o conviviente de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de las sociedades o sus ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad.

La duda que queda ahora es si estas presunciones, que están incluidas en la ley, podrían influir en contra de los programas de ayuda salarial (ATP) que entregó el Estado por la pandemia.

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