En casi dos años y medio de gestión, el Gobierno logró controlar índices sensibles como el de inflación, al mismo tiempo que alcanzó una relativa pax cambiaria este año, incluso en temporadas recesivas. Sin embargo, hoy está en deuda con las Pymes, que buscan un alivio tributario para poder seguir a flote. Un dato que refleja este difícil momento es el desplome del consumo, con una caída del 3,6% en el primer trimestre, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Tal como diagnosticó la entidad, hoy “la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectan al volumen general de ventas”. Los números son elocuentes: desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, cerraron 24.180 empresas, según un informe de Fundar elaborado sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Este relevamiento consigna que, al comienzo de la gestión libertaria, había registradas 512.357 unidades productivas, mientras que en la actualidad el número se redujo a 488.177, 24.180 menos. Es por esto que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa elevó al Congreso su diagnóstico de la situación junto a una serie de propuestas orientadas a fortalecer la competitividad, sostenibilidad y desarrollo del entramado productivo argentino para frenar una sangría que golpea directamente en el índice de desempleo (la última medición del INDEC devela un crecimiento del 7,5% respecto al tercer trimestre de 2025). El documento de CAME aborda cuatro ejes críticos, con foco en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME): la estructura tributaria, el régimen laboral, la situación del comercio minorista y el acceso al financiamiento. En materia impositiva, CAME propone una reforma de alcance sistémico que apunta a “reducir distorsiones, bajar los costos de cumplimiento y avanzar hacia una estructura más progresiva, sin comprometer la sostenibilidad fiscal“. El diagnóstico de partida es contundente: diez tributos concentran el 94% de la recaudación consolidada, pero la existencia de entre 155 y 165 impuestos activos genera una carga burocrática y económica que recae “desproporcionadamente” sobre las empresas de menor tamaño. Más allá de esto, en el ámbito tributario la entidad propone cuatro patas para empezar a pensar una reforma que allane el camino productivo a las Pymes: Sin embargo, esto hoy choca de frente con el ancla más relevante del Gobierno: el equilibrio fiscal. Mientras que la gestión de Milei apoya la reducción, simplificación y/o eliminación de impuestos, el superávit hoy es prioridad, lo que pone a Luis Caputo en una encrucijada. Al respecto, Sebastián Domínguez, especialista en tributación y CEO de SDC Asesores Tributarios, expresó a El Cronista: “Hemos llegado a un punto donde se valora el equilibrio fiscal, con sus consecuencias positivas y negativas, y creo que eso no debe ponerse en peligro”. Desde CAME también asumen este desafío, por lo que proponen mantener la “sostenibilidad fiscal”, factor con el que coinciden los tributaristas. Sin embargo, ¿qué tan viable es? En primer lugar, entre las propuestas centrales de la Confederación destacan las modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA), orientadas a ampliar la base imponible, eliminar exenciones ineficientes y agilizar la devolución de créditos fiscales a exportadores e inversores en un plazo de 30 a 60 días. A este punto, Domínguez lo consideró difícil de implementar porque “el impacto del IVA en la recaudación no solo afectaría a Nación, sino también a las provincias: se trata de un impuesto coparticipable”. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la entidad propone un esquema diferencial para pymes con alícuotas reducidas según el tamaño de la empresa: Este punto también es sensible para Domínguez, quien entiende que “el impacto de llevar a una pyme a una alícuota plana es inviable, por su costo a nivel recaudación”. “Son propuestas muy ambiciosas, pero de muy difícil implementación en el corto plazo", consideró el analista. Es que, según el tributarista, aplicar estos cambios requeriría “acuerdos en todos los niveles de gobierno“, pero ”sin poner en peligro el equilibrio fiscal, porque Argentina no tiene capacidad de endeudamiento”. “Si se pone eso en peligro se va a generar un déficit que podría empujar a la emisión monetaria”, esgrimió. En este punto también coincidió César Litvin, especialista en materia de impuestos y CEO en LL&A, quien aseguró: “El equilibrio fiscal es innegociable”. Asimismo, aseveró que “esto merece una reforma estructural y, dada la existencia de un federalismo fiscal, todos tienen que hacer un gran acuerdo para lograr dos pilares básicos”. ¿Cuáles son esos “pilares básicos” que describe Litvin? El de una simplificación del sistema tributario. En este punto, coincide con el diagnóstico de la CAME: “Están sobrando muchos tributos de escasa recaudación”. El segundo punto de este binomio es el de reducir los impuestos más distorsivos, en la medida en que el equilibrio fiscal sea sustentable. Litvin fue categórico al argumentar cuáles son los tributos que hoy por hoy representan una piedra en el zapato de las Pymes en Argentina: A la primera de estas aristas, el tributarista la encuentra invariable en el corto plazo, puesto que representa el 4% del PBI; la segunda de ellas representa el 1% del PBI. Sin embargo, los competidores comerciales de Argentina en la región no la tienen y eso dificulta la posibilidad del país de competir con sus productos en el mercado internacional. En tercer lugar, se encuentra el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios —denominado impuesto al cheque—, que nació con fecha de vencimiento en 2001 y hoy lleva un cuarto de siglo. Según Litvin, el Gobierno ya comenzó a trabajar para erradicarlo. Por último, la tasa de seguridad e higiene, que es, a criterio del especialista, “un impuesto disfrazado de tasa”. El cuadro que emerge es el de un sector productivo que celebra la estabilidad macroeconómica conseguida, pero que advierte que la misma no alcanza si no va acompañada de una reforma tributaria profunda y consensuada. Las propuestas de CAME no son un capricho gremial, sino el reflejo de una sangría silenciosa que ya se cobra miles de empresas y empleos. Los especialistas coinciden en que el camino existe, aunque es estrecho: simplificar sin comprometer el equilibrio fiscal, reducir sin generar déficit, reformar sin romper los acuerdos del federalismo. El desafío del Gobierno será demostrar que la salud de las cuentas públicas y la supervivencia de las pymes no son objetivos contrapuestos, sino las dos caras de una misma apuesta por el desarrollo.