“Que venga Adorni y después vemos”, definieron fuentes opositoras de la Cámara de Diputados en diálogo con El Cronista, luego de hayan conseguido un acuerdo con aliados para ralentizar el avance de las reformas en las próximas semanas, al menos hasta el informe de gestión del 29 de abril. El jefe de Gabinete Manuel Adorni se presentará ante el Congreso para dar cuentas de la gestión del presidente Javier Milei la semana que viene y el arco político opositor se está organizando para coordinar un cuestionamiento al funcionario por las causas judiciales que involucran su crecimiento patrimonial. En tanto, el oficialismo pretendía pedir una sesión para este miércoles 22 de abril para aprobar la Ley Hojarascas, la cual se debatirá en comisiones esta tarde y -de conseguir las firmas necesarias- procederá a tener dictamen de comisión. Sin embargo, el pedido de sesión nunca trascendió. “Nos pusimos todos de acuerdo con que no íbamos a dar quórum, inclusive con el PRO“, confiaron desde la Cámara baja. ”No queremos darle una victoria legislativa antes de que venga Adorni a dar explicaciones", definieron. Desde el sector de los aliados, conformado por partidos provinciales, la UCR y el PRO, también consideraron que al no tener despacho de comisión de la mayoría de los temas, una sesión para un solo temario podría ser perjudicial para el oficialismo por la oleada de cuestiones de privilegio que aludirían al caso Adorni. Por estos motivos, en el Gobierno ya reconocen que no van a poder cumplir con los plazos acordados en materia de algunos proyectos. Por un lado, el compromiso con EE.UU. para aprobar el Tratado de Patentes (PCT), pero también los acuerdos con los holdouts para pagar la deuda del default del 2001; ambos para antes del 30 de abril. Mientras que el tratado internacional se dispone en el marco de un acuerdo comercial que está siendo revisado tras un fallo de la Corte estadounidense que anuló los aranceles globales de Donald Trump, en el caso de los acuerdos con los fondos internacionales -Brainbrudge Fund y Attestor Master Value-, de no cumplirse el plazo, el acuerdo para pagar menos del 30% de la deuda caerá automáticamente. “No llegamos con nada antes del 30 de abril”, sujetaron tajantes fuentes de la Mesa Política, la cual se reunió el viernes pasado para seguir enviando proyectos de ley. Los últimos que enviaron fueron la ley de Pensiones por Invalidez (Discapacidad) y la Ley de Salud Mental. En el medio también quieren acelerar el tratamiento del proyecto de Financiamiento Universitario, que volvió al eje de la tormenta por la ratificación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del fallo que ordenó cumplir con la normativa vigente de forma inmediata. “No tenemos los votos, nunca los tuvimos”, reconocieron desde La Libertad Avanza. Los aliados no tuvieron una buena recepción de estos últimos proyectos ya que no quieren volver a exponerse a dar el debate de Universidades y Discapacidad. Altas fuentes del bloque libertario reconocieron que, de todos modos, la prioridad será modificar la legislación de las Pensiones por Invalidez porque en términos de costo fiscal es mucho mayor y menos previsible que el de Universidades. Entre los puntos principales de la propuesta del Gobierno está volver al modelo previo para que la pensión inembargable se le otorgue exclusivamente a personas que estén imposibilitadas a trabajar -y no a todos los mayores de 70 años que tengan un Certificado Único de Discapacidad-; y endurece el acceso con un reempadronamiento general para los titulares y auditorías más rigurosas. Además, otro punto clave es que los nomencladores ya no incluirán valores universales y dependerán de la negociación de cada obra social o prepaga, además de que le traslada el costo a las provincias para los nuevos afiliados: “Que ellos se hagan cargo de la ley que aprobaron”, redoblaron fuentes del oficialismo. El futuro de estos proyectos, según reconocieron altas fuentes de diálogo permanente con los aliados, “depende de si comienza a pagarse o no”. Puntualmente, el de Discapacidad ingresó por el Senado, donde la jefe de bloque Patricia Bullrich ya de por sí está negociando para sacar las leyes de Propiedad Privada. Desde la UCR, que es liderada por el correntino Eduardo Vischi y maneja un grueso número de 10 bancas clave para el quórum, anticipan que pedirán cambios. Entre los puntos en conflicto está la eliminación del límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de privados extranjeros; el posible aumento de desalojos que causaría las limitaciones a expropiaciones de tierras destinadas a la regularización de barrios populares y, en ese sentido, el mecanismo de desalojo exprés. La idea originalmente era que la Cámara alta vaya a sesión la semana que viene y el mismo día del informe de gestión en Diputados -20 o 30 de abril-, pero la iniciativa comenzó a desdibujarse. Todavía no está confirmada la decisión de abortar la sesión, de todos modos. También buscarán aprobar el pliego del camarista Carlos Mahiques para que renueve por cinco años su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal y el proyecto de la radical Carolina Losada para aumentar penas por falsas denuncias.