El oficialismo pondrá en marcha su proyecto para modificar la ley de Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad en los próximos días, según se definió el reunión de Mesa Política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este mediodía en la Casa Rosada. La aceleración de los proyecto para fines de este mes fue adelantada por El Cronista semanas atrás, luego de que la Justicia ordenara a aplicar las leyes que el Ejecutivo pretendió suspender mediante un decreto reglamentario por falta de recursos. El punto de quiebre fue el fallo en segunda instancia que ordenó a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de presupuesto universitario. El plazo para que comience a impactar la medida se venció ayer y el Gobierno prevé que cumplir con la normativa tendría un costo fiscal de $2,5 billones. Para ejecutar esa sentencia, Adorni debería reasignar partidas presupuestarias. Si bien todavía no definieron de dónde planifican recortar, desde un influyente despacho de la Casa Rosada piensan que podría ser en materia de obras públicas. Mientras tanto, la Procuración del Tesoro presentará este viernes un recurso extraordinario federal per sáltum para que el caso lo tome la Corte Suprema de Justicia, tal como contó este diario. La medida lo que logra, ante todo, es ganar tiempo para que no tengan que aplicar la ley. “Conforme a la jurisprudencia de la Corte, se afirma que la interposición del recurso contra una sentencia equiparable a definitiva tiene efectos suspensivos por lo que, hasta tanto no se rechace dicho recurso o se otorgue un efecto devolutivo, no corresponde que el Estado ejecute la precitada sentencia“, explicaron fuentes oficiales a El Cronista. Una cautelar con efectos suspensivos implica que se paraliza la ejecución de la resolución judicial hasta que resuelva un tribunal superior. En cambio, una medida con efecto devolutivo implica una ejecución inmediata, aún cuando haya sido apelada, como es en el caso de la medida cautelar aplicada por el fuero Nacional del Trabajo contra la reforma laboral. De la reunión de la Mesa Política también definieron que este mismo viernes remitirán al Congreso la ley de Salud Mental y la ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que implica modificar la ley de Emergencia en Discapacidad, la otra ley que la Justicia ordenó aplicar tras la suspensión del Ejecutivo. Según confirmaron las fuentes del oficialismo, el trabajo en comisiones para comenzar a tratar el proyecto de Universidades empezará en los próximos días. El proyecto tuvo giro a las comisiones de Educación, presidida por la diputada del PRO, Alicia Fregonese; y Presupuesto y Hacienda, conducida por el libertario “Bertie” Benegas Lynch. Durante la semana los diputados de la oposición presionaron mediante un proyecto de resolución firmado por Provincias Unidas (Democracia Para Siempre y Encuentro Federal), Unión por la Patria, Coherencia (Marcela Pagano) y Adelante Buenos Aires (Karina Banfi-UCR), para “exhortar al Ejecutivo a cumplir de forma inmediata” con lo dispuesto en la ley. Se trata de una declaración simbólica de que será difícil para el oficialismo conseguir los consensos para su proyecto: el precedente lo tiene en diciembre, cuando intentó derogar tanto la ley de Universidades como la de Discapacidad en el marco del Presupuesto 2026, sin éxito. No obstante, desde La Libertad Avanza ven que los temas son “urgentes” y que, en el caso de Universidades al menos, al tener acuerdo de los rectores, no debería generarse un problema para tratar la modificación. Según detallaron fuentes del oficialismo, el acuerdo con los rectores fue que para que no se genere revuelo en las calles y, de esta manera, los gobernadores aliados -especialmente los de la UCR- no tendrían que pagar un costo político por apoyar la iniciativa del Gobierno. De todas maneras, en los pasillos del Congreso no asoma una buena predisposición para volver a abrir este debate, especialmente en lo que respecta al Senado, donde los radicales tienen el peso de 10 bancas y son determinantes para el quórum. El proyecto del Ejecutivo elimina la recomposición retroactiva a diciembre del 2023 y la reemplaza por tres aumentos escalonados del 4,1% cada uno, a partir del 1 de marzo. Además, sobre las paritarias, el nuevo texto mantiene la obligación de convocarlas cada tres meses pero elimina la cláusula que garantizaba que los aumentos no podían ser inferiores a la inflación del INDEC. Es decir: las negociaciones siguen siendo obligatorias, pero el piso de actualización desaparece. En esa línea, la ley vigente reconoce una recomposición del 31,9% que debía aplicarse desde enero de 2025, atada a la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024. El nuevo proyecto elimina esa recomposición y fija que el presupuesto universitario solo se ajustará si la inflación si supera lo proyectado en el Presupuesto general.