La arrogancia de Pedro Sánchez en el exterior, como abanderado de la izquierda global y uno de los pocos líderes europeos dispuestos a enfrentarse a Donald Trump, contrasta fuertemente con su debilidad puertas adentro. Sin mayoría parlamentaria, al presidente del Gobierno español le cuesta fijar la agenda y no logra aprobar leyes mientras los escándalos de corrupción lo cercan.
Su apuesta por elecciones anticipadas en noviembre es un último intento de rescatar su mandato convirtiendo la crisis de la vivienda en España en un garrote contra la oposición de derecha.
El enojo por la suba de los alquileres y del precio de las viviendas no es nada nuevo en España, pero Sánchez intenta aprovechar una nueva ola de indignación tras el desalojo, el mes pasado, de una mujer de 87 años de su departamento en Madrid.
El viernes, los partidos de centroderecha bloquearon su intento de responder con un paquete de reformas en materia de vivienda, pero Sánchez buscó convertir la derrota parlamentaria en una ventaja. Hábil estratega, aprovechó el momento y convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, presentándose como el paladín de la reforma económica progresista frente a una oposición conservadora y de extrema derecha retrógrada.
Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirmó: “Sánchez va a intentar generar una confrontación que enfrente a los representantes del pueblo con los representantes de los ricos. Por eso convoca elecciones ahora... Es izquierda contra derecha en estado puro”.
Al mismo tiempo, sus adversarios buscan canalizar el rechazo público ante una maraña de causas de corrupción contra personas cercanas al presidente del Gobierno, entre ellas su esposa, Begoña Gómez, que irá a juicio por malversación de fondos públicos y por aprovecharse de su relación con él. Ella niega haber cometido irregularidades.
Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP), que encabeza las encuestas, dijo que el intento de reelección de Sánchez estaba “motivado por el miedo a que salga a la luz hasta el último detalle de lo que queda por descubrir en la trama de casos de corrupción”. Santiago Abascal, líder del partido populista de derecha Vox, que podría sumarse al PP en una coalición, acusó a Sánchez de encabezar un “gobierno mafioso”.
Los adversarios de Sánchez también argumentarán que, tras ocho años en el poder, no puede eludir la responsabilidad por los problemas sin resolver. Su desafío es lograr que los votantes, en especial los de izquierda desencantados, recuerden el reciente voto de la derecha contra su proyecto de ley de vivienda, y no su propio y largo historial de debilidad legislativa.
Sánchez no logra aprobar un presupuesto desde fines de 2022, cerca del final de su primer mandato completo. Aunque el parlamento aprobó algunos proyectos de ley desde entonces, la única legislación de peso de su segundo mandato completo fue una polémica amnistía para los separatistas catalanes rebeldes. Ese fue el precio que Sánchez tuvo que pagar para recuperar el cargo tras las elecciones de 2023, como parte de un acuerdo en el que un partido separatista de centroderecha le dio los votos para alcanzar una mayoría efímera, pese a que sus socialistas habían quedado segundos detrás del PP.
“Logró esquivar la bala de la derrota en las elecciones generales por un margen muy estrecho, con un parlamento muy fragmentado y sin una mayoría de izquierda”, señaló Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. “No pudo aprobar reformas ni fijar la agenda. La agenda se la fijaron otros: sus socios de coalición o crisis episódicas”.
La deriva interna de Sánchez quedó en parte opacada por su reputación en el escenario internacional, donde se presentó como el némesis europeo de Trump en materia de gasto en defensa, las guerras en Irán y Gaza y el impacto nocivo de las redes sociales.
Pero las sucesivas crisis se interpusieron.
La más dañina para su imagen fue la investigación por corrupción contra su esposa, que llevó a Sánchez a tomarse cinco días en 2024 para reflexionar sobre su futuro. Desde entonces defendió a su hermano, declarado culpable de una falta administrativa, y al ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias y otros presuntos delitos. Pero tomó distancia de dos ex manos derechas, uno de los cuales fue condenado a 24 años de prisión.
Los desastres también marcaron su gestión. Cuando una devastadora inundación repentina mató a más de 230 personas en Valencia en 2024, Sánchez observó cómo un gobierno regional del PP era duramente criticado por su pésima gestión. Cuando la región de Madrid fue arrasada por los peores incendios forestales de su historia, el gobierno de Sánchez logró controlarlos y llamó a un pacto bipartidista para combatir el cambio climático, sabiendo que el PP rechazaría la propuesta y terminaría a la defensiva.
Un apagón a nivel nacional en abril de 2025 resultó vergonzoso para el gobierno y para el operador de la red eléctrica, en parte estatal, por lo que Sánchez habló lo menos posible del tema.
Una calamidad mayor fue la llegada repentina de más de 70.000 migrantes a Ceuta, un enclave español en el norte de África, a fines de julio. Con miles de migrantes todavía viviendo a la intemperie en la diminuta ciudad, Abascal, de Vox, dijo el lunes que “Ceuta sigue invadida”. El enclave había sido el tema dominante de la política española hasta el 23 de septiembre, cuando la vivienda pasó al primer plano después de que un gran propietario corporativo desalojara a una mujer de 87 años de un departamento que antes tenía alquiler regulado.
La vivienda también es un tema riesgoso para Sánchez porque pone en evidencia su propia inacción. No logró aprobar una ley de vivienda desde su reelección y las reformas que impulsó en 2023 no evitaron la crisis actual. Su postura favorable a la migración suma otra vulnerabilidad: Sánchez es uno de los pocos líderes de la UE que dan abiertamente la bienvenida a los migrantes, aun cuando su llegada aumentó la demanda de vivienda y contribuyó a una fuerte suba de los precios.
Por encima de esos riesgos se plantea una pregunta mayor, según Manuel Muñiz, rector de IE University y ex viceministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Sánchez. “¿Hasta qué punto el electorado va a responsabilizarlo directamente a él y al Partido Socialista por la ineficacia de [los últimos tres años] en términos presupuestarios y legislativos, o hasta qué punto va a coincidir en que necesitan una mayoría más amplia para implementar la agenda que no se les permitió implementar?”.
