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A dos años de su creación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empieza a mostrar un balance más complejo que el que ofrecen por separado las cifras de proyectos anunciados, solicitudes presentadas o inversiones aprobadas. El esquema consiguió instalar una cartera de grandes desarrollos que supera ampliamente la escala que tenía durante sus primeros meses, pero todavía enfrenta la prueba decisiva: convertir esos compromisos en desembolsos, obras, producción y exportaciones.

El recorrido muestra una aceleración clara. A mediados de 2025, los documentos oficiales registraban apenas cuatro proyectos aprobados por más de u$s 12.000 millones. Para junio de 2026, la plataforma oficial del Ministerio de Economía informaba 16 iniciativas aprobadas por u$s 29.892 millones y otras 25 en evaluación por u$s 111.037 millones.

Las cifras continuaron modificándose a medida que el comité evaluador incorporó nuevas iniciativas. Las notas analizadas posteriormente registran 19 megaproyectos aprobados distribuidos en diez provincias y compromisos superiores a u$s 30.000 millones, mientras nuevos desarrollos siguieron ingresando al régimen.

La fotografía, por eso, cambia según la fecha de corte. No se trata necesariamente de inconsistencias: las distintas cifras reflejan un proceso en movimiento, con proyectos que pasan de evaluación a aprobación y otros que recién ingresan al sistema.

Pese al superávit y el plan del Banco Central (BCRA) para engrosar las reservas, el indicador no logra romper el piso de los 500 puntos.
Pese al superávit y el plan del Banco Central (BCRA) para engrosar las reservas, el indicador no logra romper el piso de los 500 puntos.AP Photo/Matilde Campodonico

Del arranque gradual a una cartera multimillonaria

El RIGI nació como uno de los capítulos centrales de la Ley Bases, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y un esquema de estabilidad de largo plazo destinado a inversiones de gran escala. Su reglamentación definió los sectores habilitados y las condiciones que debían cumplir los Vehículos de Proyecto Único para acceder al régimen.

El primer año tuvo un avance gradual. Los proyectos iniciales permitieron comprobar qué sectores estaban dispuestos a utilizar el instrumento: energía, petróleo y gas y minería aparecieron rápidamente como los principales demandantes.

Esa tendencia se profundizó durante el segundo año. Entre los desarrollos incorporados aparecen proyectos de cobre, litio y oro; infraestructura petrolera y gasífera; generación renovable y producción de gas natural licuado.

La concentración sectorial es uno de los rasgos más claros del balance. Un relevamiento del Observatorio del RIGI calculó que, a mayo de 2026, más del 98% del volumen de inversión anunciado correspondía a minería e hidrocarburos. Dentro de ese universo, el petróleo representaba u$s 34.150 millones, el cobre u$s 31.313 millones, el GNL u$s 22.847 millones y el litio u$s 14.283 millones.

El cobre y el litio cambiaron la escala minera

La minería se transformó en uno de los principales motores del régimen. En litio, el RIGI incorporó proyectos en Salta, Catamarca y Jujuy, mientras el cobre abrió una nueva escala de inversiones.

Entre las aprobaciones aparece la segunda etapa de Sal de Oro, de la surcoreana Posco, en Salta y Catamarca. La inversión prevista ronda los u$s 547 millones y busca ampliar la producción de carbonato de litio para exportación.

También ingresó Tres Quebradas, en Catamarca, operado por Liex, del grupo chino Zijin Mining. El proyecto contempla una inversión de u$s 709 millones, una capacidad de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y exportaciones estimadas en alrededor de u$s 400 millones por año. Su aprobación marcó además el primer ingreso al RIGI de una empresa de capitales chinos.

Pero el salto más significativo provino del cobre. Vicuña, en San Juan, elevó la escala potencial con un plan que contempla inversiones de largo plazo por hasta u$s 18.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó inversiones mineras por casi u$s 10.000 millones vinculadas con la provincia y el impacto esperado sobre las exportaciones. El resultado es que, en apenas dos años, el RIGI pasó de tener una cartera inicial relativamente acotada a quedar estrechamente vinculado con el desarrollo futuro del cobre y el litio argentino.

Vaca Muerta, el otro motor

La energía explica la otra mitad de la expansión. El crecimiento de la producción de Vaca Muerta generó la necesidad de sumar infraestructura para transportar petróleo y gas y, al mismo tiempo, abrió la posibilidad de desarrollar una plataforma exportadora de mayor escala.

Entre los proyectos impulsados bajo el régimen aparecen infraestructura de transporte de crudo, generación eléctrica, ampliaciones gasíferas y producción de GNL. El denominador común es la búsqueda de capacidad adicional para transformar el aumento de la producción en mayores exportaciones.

El RIGI también fue ampliado para incorporar nuevos desarrollos de producción de petróleo y gas, con un piso de inversión de u$s 600 millones para determinados proyectos onshore. En febrero de 2026, además, el Gobierno prorrogó por un año el período de adhesión, hasta julio de 2027.

La extensión del régimen muestra un cambio respecto del diseño inicial: el Ejecutivo decidió mantener abierta la ventana para captar proyectos que requieren períodos prolongados de estructuración financiera y técnica.

Francisco Marotta

El proyecto que lleva el RIGI a otra dimensión

Ese proceso alcanzó una nueva escala con Argentina LNG, el proyecto encabezado por YPF junto con ENI y XRG.

La iniciativa fue presentada al régimen con una inversión proyectada de u$s 51.000 millones, lo que la convierte en la mayor propuesta de inversión vinculada al RIGI entre los documentos analizados. El plan prevé desarrollar una cadena integrada para transportar el gas de Vaca Muerta, licuarlo y exportarlo desde Río Negro.

El proyecto contempla una capacidad aproximada de 12 millones de toneladas anuales de GNL y estima exportaciones de hasta u$s 30.000 millones por año durante dos décadas. También proyecta alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la construcción y unos 4000 durante la operación.

Hay, sin embargo, una diferencia fundamental con los proyectos que ya recibieron aprobación: los u$s 51.000 millones corresponden a una iniciativa presentada y no pueden contabilizarse como inversión aprobada ni como desembolso realizado.

La distinción explica por qué las cifras globales del RIGI pueden diferir significativamente según se consideren únicamente proyectos aprobados, solicitudes en evaluación o grandes inversiones anunciadas.

La prueba de los dólares que efectivamente ingresan

Después de dos años, esa diferencia se convirtió en el principal punto para evaluar el régimen.

Los proyectos aprobados representan compromisos de inversión que se ejecutarán durante varios años. Una mina de cobre, un oleoducto o una planta de licuefacción requieren ingeniería, permisos, financiamiento, contratación, construcción y puesta en marcha antes de alcanzar plena operación.

Por eso, el volumen de inversiones anunciado no equivale al ingreso inmediato de divisas. El propio balance del primer año ya mostraba esa brecha entre los montos comprometidos y los dólares efectivamente desembolsados.

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Un relevamiento basado en información pública obtenida en abril de 2026 señaló que, para los primeros 12 proyectos aprobados, el Gobierno preveía desembolsos por u$s 1920 millones durante los primeros dos años. El número es sustancialmente menor que los montos totales comprometidos, aunque debe interpretarse dentro de cronogramas de inversión que en muchos casos se extienden durante varios años.

Esa diferencia no implica por sí sola que los proyectos no vayan a ejecutarse. Sí establece una frontera entre dos maneras de medir el RIGI: por el volumen potencial de inversiones que consiguió atraer o por el capital que ya se transformó en actividad económica concreta.

Las primeras obras empiezan a modificar el balance

El segundo año comenzó a aportar otro indicador: algunos proyectos dejaron de ser solamente compromisos de inversión.

El Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, se convirtió en el primer proyecto aprobado bajo el RIGI en entrar en operación. Su primera etapa comenzó a funcionar en diciembre de 2025 y la inauguración formal se realizó en 2026. La inversión total ronda los u$s 212 millones.

Ese paso es relevante porque abre una nueva fase para evaluar el régimen. A medida que más iniciativas entren en construcción y posteriormente en producción, el análisis podrá desplazarse desde los montos anunciados hacia indicadores concretos: inversión ejecutada, empleo generado, producción adicional y exportaciones.

La cartera también muestra que el impacto será desigual en el territorio. Las provincias con recursos mineros y aquellas vinculadas con Vaca Muerta concentran una porción sustancial de los proyectos, mientras que otras jurisdicciones tienen una participación mucho menor.

Dos años después, el RIGI entra en su etapa decisiva

El balance de los primeros dos años presenta así dos caras.

Por un lado, el régimen consiguió conformar una cartera multimillonaria de proyectos, atraer empresas internacionales y nacionales y colocar bajo un mismo esquema desarrollos que pueden modificar la capacidad exportadora de minería y energía. La incorporación de nuevos proyectos y la presentación de Argentina LNG muestran que el flujo de iniciativas no se agotó después del lanzamiento.

Por otro, todavía existe una distancia considerable entre inversión proyectada, inversión aprobada y desembolsos efectivos. Esa brecha será cada vez más importante para medir el resultado económico del programa.

El Gobierno decidió extender la adhesión hasta 2027 y ampliar las actividades alcanzadas. También incorporó infraestructura ferroviaria y abrió el régimen a nuevos desarrollos de hidrocarburos, una señal de que la política seguirá ocupando un lugar central dentro de su estrategia para captar capital. Los primeros dos años, entonces, permitieron construir la cartera. La siguiente etapa será la de la ejecución. El resultado del RIGI ya no dependerá solamente de cuántos miles de millones de dólares acumulen los anuncios, sino de qué proporción de esos proyectos consigue financiamiento, inicia obras, entra en producción y genera el salto exportador con el que fue concebido el régimen.