El Ministerio de Justicia, desde la llegada de Juan Bautista Mahiques, viene acumulando récords de nombramientos judiciales y buscará anotarse en los próximos meses una serie de vacantes clave para el año 2027. El foco del ministro está puesto, en esta etapa final y tal como había anticipado El Cronista, en los juzgados federales con competencia electoral, una pieza sensible en el tablero judicial por su rol en la organización de los comicios.
Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, el Ministerio acumula 231 pliegos elevados. De ese total, 166 ya cuentan con designación firme -número récord festejado por Casa Rosada-, 49 permanecen en trámite en el Senado y 16 esperan la firma presidencial. Las mismas fuentes precisaron que ese número se actualiza a diario y que el envío de nuevas camadas de pliegos al Senado se sostiene en un promedio de una tanda cada 15 días.
“Tras los decretos publicados este 8 de septiembre, Javier Milei alcanzó las 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores en un solo año, la cifra más alta registrada en el país para un mismo período. Un verdadero cambio de época para el Poder Judicial. La cobertura acelerada de vacantes históricamente frenadas permite alivianar la carga en los tribunales, agilizar los tiempos procesales y modernizar la estructura de la justicia”, celebró Mahiques en publicaciones de redes sociales.
Por su parte, en el Consejo de la Magistratura de la Nación suma en el Mapa Dinámico de Concursos, una herramienta pública que cruza información propia con la del Senado y el Boletín Oficial, actualizado al viernes 11 de septiembre registra 75 concursos en trámite, 159 vacantes en proceso de selección dentro del propio Consejo, 85 vacantes en revisión del poder Ejecutivo y 25 en trámite en el Senado.
De los distritos con juzgado federal de competencia electoral en danza, El Cronista pudo confirmar que hay cuatro que cuentan con terna ya aprobada por el Consejo de la Magistratura y elevada al Poder Ejecutivo, según los comunicados oficiales del organismo. Desde el ministerio todavía no deslizaron una fecha estimativa para enviar los pliegos, pero fuentes allegadas a la negociación aseguraron a El Cronista que buscarán enviarlos en el corto plazo.
Para el Juzgado Federal N°1 de San Juan (Concurso N° 486), la terna está integrada por Luis Ezequiel Recio Bogni, Gema Raquel Guillén Correa y Gonzalo Luis Gassull, aprobada el 18 de diciembre de 2024. Para el Juzgado Federal N°1 de Tucumán (Concurso N° 462), compiten Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella, con terna aprobada el 30 de octubre de 2024.
Para el Juzgado Federal de Viedma, en Río Negro (Concurso N° 458), la terna quedó conformada por Leandro Agustín Gómez Constenla, el propio Carlos Ezequiel Oneto y Verónica Andrea Medina, aprobada el 10 de julio de 2024. La única incorporación reciente es Corrientes, donde la terna de Diómedes Guillermo Rojas Busellato, Juan Carlos Vallejos y María del Carmen Mareco se aprobó en junio de este año.
Según fuentes judiciales consultadas por este diario, los juzgados electorales de Neuquén y Santa Fe continúan vacantes, un escalón atrás de los cuatro anteriores porque ni siquiera cuentan con una terna elevada al Poder Ejecutivo. En el caso de Neuquén, el proceso de selección en el Consejo de la Magistratura ni siquiera tiene jurado sorteado para las entrevistas a los postulantes.
Los juzgados electorales de Resistencia, Chaco, y San Salvador de Jujuy presentan una situación distinta a la del resto. “Tienen situaciones particulares porque se trata de jueces trasladados”, describieron fuentes judiciales.
En ambos casos, el cargo está ocupado por un magistrado que llegó por un traslado desde otro juzgado y no por concurso, por lo que debe competir nuevamente para acceder al puesto de manera definitiva, en línea con lo que estableció la Corte Suprema en el fallo de noviembre de 2020 sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
En Jujuy, ese concurso ya está en trámite en el Consejo de la Magistratura, según confirmaron a El Cronista.
El Juzgado Federal N°1 de Córdoba capital, también con competencia electoral, está en una etapa anterior. El Consejo de la Magistratura recién llamó a concurso para ese cargo en octubre de 2024 y todavía no aprobó una terna. También están vacantes los juzgados electorales de Neuquén, Mendoza, y Misiones.
A este complejo rompecabezas operativo y de infraestructura se le suma el capítulo más político y sensible de la ingeniería electoral: la negociación por la eliminación o modificación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que comenzará a tratarse el próximo 15 de septiembre.
Este viernes el catamarqueño Raúl Jalil sacudió el tablero cuando anunció que en su provincia no desdoblará las elecciones, lo cual implica un gesto contundente a favor de la negociación con el oficialismo. “Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños”, anunció el jefe provincial aliado en X.
Muchas provincias ya tomaron la decisión opuesta para despegarse de la elección nacional, tal como preveían en Nación. Chaco y Tierra del Fuego lo harán por mandato constitucional, mientras que Mendoza, Santa Fe, Salta, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos y San Juan ya preparan la ingeniería para adelantar las urnas. El caso testigo es Tucumán, donde Osvaldo Jaldo rompió filas de forma definitiva y fijó los comicios provinciales para el 9 de mayo de 2027.
Algunos que buscan la reelección están en medio de procesos judiciales. El gobernador Gustavo Sáenz, que transita su segundo mandato, abrió una fuerte pulseada constitucional al dejar abierta la puerta para competir por un tercer período consecutivo en 2027.
El núcleo del conflicto radica en la reforma constitucional provincial de 2021: el oficialismo salteño argumenta que, al haberse modificado el texto de la Carta Magna, el periodo 2023-2027 debe interpretarse legalmente como su “primer mandato”, una pirueta jurídica que la oposición libertaria y kirchnerista ya comenzó a impugnar en los tribunales locales denunciando un intento de perpetuación.
Para blindar su estructura y evitar que la judicialización de su candidatura nacionalice la campaña, Sáenz no solo modificó la ley electoral para reinstaurar un sistema de sumatoria de votos similar a la ley de lemas, sino que además anunció que evalúa desdoblar y fijar las elecciones provinciales para mayo de 2027.
Al votar con sus propios calendarios y juntas electorales locales, los gobernadores blindan sus territorios y transforman la disputa por los juzgados federales vacantes en una pelea que afectará casi exclusivamente al armado de las bancas legislativas nacionales.
Toda esta fragmentación impactará de lleno en el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, que se estrenará por primera vez para una elección presidencial. Mientras que para los cargos locales votarán bajo normativas provinciales, los juzgados federales de cada distrito -hoy mayoritariamente acéfalos- deberán asumir la titánica tarea logística de aprobar los nuevos diseños de la BUP nacional, distribuir los materiales y capacitar a las autoridades.
