La Corte de Apelaciones del estado de Columbia rechazó un recurso interpuesto por Argentina para evitar pagar u$s 390 millones de una sentencia contraria por la expropiación de Aerolíneas Argentinas de 2008.
La defensa argentina había pedido desestimar el reclamo de Titan Consortium ante los tribunales estadounidenses donde busca reclamar embargos para cobrar la sentencia.
En 2017, Argentina había recibido un fallo contrario en el tribunal arbitral del Banco Mundial, el CIADI, donde se la había obligado a pagar u$s 320 millones más intereses y costas por la expropiación en Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
Titan Consortium, quien adquirió los derechos para litigar a Marsans, recurrió a los tribunales estadounidenses para avanzar con los embargos de bienes argentinos en el exterior.
Argentina había buscado que se anulara el laudo ante el CIADI, que finalmente quedó firme en 2019. Fue entonces que el fondo recurrió a esta operatoria para avanzar contra los activos. Entonces, presentó una petición de reconocimiento y ejecución del laudo en la Corte de Distrito de Columbia en 2021, resolución que llegó en 2024, cuando se rechazó la fecha de prescripción que pedía Argentina (3 años) y aplicó una de 12 años, y se llevó la sentencia a u$s 390 millones más intereses.
La defensa argentina, encabezada por la Procuración del Tesoro, apeló la decisión en 2025 y la Corte de Apelaciones finalmente rechazó este martes ese pedido de revisión y confirmó la decisión de su tribunal inferior.
Tanto los demandantes por la expropiación de YPF como los de títulos públicos habían pedido embargar activos y pedían información para conocer qué bienes tenía el país, incluidas residencias o acciones de empresas. Incluso algunos levantaron reclamos sobre las reservas de oro que el Banco Central movió del país.
La defensa argentina, mientras tanto, analiza las herramientas legales para revertir o, al menos, mitigar el impacto de la sentencia.
La Procuración ya ha negociado recortes de sentencias, como en el flamante proyecto aprobado por el Congreso en el que se acordó el pago a los fondos Bainbridge y Attestor Master Value por u$s 170 millones luego de recortes de más del 30% sobre el reclamo.
Con este, Argentina suma frentes abiertos. En el caso de YPF, los demandantes, financiados por Burford Capital, anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema de Estados Unidos o a tribunales de conciliación internacional, como el CIADI, para reflotar la sentencia favorable. Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York rechazó la decisión de la jueza de primera instancia Loretta Preska, que había ordenado a Argentina a pagar u$s 16.000 millones por la expropiación de YPF.
La Cámara rechazó esa decisión y pidió que la jueza revise la sentencia, mientras que los demandantes anticiparon que insistirían con la decisión. Si bien no hubo mayores movimientos y son procesos largos, es un punto pendiente.
En paralelo, tenedores de bonos de cupón PBI en euros reclaman que se les de un tratamiento similar al de Bainbridge y Attestor para cobrar sus sentencias favorables y sin instancias de apelación por u$s 1800 millones, mientras analizan una nueva demanda por un monto equivalente.
