El gobierno de Pedro Sánchez impulsa reformas en materia de vivienda, entre ellas la prohibición de compras por parte de “fondos buitre”, en respuesta al enojo por el desalojo de una mujer de 87 años que se convirtió en el rostro de la crisis inmobiliaria española.
El gobierno de izquierda de Sánchez aprobó el martes un congelamiento de los desalojos y otras medidas en respuesta al fuerte aumento de los alquileres y de los precios de las viviendas, que se convirtieron en una de las principales preocupaciones de los votantes en España y en toda Europa.
Sin embargo, no hay garantías de que el fragmentado parlamento español respalde las medidas propuestas en la votación del viernes, porque algunos partidos que ocasionalmente apoyan al presidente del gobierno expresaron reparos sobre aspectos que no están directamente relacionados con los desalojos.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, afirmó que el paquete “pondrá freno a las compras de los fondos buitre para frenar la compra especulativa”, al tiempo que criticó a la empresa propietaria que desalojó la semana pasada a Maricarmen Abascal, de 87 años, de su departamento en Madrid.
Una orden judicial obligó a Abascal a dejar la vivienda en la que había vivido durante 71 años, después de que su propietario aplicara un aumento del alquiler que ella no podía pagar cuando venció un tope de alquiler vigente desde hacía mucho tiempo. Cientos de manifestantes instalaron un campamento en el centro de Madrid para apoyarla.
La dueña del departamento de Abascal, una pequeña empresa española llamada Urbagestión, rechazó que se la describa como un “fondo buitre”, un término despectivo en España que en otros lugares se refiere a inversores que compran empresas en dificultades.
Consultada sobre cómo definiría la legislación de vivienda a los fondos buitre, Rodríguez dijo que el texto completo estaría disponible “pronto” y agregó: “Urbagestión, en sentido estricto, puede no ser un fondo, pero es una pyme buitre, y muy depredadora”.
Poco después, un abogado de Abascal, que está internada desde el desalojo, informó que ella aceptó una oferta de Urbagestión que le permitiría volver a instalarse en el departamento.
La oferta, gestionada por el Ayuntamiento de Madrid, permitiría a Abascal pagar alrededor de € 500 por mes por el departamento, ubicado en uno de los barrios más caros del centro de Madrid, una cifra cercana a lo que pagaba antes y muy por debajo de los valores de mercado.
Como parte de sus reformas, el gobierno de coalición en minoría de Sánchez busca imponer un congelamiento de los desalojos hasta 2030 e introducir regulaciones para erradicar el fraude vinculado a los alquileres de corta duración y al alquiler de habitaciones individuales. También pretende aumentar el impuesto sobre las ventas de los departamentos turísticos, al tiempo que otorga beneficios fiscales a otros propietarios e inquilinos.
Sin embargo, un partido independentista catalán cuyo apoyo Sánchez necesitaría para aprobar la legislación, Junts per Catalunya, expresó su preocupación de que la prohibición pudiera alcanzar injustamente a pequeños propietarios que buscan invertir sus ahorros personales.
Sánchez no logra aprobar un presupuesto en el parlamento desde fines de 2022.
El opositor conservador Partido Popular criticó al presidente del gobierno por no hacer más en materia de vivienda durante sus ocho años en el poder, período en el que el crecimiento de la demanda superó ampliamente a la oferta debido a una política migratoria de puertas abiertas y a los cuellos de botella burocráticos en la construcción.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, afirmó que las reformas de vivienda “no van a dar resultados” y agregó: “Nadie puede resolver un problema que creó durante ocho años con [una legislación] cuyo único objetivo es prolongar una legislatura estéril”.
Entre 2021 y 2025, España construyó 750.000 viviendas menos de las que necesitaba su creciente población, el equivalente al 3,7% del total de hogares del país el año pasado, según un estudio del Banco de España.
El gobierno de Sánchez señaló que en 2023 aprobó una amplia ley de vivienda que incluyó nuevos controles de alquileres, y culpa a los gobiernos regionales encabezados por el PP de no haberlos aplicado.
