El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley para conseguir autorización de los acuerdos alcanzados con dos fondos internacionales que demandaban a Argentina por bonos en default.
El texto enviado al Congreso propone la aprobación de las negociaciones alcanzadas con Bainbridge Fund y Attestor Master Value y los pagos que fueron consensuados con las entidades.
El acuerdo alcanzado con Bainbridge prevé que Argentina debe pagar u$s 67 millones para cancelar una deuda que superaba los u$s 96 millones, lo que implica una quita de aproximadamente el 30%.
En el caso de Attestor, Argentina pagará u$s 104 millones, también con una quita de más de 30% respecto del monto originalmente negociado, de u$s 266 millones.
La aprobación del Congreso es necesaria ya que se trata de erogaciones de gastos adicionales que deben ser consensuados.
El Gobierno aspira a que las cámaras lo traten con celeridad. Es que plantean cierta urgencia, ya que los acuerdos tienen fecha límite para el 30 de abril de este año.
Esto quiere decir que, si el Congreso no aprueba los pagos, los acuerdos caen automáticamente y deberá reiniciarse los procesos de negociación o judiciales.
Si no llegara a entrar por agenda legislativa, está previsto dentro de los acuerdos prolongar los plazos en casos puntuales.
Argentina pagará una vez que reciba los bonos en manos de los fondos. Concretado el pago, ambos acordaron cesar cualquier reclamo sobre los bonos incluidos en el acuerdo.
Las primeras reacciones se hicieron notar por parte de los tenedores de bonos de deuda argentina agrupados, que celebraron: “Después de meros 25 años, Argentina finalmente resolverá todas las reclamaciones derivadas de su default de 2001. Felicitaciones al presidente Milei”.
Pese a eso, también aprovecharon para presionar por el reclamo por los juicios a su favor en el caso del Cupón de PBI.
“Ahora, debe resolverse la sentencia de Londres por el default en los bonos ligados al PBI. Recuerden, los bonos fueron emitidos a aquellos que no demandaron por el default de 2001″, planteó la agrupación que nuclea a los bonistas que entraron a los canjes de deuda.
Cabe recordar que los fondos habían pedido ser incluidos en los reclamos para hacerse con acciones de YPF en el medio del proceso judicial en el que los demandantes por la expropiación, Burford Capital en representación de Petersen y Eton Park, pedían que se les entreguen las acciones del Estado sobre la compañía.
Los dos juicios sobre los que pesan los acuerdos responden a los bonos en default de 2001. Desde aquella cesación de pagos, el Gobierno argentino abrió multiples instancias de negociación con los acreedores para obtener reestructuraciones con distintos grados de quita o recorte de deuda.
Los dos fondos optaron por no negociar e ir a juicio en reclamo de la totalidad de la deuda.

















