El riesgo país subió este viernes 119 puntos hasta los 1.050 puntos básicos, el nivel más alto en los últimos 13 meses. Para el Gobierno hay una sola explicación: el mercado teme que Javier Milei no sea reelecto en 2027. Pero internamente hay cuestionamientos sobre cómo impactan en esa expectativa algunas de las propias medidas. “No hay que cometer errores”, advertía un funcionario a El Cronista este viernes.
Los bonos globales cayeron en promedio 3,5% en Wall Street durante la jornada y acumularon una baja cercana al 6% en la semana. El indicador había tocado un mínimo de 402 puntos básicos el 10 de julio, y desde entonces casi se triplicó. La suba encarece el acceso al crédito justo cuando el Tesoro necesita cubrir vencimientos por u$s 24.900 millones en 2027.
Puertas adentro, la lectura tiene matices. Por un lado, el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ubicaron el origen del problema fuera del Gobierno durante las últimas tres semanas: primero en el contexto internacional, después en el kirchnerismo y, hacia el cierre de la semana, en el precio del petróleo.
El 6 de noviembre, ante la Sociedad Rural Argentina, Caputo planteó también el factor electoral: “Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver a la tercera columna”. El miércoles, ante empresarios pyme en La Rural, descartó un salto cambiario en 2027: “Cambien el chip de pensar el año que viene, es año electoral y esto es Argentina (y el dólar va a subir). No va a pasar, hay muchos más dólares”.
Al día siguiente, el Banco Central compró apenas u$s 3 millones, la menor adquisición desde el inicio del programa de acumulación, y las reservas brutas cayeron u$s 108 millones. Este viernes, el dólar oficial abrió en un nuevo máximo nominal, llegó a $1.595 en el Banco Nación y los financieros superaron los $1.700.

El Presidente, por su parte, llevó la idea del “riesgo kuka” la idea a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP): “Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”. El miércoles, en una entrevista en A24, sumó el factor externo: “Ahora nos encontramos con el shock externo del petróleo. Es una contracción de oferta que hace saltar los precios”.
Pero en el Gobierno, sin embargo, no todos ubican el problema afuera. Uno de los temas centrales de la semana tuvo que ver con las reglas para el 2027: el oficialismo consiguió el miércoles el dictamen de la reforma electoral en el Senado, después de acordar con los bloques dialoguistas la eliminación de las listas colectoras, y el debate en el recinto está previsto para el jueves 26 de noviembre.
En Radio Mitre, Caputo dio por resuelto que “para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia” y, mientras Milei mantuvo firme su posición sobre el rumbo económico pese a los pedidos de “correcciones” que presiona la senadora Patricia Bullrich, en la política entendieron que la necesidad del Gobierno de no tener las PASO es una muestra de que, en realidad, no están tan seguros de ganar.
Los bonos reflejan esa duda: la consultora PPI estima que la probabilidad implícita de continuidad del Gobierno bajó de cerca del 90% en julio a menos del 50% a comienzos de noviembre. Algunos experimentados dentro de La Libertad Avanza ya resaltaban esta semana, mientras buscaban las firmas para el dictamen de la reforma electoral: “No ganás la elección por esto, la ganás por la economía. No es un tema de la posible corrida por las PASO, es la diaria de la gente”, le dijo un habitué de Casa Rosada a El Cronista.
Hay otros factores que, dentro de Balcarce 50, también hacen pesar a la credibilidad del Gobierno -una palabra que el presidente Milei utiliza mucho para defender la inflexibilidad del rumbo económico- y también tiene que ver con los temas que se trataron (o quisieron tratar) esta semana: la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Cronista consultó por la inquietud que despierta entre los inversores el proyecto ligado a las Islas Malvinas. No defendió la iniciativa ni descartó su impacto: “Así como cuando marcás un rumbo eso genera confianza de lo que representás, es fácil erosionar la confianza con señales equivocadas”, advirtió con cuidado una fuente del Gobierno.
Esas señales tuvieron esta semana nombre propio en el Congreso: en el temario de la sesión que se cayó en Diputados estaban dos proyectos que el Presidente eligió como bandera. Uno era la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que representa la idea de blindar la semilla del equilibrio fiscal y la no emisión a largo plazo. Volvía del Senado con un cambio central: la remoción del directorio, que en la versión de Diputados exigía dos tercios de ambas cámaras, quedaba en manos del Senado por mayoría absoluta.
El otro era la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía, que expuso el vínculo con Washington ya cuando el oficialismo aceptó entonces restringir las penalidades a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directamente vinculados con los proyectos petroleros por pedido de Estados Unidos.
La tensión entre la agenda malvinera y la búsqueda de inversiones tiene un caso concreto en el corazón del RIGI. En 2013, la Argentina inhabilitó por quince años a la petrolera británica Premier Oil por operar en Malvinas sin autorización. Su continuadora jurídica, Harbour Energy, tiene hoy el 15% de Southern Energy, el proyecto de exportación de GNL de Vaca Muerta que el Gobierno incorporó al RIGI y en el que YPF es socia con el 25%.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas puso la lupa sobre ese vínculo, aunque el alcance actual de la sanción sobre Harbour está en discusión. Desde la firma ya anunciaron que su prioridad pasa por el enclave patagónico en el oeste del país. Y rechazaron vínculos con la explotación malvinera.

“Los que están detrás de las inversiones y el Corredor (Andes-Atlántico) son los que no quieren la ley Malvinas”, alertaron de todos modos desde el propio oficialismo en el Congreso. En la Casa Rosada no lo vinculan tan directamente a eso y aseguran que no se están frenando los proyectos de inversión, pero sí remarcaron que hay contradicciones en las propias medidas del Gobierno que desgasta fácilmente la confianza.
Las dos agendas que describen en el oficialismo quedaron superpuestas un día después, en el Senado. El jueves, la Cámara alta aprobó por 42 votos contra 24 la reforma del régimen de cabotaje, que habilita a buques de bandera extranjera a transportar mercaderías entre puertos argentinos, una actividad reservada a la bandera nacional desde 1944.
La reforma es una de las piezas locales del Corredor Andes-Atlántico: figuró en la agenda de la comitiva estadounidense que en octubre se reunió con Cancillería, Transporte, Desregulación y Energía.
“Lo de cabotaje se vuelve muy importante ahora para el transporte multimodal, integrar con el tren también para la minería”, explicó a El Cronista un funcionario. No obstante, la apertura busca sumar oferta de bodega y bajar costos logísticos con operadores internacionales, pero el mismo texto les pone un límite a esos operadores con un criterio de Malvinas.
El proyecto, presentado por la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) y respaldado por el Gobierno, prohíbe operar en el cabotaje a los buques “operados, armados o fletados por empresas que presten o hayan prestado servicios” a operadores no autorizados para explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La norma no nombra a las islas, pero apunta a la actividad petrolera en Malvinas. Esa contradicción es la central: una ley pensada para atraer navieras extranjeras deja afuera a cualquier empresa que haya trabajado para esa actividad, aun en el pasado, y a los barcos que esas firmas fleten. Es una lógica de sanción similar a la que Washington objetó en la Ley Malvinas, donde el oficialismo debió acotar las penalidades a quienes tienen vínculo directo con los proyectos.

La cláusula, además, recibe cuestionamientos desde los dos lados. Para la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, el filtro se queda corto: no aplica el mismo criterio a las pesqueras que operan en Malvinas con licencias de las autoridades isleñas. En paralelo, la apertura tiene límites propios: el transporte de petróleo y gas, salvo el GNL, y el apoyo a la actividad petrolera costa afuera siguen reservados a buques de bandera argentina. La reforma apunta, en cambio, a la carga general y a la minería, el sector que el Gobierno busca integrar con el tren.
El proyecto ahora debe pasar por Diputados, la misma Cámara donde se cayó la sesión de la Ley Malvinas y donde los gremios marítimos ya anticiparon que trabajarán para frenarlo. La pata ferroviaria que menciona el Gobierno tampoco está resuelta: Economía postergó al 21 de diciembre la apertura de ofertas por las líneas del Belgrano Cargas, después de que Grupo México, el único competidor internacional interesado, se retirara de la licitación en octubre. Se trata de apuestas de largo plazo, como una concesión ferroviaria por 50 años o inversiones bajo el RIGI, que se definen en la previa de una elección presidencial.
El Gobierno, sin embargo, ya construye las expectativas y su proyección para el año electoral: Caputo dijo espera para 2027 un superávit comercial de u$s 30.000 millones y un aumento de las inversiones del RIGI, y anticipó que las exportaciones se triplicarán hacia 2031 de la mano de la energía, la minería y los nuevos proyectos aprobados. Sobre ese flujo de dólares apoya su argumento de que no habrá salto cambiario en 2027, aun con el riesgo país en máximos.
Pero la apuesta oficial para 2027 tiene una condición explícita: la reelección. Caputo prometió ante el campo eliminar las retenciones si Milei consigue un segundo mandato. El Presidente, ante los empresarios del CICyP, anticipó que “se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”, con una economía que debe “converger” en un “mega RIGI”, con menos gasto público y menos impuestos. La agenda económica del año próximo queda así atada a la misma variable que el mercado pone en duda.

El Presupuesto 2027 que discute el Congreso proyecta una inflación del 18% y un dólar de $1.847 en diciembre. Esta semana, sin embargo, Milei admitió en A24 que la inflación, sin limpiar efectos, “está viajando al 30%”, y Caputo reconoció en Radio Mitre que la discusión es “cuánto crecemos, si 1,5% o 2%”.

Por Daniela Romero
Redactora de Economía y Política
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