La forma en la que se categorizan a los deudores morosos, la contabilidad de sus movimientos y también los criterios de calificación para darles un crédito deberían modificarse para encontrar “soluciones tempranas y sostenibles” a las dificultades de los clientes del sistema financiero.
Así lo consideran los bancos públicos nucleados en la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) que difundieron un documentos con propuestas al Banco Central para facilitar la refinanciación de deudas y actuar antes de que las dificultades de pago de los clientes se profundicen, “procurando al mismo tiempo preservar el acceso al crédito y la estabilidad del sistema financiero”.
La iniciativa apunta a generar condiciones para las personas que atraviesan dificultades transitorias de pago, sin cerrarles el acceso futuro al financiamiento.
Los últimos datos oficiales muestran que la irregularidad de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,8% en junio de 2026, según el último Informe sobre Bancos publicado por el BCRA. En mayo también había sido de 12,8%, mientras que en abril se encontraba en 12,1%.
ABAPPRA presentó al Banco Central una serie de medidas para facilitar acuerdos con clientes que atraviesan problemas transitorios de pago. Propone flexibilizar la clasificación de deudores, modificar el tratamiento contable de saldos en mora y unificar criterios entre proveedores de crédito
En junio pudo haber una primera estabilización de los indicadores al bajar la irregularidad total del crédito al sector privado -incluyendo empresas- de 7,7% en mayo a 7,6%, mientras que la correspondiente a las familias permaneció en 12,8%. El BCRA atribuyó esa dinámica a una desaceleración del crecimiento real de la cartera irregular y al aumento real del crédito total.
ABAPPRA, reúne a los bancos públicos -excepto Nación y BICE-, a los de provincias, municipales y a algunos cooperativos, entre ellos Banco Provincia, Banco Ciudad, Bancor, Banco de Corrientes, Banco de La Pampa, Banco del Chubut, Banco Municipal de Rosario, Banco Provincia del Neuquén, Nuevo Banco del Chaco, Banco Credicoop, Banco Bica y Banco Coinag.
La entidad planteó distintas herramientas, sin instrumentación técnica ni específica, aunque se ponen a disposición para el diálogo con el BCRA y recuerdan que algunas ya fueron puestas en práctica.
1) La primera propuesta consiste en habilitar mecanismos regulatorios para que las entidades puedan contar con mayor flexibilidad al clasificar a clientes que ingresan en mora.
La morosidad de los hogares alcanzó el 12,8% en junio, según el último Informe sobre Bancos del BCRA, frente al 12,1% de abril. La asociación que nuclea a bancos públicos y privados pidió cambios regulatorios para mejorar las condiciones de refinanciación
La intención es distinguir los casos en los que existe un problema transitorio de capacidad de pago de aquellos en los que el deterioro crediticio resulta más permanente.
“Estos mecanismos ya han sido empleados por la autoridad monetaria en otros contextos de stress sistémico y que resultaron virtuosos”, señaló Abappra.
2) Modificar el tratamiento contable de los saldos en mora. A juicio de la asociación, un tratamiento regulatorio diferente podría darles a los bancos mayor margen para mejorar las condiciones ofrecidas en una refinanciación.
3) Unificar criterios para evaluar la capacidad de pago. Para Abappra se debería avanzar con criterios homogéneos entre los distintos proveedores de crédito para evaluar la capacidad de pago de los clientes, el denominado scoring, que permita detectar anticipadamente situaciones de sobreendeudamiento o dificultades de pago.
4) Aplicar criterios comunes a los distintos proveedores de crédito. Se plantea que los estándares de evaluación, información y transparencia alcancen a los “distintos proveedores de crédito”, dado que no es el mismo para bancos y billeteras.
Los bancos plantearon al BCRA un esquema preventivo para detectar dificultades de pago antes de que las deudas se vuelvan incobrables. La propuesta incluye cambios regulatorios y criterios comunes para evaluar la capacidad de pago de los clientes.
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