A dos años de la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la discusión ya no pasa solamente por cuántos millones de dólares logró atraer la principal apuesta del gobierno de Javier Milei.
La pregunta que comienza a circular en algunos espacios de oposición es también qué inversiones se materializaron en el territorio y cuál será el costo económico, fiscal, ambiental y social de las condiciones concedidas a las empresas.
El balance del Observatorio del RIGI plantea que se concentraron las inversiones en dos actividades que ya tenían un fuerte desarrollo: hidrocarburos y minería.
Según la actualización presentada por Mariano Novas, investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), 42 proyectos ingresaron al Ministerio de Economía en los primeros dos años. De ellos, 21 corresponden a minería y 15 a hidrocarburos. Ambos sectores explican más del 95% de los montos comprometidos.
En agosto de 2025, el Observatorio había identificado 19 proyectos por u$s 30.760 millones: el 63% correspondía a minería y el 32% a petróleo y gas. El turismo, la tecnología, la forestoindustria y otras actividades habilitadas por el régimen tenían una participación marginal o inexistente.
“El RIGI no diversificó la economía argentina”, sintetizó Novas. Para el investigador, terminó agregando incentivos a sectores que ya contaban con condiciones favorables para expandirse.
La semana pasada, antes de anticipar un anuncio de YPF por u$s 50.000 millones para el proyecto Argentina LNG, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que El funcionario destacó que, con los proyectos actuales, “se espera que en los próximos cuatro años haya inversiones por, en promedio, u$s 5000 millones por año, solo a raíz de los proyectos ya aprobados. Y contabilizó cerca de 20 más en espera. Hasta ahora, el total que ya cuenta con el visto bueno llega a u$s 46.000 millones.
Cambió el papel del Estado
Aprobado en julio de 2024 dentro de la Ley Bases, el RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad durante 30 años.
Para el Observatorio, esas condiciones pueden limitar el margen de futuras administraciones frente a nuevas regulaciones ambientales, tributarias o sociales. A esto se agrega el arbitraje internacional: el régimen incorpora mecanismos de solución de controversias entre inversores y el Estado y extiende esas protecciones a capitales extranjeros y nacionales.
Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET, la UNSAM y el Transnational Institute, puso el foco en el cobre. Argentina posee, según explicó, alrededor del 1,8% de las reservas mundiales y podría alcanzar una producción de un millón de toneladas anuales durante la próxima década.
El ingreso de grandes jugadores globales como Glencore, Rio Tinto, BHP y Lundin Mining incorpora, según Ghiotto, el riesgo de que recurran a tribunales internacionales si consideran que una regulación estatal afecta sus inversiones.
El arbitraje, explicó, puede convertirse en una herramienta de presión ante decisiones vinculadas con el agua, el ambiente, los derechos laborales o los impuestos.
Golfo San Matías: Vaca Muerta llega al Atlántico
Uno de los territorios elegidos para observar la otra cara del RIGI es el Golfo San Matías, en Río Negro.
Allí confluyen Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy, dos grandes proyectos destinados a llevar hidrocarburos al mercado internacional.
VMOS prevé un oleoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada y una terminal de exportación con monoboyas. Fue diseñado para alcanzar una capacidad de 550.000 barriles diarios, ampliable a 700.000. Southern Energy proyecta exportar gas natural licuado mediante buques instalados en el golfo.
El Golfo San Matías forma parte de una ecorregión de alta biodiversidad, vinculada con Península Valdés y utilizada como hábitat y corredor migratorio por especies como la ballena franca austral.
Los investigadores cuestionan que las evaluaciones ambientales de VMOS se hayan realizado por tramos, sin estudiar integralmente los efectos acumulativos. También señalan riesgos de derrames, aumento del tráfico marítimo y alteraciones del ecosistema.
La discusión no se queda en el impacto ambiental alcanza de manera central al empleo. Las obras prometen puestos durante la construcción, pero el Observatorio alerta por efectos negativo en actividades preexistentes como la pesca y el turismo.
Cobre: inversiones, agua y glaciares
El segundo frente está en la Cordillera. El cobre se convirtió durante el segundo año del RIGI en uno de los protagonistas de la nueva ola de inversiones.
El primer informe del Observatorio ya mostraba su magnitud: El Pachón, de Glencore, contemplaba u$s 9500 millones, mientras que MARA proyectaba otros u$s 4000 millones.
La expansión cuprífera pone en discusión el uso del agua y la energía, la protección de glaciares y ambientes periglaciares y la generación de encadenamientos productivos nacionales.
Vicuña aparece como uno de los casos representativos. El proyecto, integrado por los depósitos José María y Filo del Sol, está ubicado en la Cordillera de San Juan y enfrenta cuestionamientos de organizaciones ambientales por su relación con ambientes glaciares y periglaciares.
También existen interrogantes sobre el “derrame” hacia proveedores y pymes. El RIGI establece un piso para las compras locales, pero la discusión pasa por cuánto valor agregado argentino generarán esas contrataciones.
Argentina podría así convertirse en un gran exportador de un mineral indispensable para la transición energética mundial pero sin desarrollar necesariamente los eslabones industriales de mayor valor.
Según datos del Observatorio Pyme, menos del 5% de las empresas pequeñas y medianas son proveedoras de los proyectos del régimen de grandes inversiones.
Litio: una disputa anterior al RIGI
El Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, muestra que muchas de estas tensiones son anteriores al régimen.
La extracción de litio se desarrolla allí desde fines de los años 90 y las comunidades de Antofagasta de la Sierra cuestionan desde hace años sus efectos sobre el territorio y las fuentes de agua.
El RIGI incorporó nuevos proyectos sobre esa cuenca. Durante su primer año fue aprobado Hombre Muerto Oeste, de Galan Lithium, con una inversión de u$s 217 millones y una estimación de 250 empleos directos.
Para los investigadores, el salar también muestra las tensiones dentro de las comunidades: las expectativas de empleo e infraestructura conviven con cuestionamientos por el uso del agua y los impactos territoriales.
El costo fiscal bajo la lupa
La otra gran zona de “opacidad” es la fiscal. Alejandro Gaggero, integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, sostuvo que todavía no existe una estimación oficial pública del costo de las exenciones concedidas por el RIGI.
Según una estimación citada durante la presentación, apenas 12 proyectos, una vez en pleno funcionamiento, podrían generar un costo fiscal equivalente al 0,25% del PBI, convirtiendo al RIGI en el principal gasto tributario entre los regímenes de promoción económica. Otro cálculo mencionado estimó una pérdida de recaudación cercana a u$s 1800 millones anuales.
El Observatorio reclama que el costo del régimen aparezca en la separata de gastos tributarios del Presupuesto 2027.
Desde el Gobierno argumentan que las inversiones no estaban aseguradas sin el régimen.
La discusión también es distributiva. Ganancias, retenciones y aranceles son recursos nacionales. Mientras algunas provincias pueden aumentar regalías o actividad económica, buena parte del sacrificio fiscal recae sobre el Estado nacional.
Para Gaggero, esto puede profundizar la regresividad: grandes compañías acceden a un régimen tributario privilegiado mientras empresas de otros sectores, incluidas pymes industriales, permanecen bajo el esquema general.
“El RIGI se aleja de las iniciativas globales que buscan combatir la elusión fiscal y establecer un piso común de tributación corporativa, como el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE y el G20″, plantea el documento elaborado por investigadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/ UNSAM), entre otros.
El debate por la recaudación
Dos años después, el debate empieza a desplazarse: qué economía queda detrás de esas inversiones.
Los datos del Observatorio muestran una fuerte concentración en hidrocarburos y minería, junto con beneficios garantizados por tres décadas, un costo fiscal aún sin estimación oficial e interrogantes sobre el empleo, los proveedores locales, el agua y el ambiente.
El Estado, mientras tanto, no desaparece, señaló Novas y explicó que cambia de función: otorga beneficios tributarios, garantiza condiciones jurídicas de largo plazo.
A la par se creó una Unidad de Seguridad Productiva, que el CELS vincula con una estrategia para intervenir frente a la conflictividad en actividades consideradas estratégicas.
A dos años de su sanción, el interrogante ya no es sólo cuántas inversiones puede atraer el RIGI, sino cuánto está dispuesto a resignar el Estado para conseguirlas y cómo se distribuirán sus beneficios y costos en el territorio.
Entre las limitaciones, los investigadores señalaron que el RIGI, puede profundizar las desigualdades entre provincias ya que las potenciales regalías se concentrarán en distritos mineros e hidrocarburíferos, mientras el Estado al resignar recaudación pierde capacidad para equilibrar esas diferencias.
