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El debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se activará la semana que viene en el Congreso, apenas termine el receso invernal. El proyecto que el presidente Javier Milei presentó el jueves por cadena nacional ya fue remitido a la Cámara de Diputados: los primos días de la semana que viene girará a comisiones y comenzarán las reuniones de trabajo para delinear la estrategia.
Si bien el texto ya fue enviado, por cuestiones administrativas recién podrá tomar estado parlamentario el lunes, informaron desde el Congreso. En tanto, según pudo saber El Cronista, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, ya piensa para el martes reunir a todos los jefes de bloque de La Libertad Avanza y de las bancadas aliadas, con el objetivo de definir un cronograma de trabajo.
Ese día se conocerán los plazos estimados para el debate en comisión, la fecha tentativa para llevar el proyecto al recinto y si funcionarios del Poder Ejecutivo expondrán en la Cámara antes de la firma del dictamen. Un dato clave que deberá resolverse es cuántas comisiones tendrán a su cargo el tratamiento: a priori, tal como adelantó este medio, se espera que se gira a Finanzas, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.
Dichos cuerpos son los que dieron despacho a la reforma de Mercedes Marcó del Pont en el 2012. No obstante, fuentes del oficialismo le acercaron a El Cronista que también están evaluando si corresponde que se gire a Legislación Penal por la incorporación de sanciones penales por emisión monetaria.
Todas las comisiones, de todos modos, tienen titulares de La Libertad Avanza: Bertie” Benegas Lynch (Presupuesto), Santiago Pauli (Finanzas), Santiago Santurio (Legislación General) y Laura Rodríguez Machado (Penal). El desafío no será la coordinación de trabajo en sí, pero la recolección de firmas, ya que deberá acumular la mayoría de las cuatro comisiones.
El mismo martes que viene también se reunirá de nuevo la Mesa Política del Gobierno, que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El cónclave no pudo mantener su encuentro habitual la semana pasada porque la hermana del Presidente se encontraba en Perú, adonde viajó junto al jefe de Estado y el canciller Pablo Quirno pe para la asunción de la mandataria Keiko Fujimori.
El oficialismo apunta a una o dos sesiones en agosto, en las que también se tratarían la ampliación de “Inocencia Fiscal” y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, esta última con un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados.
Por su parte, el anuncio presidencial generó reacciones inmediatas en el arco legislativo y, a priori, son en su mayoría positivas. Uno de los puntos a favor del oficialismo es que la reforma hace que el Congreso tenga un rol vinculante con la designación y remoción del directorio del BCRA, algo que hasta ahora había sido a dedo del Ejecutivo y solo con dictamen simbólico del Senado. Por eso, ven que va a ser más difícil que haya oposiciones.
Si bien no asoman dudas de que el proyecto se apruebe, lo que será clave es ver qué tan fiel será el texto final a la versión original que planeó el Presidente junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del BCRA, Santiago Bausili.
El diputado nacional Lisandro Nieri, de la Unión Cívica Radical y aliado habitual del oficialismo en la Cámara baja, celebró la iniciativa y recordó que presentó un proyecto propio en 2022, en la misma dirección. “De los cinco puntos que citó Milei, cuatro los abarca mi propuesta”, señaló en declaraciones radiales. Desde el PRO, otro de los partidos aliados, también celebraron la iniciativa: por caso, Mauricio Macri también había intentado llevar esta reforma adelante, sin éxito.
Desde la oposición dialoguista, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, respaldó el objetivo de fortalecer la independencia del BCRA, pero planteó reparos institucionales. “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122”, sostuvo en su cuenta de la red social X. El legislador porteño también advirtió una asimetría en el texto: el proyecto exige dos tercios para remover a los directores del Banco Central, pero no fija una mayoría equivalente para su designación.
En definitiva, lo que plantean los opositores es que de poco servirá garantizar la “independencia” del BCRA pidiendo una mayoría especial para la remoción del directivo si la ley que establece esa regla puede modificarse con mayoría simple o, incluso, por DNU, siendo que los Presidentes aprovechan la herramienta legislativa de urgencia para modificar leyes a gusto.
El peronismo no se espera que acompañe, siendo además los creadores de la reforma que justamente busca revertir el Presidente Milei. La diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria y directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), difundió un informe de ese centro de estudios con observaciones a la reforma.
El documento cuestiona, en primer lugar, la definición de un mandato único centrado en la preservación del valor de la moneda: según el CEPA, se trata de una excepción a nivel internacional, ya que la mayoría de los bancos centrales de la región y del mundo combinan la estabilidad de precios con otros objetivos, como el empleo o el desarrollo del sistema financiero.
El CEPA plantea, además, una segunda observación: que la actual gestión utilizó las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro por un monto acumulado equivalente a USD 24.200 millones y que, en distintas oportunidades, funcionarios del Poder Ejecutivo intervinieron en decisiones de política monetaria que corresponderían a la autoridad del Banco Central, según el organismo.
Qué dice el proyecto
El proyecto que Milei establece que la misión primaria y fundamental del Banco Central pasa a ser exclusivamente la preservación del valor de la moneda, en reemplazo del mandato múltiple que incorporó la reforma de 2012. El segundo refuerza la independencia institucional: la remoción de directores solo podrá decretarse por causales taxativas y con aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, y se elimina la participación del ministro de Economía en las sesiones del directorio.
El tercer eje prohíbe de manera absoluta el financiamiento del Banco Central al sector público nacional, provincial y municipal, con la derogación de los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario. Por otro lado, reformula el régimen de utilidades: solo podrán distribuirse al Tesoro las ganancias realizadas y líquidas, no las originadas por variaciones cambiarias o del valor del oro.
En ese sentido, orrdena de manera transitoria que esos resultados se apliquen a cancelar las Letras Intransferibles y los adelantos que el Tesoro mantiene con la entidad. Y, por último, agrupa adecuaciones operativas, como una nueva regulación de los sistemas de pago y la actualización del régimen de reservas internacionales.
