Existe una verdad incómoda que la mayoría de los economistas parece ignorar: las estadísticas del INDEC están perdiendo calidad, y nadie habla de ello. No por intervención política directa, sino por algo más difuso y más difícil de revertir: desinversión sostenida, ausencia de diagnóstico, obsolescencia acumulada y fuga de su burocracia profesional.
El FMI en su última revisión fue contundente al señalar estas deficiencias, así como la necesidad de una nueva ley “estadística” que le otorgue independencia política y presupuestaria al organismo.
Ante una pregunta sobre la mala performance del Gobierno en las encuestas, el ministro Caputo respondió: “Hay evidencia empírica de que estamos mucho mejor. Todos los indicadores dan mejor que hace dos años: salieron 12 millones de personas de la pobreza, el consumo privado está en máximo histórico, los salarios de los informales fuertemente por encima de la inflación, hay 130.000 puestos de trabajo más.” Eso dicen, efectivamente, los números del INDEC.
El problema no es que el ministro mienta. El problema es cómo se construyen esos números y los interrogantes metodológicos que los rodean.
Desde 2018, los salarios públicos sufrieron un deterioro sostenido que se profundizó con la actual administración. Cayeron 35,8% desde noviembre de 2023. Hoy, el salario de un director nacional de INDEC es menor al de un analista junior de un banco privado. La consecuencia es predecible: renuncias y fuga silenciosa de cuadros técnicos.
El INDEC ya había sufrido una pérdida atroz de capital humano durante su intervención entre 2007 y 2015. Hoy, ese proceso se reactivó en silencio, con analistas jóvenes que ingresan como “monotributistas” sin estabilidad. Ya no se necesitan las “patotas” de otra época para expulsar funcionarios.
Pero el problema va más allá de la pérdida de capital humano. El sistema estadístico logró reconstruirse tras “el apagón” de 2007–2015 poniendo las energías en restaurar la foto previa a la intervención. Desde entonces la economía cambió radicalmente, pero los instrumentos de medición siguen intactos. Al tratarse de un sistema interrelacionado, los problemas de un área terminan contaminando a los demás. Algunos ejemplos concretos:
- El rubro gastronómico aparece en su mejor momento en las cuentas nacionales, dato que no se condice con lo que reportan las cámaras sectoriales. La explicación está en la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), donde el cuentapropismo —la venta callejera, el delivery— disparó el empleo en el sector. El interrogante es si eso alcanza para compensar la caída del sector formal. La respuesta importa porque de ahí surge el dato de PBI.
- Argentina mide el PBI con base 2004. La recomendación internacional es actualizarla cada 10 años. Ya pasaron más de 20, una demora sin precedentes.
- El consumo privado se encuentra en un “máximo histórico” mientras se reportan sistemáticamente indicadores privados que contradicen el dato. No hay mediciones directas del consumo privado agregado, que representa más de 2/3 del PBI. Se obtiene por diferencia entre el PBI y los demás componentes de la demanda. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es. El problema es que al calcularse de manera residual, hereda todos los errores de medición del resto del sistema.
- El Índice de Precios Mayoristas (IPM) mantiene la base de 1993, cuando no existía el Windows 95.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantiene la base de 2004. La nueva canasta elaborada con datos de 2017/18 lleva años disponible, pero su implementación se sigue postergando. Con la nueva canasta, el nivel “medido” de ingresos reales de los asalariados en estos dos años habría caído 7 puntos porcentuales más que lo que actualmente se publica. Este simple cambio en la canasta base del IPC tendría un impacto directo sobre la tasa de pobreza. La postergación de su adopción a principios de año incumpliendo el cronograma oficial de manera inédita es la expresión más clara de la tensión política que rodea al tema.
- De la EPH surge un crecimiento impactante de los ingresos de los trabajadores no registrados, que suben 34,5% desde diciembre de 2023, mostrando un llamativo divorcio con los salarios reales registrados (que caen 4,5% en igual período). El problema va más allá: la brecha entre lo que capta la EPH y los registros administrativos aparece también en los formales, las jubilaciones y otras variables.
- Un trabajo reciente del CEDLAS abrió el debate sobre el dato oficial de pobreza. Según los cálculos del CEDLAS, la pobreza en la gestión Milei no habría acercado al mínimo de 2017, sino que habría recuperado los niveles previos a la crisis inflacionaria de 2023.
- Los datos del mercado laboral no son ajenos al debate. La tasa de desempleo oficial es del 7,5%, pero si se suman quienes trabajan escasas horas de manera involuntaria, el número más que se duplica. El boom del cuentapropismo —similar al boom de planes sociales durante el gobierno anterior— plantea una pregunta metodológica sin respuesta clara: ¿alguien que perdió su empleo y trabaja algunas horas en la calle está desempleado, semi-empleado o empleado? Basta caminar la calle para advertir que Argentina está lejos del pleno empleo.
- Las estadísticas provinciales no escapan al problema. Dado que el Producto Geográfico quedo obsoleto, no hay estadísticas fiables de la economía a nivel provincial.
- El “boom” exportador industrial que no es tal: el clasificador vigente incluye oro y litio —productos primarios que vienen creciendo enormemente— dentro de la industria.
Difícilmente un cirujano pueda operar con una radiografía falsa, como en los años de Guillermo Moreno, o borrosa como la actual. Por eso la discusión fundada y bienintencionada es la mejor manera de ayudar al INDEC y de visibilizar su penosa situación.
En 1969, cuando se creó el INDEC, se convocó a un joven Juan Vital Sourrouille que por entonces trabajaba en Harvard junto a los futuros Nobeles, Kuznets y Stone, padres de las cuentas nacionales. Daniel Heymann lo recordaba así: “el sueño del pibe de todo economista era trabajar ahí, estaban los mejores”.
En la mayoría de los países, los institutos de estadística son organismos técnicos sin injerencia política y sus autoridades surgen de concursos públicos. En la Argentina, el director lo designa el Poder Ejecutivo y la ley que regula el sistema estadístico es un decreto-ley del presidente de facto Onganía.
Una burocracia técnica, profesional y bien remunerada es posible. Si pudimos construirla hace medio siglo, hoy también podemos. Seguir demorando la modernización y jerarquización del INDEC sólo amplía la brecha entre los datos y la realidad.
