OPINIÓN

Estafas piramidales: el rol del Estado, el rol del mercado y la educación financiera

En el caso de Zoe Cash, miles de personas empezaron a invertir su dinero sin conocer cuáles eran los riesgos reales ni saber si lo iban a recuperar.

Gracias a la pandemia, se agilizó el uso de monedas y billeteras virtuales. Pero con estas, se multiplicaron las estafas y fraudes virtuales, que ya no se limitan a las falsificaciones y robos de datos, sino que ahora también incluyen las estafas piramidales.

En el último tiempo, se hizo conocido el caso de Zoe Cash. Miles de personas empezaron a invertir su dinero sin conocer cuáles eran los riesgos reales ni saber si lo iban a recuperar. El punto fue que, al hacerse viral la estafa, los rendimientos comenzaron a caer y los pagos a dilatarse, esto generó incertidumbre y la gente dejó de invertir dinero. Como toda estafa piramidal, cuando los ingresos se detienen, los pagos también se detienen.

Zoe Cash era presentada como una moneda virtual y un instrumento de inversión, que prometía altos rendimientos mensuales en dólares. En su web se puede leer: "Podes manejar tu propia billetera virtual de manera sencilla la cual generará un beneficio asegurado de 7,5% al 10% mensual en dólares y/ o entre un 90% y 120% anual".

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En primer lugar, el "beneficio asegurado" en inversiones financieras no existe, y esto implica una publicidad engañosa por parte de la empresa. En segundo lugar, detrás del complicado esquema de inversiones de la empresa; que se ramifica en distintos sectores que van desde el fútbol, la construcción, el coaching empresarial y hasta la gastronomía; se esconde un esquema ponzi, esto quiere decir que se paga a los viejos inversores con el capital que aportan los inversores que ingresan, no hay rentabilidad alguna.

Lamentablemente, el caso de Zoe no es aislado. Hace varios meses se comenzaron a detectar ciertas irregularidades en torno a este tipo de estafas que encendieron las alarmas en organismos y de los propios usuarios de diferentes redes sociales e inversores.

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores ya había publicado una resolución en octubre de 2021 donde llama al "cese inmediato de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública".

A su vez, el Banco Central de la República Argentina publicó una serie de puntos a tener en cuenta al invertir en este tipo de activos:

  • No son dinero de curso legal actualmente.
  • Son activos de gran volatilidad.
  • Por tratarse de ciberactivos, se enfrentan a posibles ciberataques o fallas de sistema.
  • No poseen ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión.
  • Podría existir información incompleta o falta de transparencia por parte de las plataformas, y los usuarios podrían estar exponiendo sus datos personales más allá de su intención.
  • Dado su alcance global, existen "riesgos asociados al incumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y respecto de la normativa cambiaria vigente". Por este mismo motivo, un eventual conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades del país

Una solución: la educación financiera

Ante los riesgos y fraudes presentados, es importante hacer hincapié en tres pilares para cuidar a los usuarios y trabajar en pos de un sistema claro y transparente. El rol del Estado en la regulación, el rol de las empresas en la transparencia, y finalmente la importancia de la educación financiera para prevenir estos fraudes.

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Por parte del Estado, es importante su rol en regulación de estos negocios, que tenga la capacidad de intervenir, prevenir y detectar posibles estafas piramidales y/o que involucren criptoactivos. Actuar como supervisor en estos casos, traería una reducción de las estafas y una mayor posibilidad de reintegros por parte de las empresas a los y las damnificadas.

Por su parte, que las empresas y plataformas que promocionen y vendan servicios de inversión financiera y criptoactivos, deban demostrar de forma clara su idoneidad, la cual a su vez se encontrará respaldada en los mencionados registros de la Comisión Nacional de Valores. Así mismo, deberán garantizar la misma claridad e información transparente sobre su idoneidad los individuos agentes de asesoramiento al público inversor.

Por último y fundamental, facilitar la inclusión financiera en la sociedad, poner a disposición herramientas para la capacitación sobre los riesgos de las inversiones financieras, entendiendo que la desinformación promueve este tipo de estafas.

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Es necesario implementar un fuerte programa de difusión que proponga la capacitación de todos los sujetos interesados en sumergirse en las inversiones mencionadas, a fin de facilitar el acceso a plataformas reales, transmitir nociones sobre su funcionamiento, implicancias y riesgos de este tipo de inversiones, rendimientos reales de mercado y diversificación de los activos.

En conclusión, las estafas de este tipo se han multiplicado los últimos años, y si bien el caso de Zoe Cash se ha hecho viral, no es un caso aislado. El rol del Estado en la regulación, pero también la promoción de la educación financiera es fundamental para evitar que sigan ocurriendo este tipo de fraudes.

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