El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con el objetivo de estimular la inversión de las pymes. Algunos sectores miran con mejor expectativa la medida mientras otros advierten que encuentran una veta en la que podría ampliarse. En un contexto de caída de la cantidad de empresas, el incentivo a las inversiones podría generar un freno en el segmento pyme, uno de los más complicados, sobre todo a la hora de conseguir financiamiento para contener la actividad. En lo que respecta al RIMI, Juan Tripier, directo de acuerdos de PwC Argentina, explicó que el régimen jugará un rol especial a la hora de tomar decisiones de inversión, en un contexto de economía más abierta y competitiva, “en especial en el segmento pyme, que probablemente deba intensificar sus niveles de inversión para sostener la competitividad”. Las pymes familiares estarían entre las principales beneficiarias de este régimen, destacó Sergio Messing, consultor de empresas familiares y responsable del área de comunicación del Instituto Argentino de Empresas Familiares. Desde su óptica, estas empresas tienen en el ahorro de las familias, a través de los excedentes financieros que acumularon fuera de la empresa, un recurso con el que son muy celosos a la hora de usarlo. “Son fondos que salieron de las empresas, y que tienen que estar muy confiados para hacerlos volver. Hace ya muchos años eso disminuyó, incluso ante contingencias que hacían peligrar el futuro de la empresa. La legislación aprobada y su reglamentación parecen una invitación para recurrir al financiamiento familiar del crecimiento”, subrayó Messing. Por supuesto influirá la interpretación que cada empresa haga del contexto económico y político, además de la sustentabilidad de las leyes, pero destacó que “puede ser muy atractivo para pequeñas y medianas empresas industriales, pero los vientos soplan en contra para el sector”. Respecto de los sectores en particular, Messing agregó que el sector agropecuario es uno que está ante una buena coyuntura, pero las explotaciones pequeñas no justifican niveles de inversión importante. El reglamento fue fundamental para la aclaración de beneficios. Federico Palavecino, socio de Martínez de Hoz y Rueda, destacó que era necesario aclarar, como la admisión de las obras ya iniciadas o permitir una puesta en marcha posterior al pazo de inversión. Sin embargo, agregó que establece restricciones relevantes, “como limitar los bienes promovidos a categorías de bienes de capital o bienes de tecnología de la información, y establecer un tope de la devolución de IVA, sujeto a cupo y orden de asignación, lo que no funcionó muy bien en regímenes anteriores”. Así y todo, elogió el régimen y marcó que “si la reglamentación complementaria y la implementación administrativa acompañan, puede transformarse en una herramienta valiosa para acelerar inversión, tecnificación y competitividad en el segmento medio de la economía”. Una posibilidad a futuro fue abierta por la propia reglamentación publicada esta semana. Según Juan Pablo Baumann, socio de PASBBA Abogados, del texto se advierte la posibilidad de flexibilizar los requisitos de procedencia del régimen para facilitar su aplicación y para ampliar su alcance. “Como prueba podemos mencionar la posibilidad de acceso a los beneficios del régimen para las entidades sin fines de lucro que no accedan al certificado MiPyMe; la posibilidad de que la puesta en marcha de las inversiones promovidas bajo el RIMI pueda verificarse con posterioridad al plazo de vigencia del régimen definido en la propia reglamentación; o la posibilidad de que las obras que posean un grado de avance inferior al 30% del monto total de inversión al momento de la entrada en vigencia del régimen accedan a los beneficios del mismo”, marcó.