El error silencioso de muchos dueños de pymes que puede poner en riesgo el patrimonio familiar

Cuando una pyme atraviesa dificultades financieras, acumula deudas o enfrenta un reclamo judicial, la preocupación suele desplazarse rápidamente del negocio hacia el patrimonio personal de sus dueños.

La pregunta aparece casi de manera inevitable: ¿pueden verse afectados mis bienes? ¿La vivienda familiar está protegida? ¿No se suponía que la sociedad existía precisamente para evitar ese riesgo? Según especialistas en derecho societario, el problema es que esas preguntas suelen formularse demasiado tarde.

“En muchas pymes argentinas, el riesgo patrimonial no empieza con una demanda judicial ni con un embargo: empieza mucho antes, cuando el dueño firma como garante, avalista o deudor personal de obligaciones que en realidad corresponden a la empresa”, explicó a El Cronista Carmen Losardo, abogada del estudio Márquez-Losardo especializada en derecho societario y empresarial.

La observación apunta a una realidad frecuente en el mundo pyme. Mientras los empresarios dedican tiempo a planificar ventas, financiamiento, inversiones o cuestiones impositivas, la organización del patrimonio personal suele quedar relegada hasta que aparece un conflicto concreto. Y, para Losardo, ese es el verdadero error silencioso.

Y no porque la ley no ofrezca herramientas de protección, sino porque muchas de ellas sólo resultan efectivas cuando se implementan antes de que surjan los problemas.

La falsa sensación de seguridad que genera la responsabilidad limitada

La mayoría de los emprendedores conoce, al menos en términos generales, el concepto de responsabilidad limitada. Quien constituye una SRL, una SAS o una sociedad anónima busca, entre otras cosas, separar el patrimonio de la empresa del patrimonio de sus socios.

En principio, esta configuración implica que la sociedad responde por sus propias obligaciones con su patrimonio y que los socios no deberían responder personalmente por las deudas sociales. Sin embargo, esa protección tiene límites.

“Siempre es importante recalcar que la responsabilidad limitada que ofrece una sociedad constituida protege en principio al socio respecto de las deudas sociales, pero esa barrera puede caer si el titular firma garantías personales, actúa de manera irregular, confunde patrimonios, utiliza la sociedad para fines ajenos al objeto o incumple obligaciones legales relevantes”, explicó Losardo.

La especialista advierte que muchas veces la constitución de una sociedad genera una sensación de seguridad mayor a la que realmente existe.

En la práctica, la separación patrimonial implica un trámite registral, pero también requiere que la empresa funcione efectivamente como una estructura independiente y que el empresario actúe en consecuencia.

Cuando el dueño empieza a responder por las deudas de la empresa

En la práctica, gran parte de los riesgos patrimoniales surgen cuando el titular de una pyme comienza a asumir compromisos personales para sostener la actividad.

Es una situación habitual, un banco exige garantías adicionales para otorgar crédito, un proveedor solicita un aval para ampliar una línea comercial, un contrato de alquiler requiere que el empresario firme personalmente determinadas obligaciones. La empresa necesita cerrar la operación y el dueño acepta.

Desde el punto de vista comercial, la decisión puede parecer razonable, pero desde el punto de vista patrimonial, implica que la obligación deja de estar exclusivamente dentro de la esfera societaria.

El empresario interviene como socio o administrador de la compañía y también lo hace como obligado personal. Por eso, Losardo sostiene que los problemas patrimoniales rara vez son consecuencia de un único error extraordinario.

“La casa familiar no suele estar en peligro por un solo error espectacular, sino por una cadena de decisiones pequeñas, tomadas en medio de la urgencia diaria del negocio“, aclaró.

El patrimonio personal y el patrimonio de la empresa: una frontera que muchas pymes no gestionan

Otro de los problemas que observan los especialistas es la tendencia a administrar la empresa y la economía personal como si fueran una misma cosa.

La utilización indistinta de cuentas bancarias, la realización de gastos personales con fondos de la empresa o la falta de una diferenciación clara entre recursos societarios y recursos particulares son prácticas frecuentes en muchas estructuras empresariales de menor escala.

Para Losardo, el problema de fondo no es únicamente contable o administrativo, es patrimonial. Por eso propone ampliar la discusión y dejar de pensar la protección del patrimonio como una cuestión aislada.

“Proteger la vivienda no debería pensarse como un trámite aislado, sino como una decisión de arquitectura patrimonial”, señaló.

La especialista sostiene que las preguntas relevantes para cualquier empresario no deberían limitarse a verificar si un inmueble está protegido o si existe una sociedad constituida.

“La pregunta no es sólo ‘¿mi casa está protegida?’, sino también ‘¿qué estoy firmando?’, ‘¿en nombre de quién contrato?’, ‘¿mis cuentas personales están mezcladas con las de la empresa?’ y ‘¿mi sociedad está funcionando realmente como una estructura separada o sólo como un CUIT con logo?’”, explicó.

Por qué la vivienda familiar suele convertirse en el principal foco de preocupación

Cuando aparece una crisis financiera, la preocupación deja de ser exclusivamente empresarial y se traslada hacia aquellos bienes que representan años de trabajo y ahorro familiar. Entre ellos, la vivienda ocupa un lugar central.

“¿Puede el dueño de una pyme perder su casa por deudas vinculadas a la actividad comercial? La respuesta corta es: sí, puede ocurrir. La respuesta útil desde el plano legal es: depende de cómo esté organizada la empresa, qué compromisos asumió el titular y si la vivienda fue protegida a tiempo”, explicó Losardo.

La respuesta refleja precisamente la complejidad del tema. No existe una solución única ni una regla aplicable a todos los casos. La situación dependerá de las características concretas de cada empresa, de las obligaciones asumidas por sus titulares y de las medidas de protección adoptadas con anterioridad.

El régimen de protección de vivienda: una herramienta preventiva que muchos analizan cuando ya es tarde

Frente a este escenario, el Código Civil y Comercial contempla el régimen de protección de la vivienda, una herramienta destinada a preservar el inmueble afectado como hogar frente a determinados reclamos patrimoniales.

Sin embargo, la principal característica de esta figura jurídica es que debe ser utilizada antes de que aparezcan los conflictos.

“El régimen de protección de la vivienda no es un blindaje absoluto, pero sí una medida preventiva de enorme valor cuando se utiliza correctamente y a tiempo”, explicó la especialista.

Sobre el momento en que se realiza la afectación, detalló: “El punto central es la temporalidad: la afectación de la vivienda debe ser anterior al nacimiento de las obligaciones que luego podrían derivar en juicios, embargos o ejecuciones. La protección opera, en principio, frente a deudas posteriores a la inscripción“.

Por esa razón, los especialistas advierten que intentar resolver el problema patrimonial cuando la deuda ya existe suele ser mucho más difícil que planificarlo previamente.

Qué deudas no quedan alcanzadas por esta protección

La afectación de la vivienda tampoco implica una inmunidad absoluta frente a cualquier reclamo. Según explicó Losardo, la protección no alcanza, entre otros casos, a:

• Obligaciones alimentarias.
• Expensas.
• Impuestos, tasas y contribuciones vinculados al inmueble.
• Créditos derivados de construcciones o mejoras.
• Hipotecas constituidas sobre la vivienda.

Además, para acceder al régimen, el inmueble debe estar efectivamente destinado a vivienda y ser habitado por el titular o por alguno de los beneficiarios admitidos por la ley.

La planificación patrimonial, una práctica todavía pendiente en muchas pymes

Más allá de las herramientas jurídicas disponibles, Losardo identifica una diferencia que atraviesa al empresariado argentino.

Mientras las grandes compañías suelen incorporar la gestión de riesgos como parte de su planificación habitual, muchas pymes recién comienzan a analizar estas cuestiones cuando enfrentan un conflicto concreto.

“Las personas van al abogado cuando tienen el problema, no a planificar o prevenir”, señaló.

Para la especialista, la planificación patrimonial detallada aún o resulta ajena para buena parte del segmento pyme, pese a que constituyen herramientas clave para ordenar la relación entre patrimonio personal, actividad empresarial y exposición al riesgo.

“Es importante que las personas hagan una consulta trayendo en mente todo el cuadro de situación de su patrimonio y no pensar las disposiciones legales como elementos aislados, porque en materia legal todo funciona en conjunto, como un entramado”, explicó.

La planificación patrimonial consiste, según la especialista, en analizar de manera integral cómo interactúan la estructura societaria, los contratos, las garantías asumidas, los bienes personales y las herramientas legales disponibles.

Cómo reducir riesgos antes de que aparezcan los problemas

Los especialistas coinciden en que no existe una única medida capaz de eliminar completamente los riesgos patrimoniales asociados a una actividad empresarial.

“La mejor defensa combina dos planos: protección registral de la vivienda y una estructura societaria seria. Una SRL, SAS o SA bien utilizada puede ayudar a separar riesgos, pero pierde fuerza si el dueño firma todo a título personal o administra la empresa como una extensión de su billetera”, sostuvo Losardo.

“En tiempos de morosidad, presión fiscal y crédito caro, la prevención no consiste en esconder patrimonio, sino en ordenarlo antes de que sea tarde”, enfatizó.

La diferencia entre reaccionar y prevenir

La principal conclusión que surge de la experiencia profesional es que la protección patrimonial no empieza cuando aparece una demanda ni cuando llega una orden de embargo sino mucho antes.

Comienza con la forma en que el empresario estructura su actividad, con los compromisos que decide asumir, con la separación efectiva entre su patrimonio y el de la empresa y con la capacidad de incorporar la prevención como parte de la gestión.

Porque cuando finalmente aparece el conflicto, gran parte de las decisiones que determinarán el alcance del riesgo ya fueron tomadas. Y muchas de las herramientas que podrían haber contribuido a reducirlo sólo funcionan cuando se utilizaron a tiempo.