Mientras los revuelos diplomáticos por la fuga de Flávio Bolsonaro atravesaron la agenda política, Diputados consiguió dictaminar este miércoles la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Para eso, el oficialismo tuvo que ceder a la negociación del peronismo que acordó con Patricia Bullrich en el Senado.
El oficialismo aceptó en Diputados los cambios que el Senado introdujo al proyecto estrella del presidente Javier Milei y abandonó el intento de recuperar el texto original, después del fracaso de la negociación que encabezó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con Unión por la Patria.
Con 44 firmas, el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda dejó listo un dictamen que consagra la versión de la Cámara alta: la remoción del presidente, el vicepresidente y los directores del BCRA quedará en manos exclusivas del Senado, con la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, 37 votos.
La decisión cerró una pulseada que se extendió durante un mes. El Senado aprobó ese artículo el 24 de septiembre por 66 votos contra 2, con el respaldo del peronismo. El bloque que comanda José Mayans había votado en contra de la reforma, pero apoyó esa votación en particular adrede para blindar esa modificación. Diputados, de querer insistir, debía conseguir los dos tercios.
Eso es porque el artículo 81 de la Constitución establece que cuando la cámara revisora introduce modificaciones con dos tercios, la cámara de origen solo puede insistir con su redacción con la misma mayoría. En la práctica, el oficialismo necesitaba más de 170 votos en el recinto, una cifra inalcanzable sin Unión por la Patria. En agosto, la reforma había salido de Diputados con 144 votos afirmativos.
Menem intentó ese camino. El riojano buscó un acuerdo con el bloque que conduce Germán Martínez para que la remoción pasara por los dos recintos. La ambición se sostenía en base a que los propios diputados de UP se verían beneficiados, ya que de esa manera iban a tener voz y voto en la remoción de las autoridades del Banco Central.
Había, además, un plan alternativo: resignar la exigencia de dos tercios que contemplaba el proyecto original, ya que en todo el arco político existe coincidencia en que solo la Constitución puede imponer mayorías agravadas, y sostener la intervención de ambas cámaras por mayoría absoluta. Sin embargo, Martínez optó por no llevar la discusión a su bancada y la alternativa se cayó.
El oficiamos había estado predispuesto a resignar a los dos tercios por una inconsistencia normativa: solo la Constitución puede exigir mayorías especiales, y un proyecto de ley que puede ser modificado por mayoría simple no tenía sentido que pida mayorías de dos tercios. Cualquiera que quisiera modificar esa exigencia lo podía hacer con mayoría simple.
El esquema que se impuso en el Senado había sido negociado por la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta con los aliados y con el peronismo, a partir de un reclamo de los gobernadores, que tienen mayor peso en ese recinto. La gestión de Menem apuntaba a desarmar ese acuerdo.
En una primera instancia, los jefes provinciales buscaron tener más incidencia en el nombramiento de autoridades con la exigencia de que los cupos tengan criterio de “federalismo”. Habían conversado con la Mesa Política, que estaba dispuesta a otorgar esa concesión, pero finalmente no prosperó. Al empoderar el Senado, se aseguraron entonces de tener mayor peso en la negociación.
El plenario en Diputados que presidieron los libertarios Santiago Pauli y Bertie Benegas Lynch duró unos 20 minutos. Contó con 44 firmas, pero no las de UP. El exjefe de Gabinete y diputado Agustín Rossi puso el foco sobre Santiago Bausili. El santafesino sostuvo que la intención del Gobierno de garantizar la continuidad de las autoridades del Banco Central quedó debilitada y advirtió que, si el peronismo gana las elecciones del año próximo, conseguirá la mayoría necesaria para desplazar al titular de la entidad si no renuncia.
El dato no es menor. Bausili y su directorio ejercen hoy en comisión, sin acuerdo del Senado, una práctica habitual porque los pliegos suelen quedar congelados en la Cámara alta. Con la ley vigente, el Presidente puede remover a las autoridades del BCRA cuando lo decida, con una consulta no vinculante a una comisión del Congreso.
La reforma, en cambio, le otorga al Senado un poder que hoy no tiene: tanto el acuerdo para los nombramientos, con mandatos de seis años, como cualquier destitución anticipada, dependerá de 37 senadores. El Gobierno prevé enviar el pliego de Bausili una vez sancionada la ley.
Más allá de la disputa por la remoción, el resto del proyecto no sufrió objeciones del oficialismo ni de los aliados. La reforma establece como misión única del BCRA la preservación del valor de la moneda y elimina los objetivos de empleo y desarrollo económico con equidad social incorporados en 2012. Además, deroga los adelantos transitorios al Tesoro, prohíbe los préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, e impide la compra de deuda pública en el mercado primario.
El texto también modifica el régimen contable de la entidad: solo podrán transferirse al Tesoro utilidades efectivamente realizadas, mientras que las ganancias derivadas de una devaluación o de la revalorización del oro pasarán a reservas especiales. A su vez, deroga el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad, que habilitaba el uso de las reservas de libre disponibilidad a cambio de letras intransferibles, declara la inembargabilidad de las reservas internacionales y elimina la participación del ministro de Economía en las reuniones del directorio.
Con el dictamen firmado, el oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el 18 o el 25 de noviembre para su sanción definitiva. La fecha, sin embargo, convive con otra negociación abierta, ya que la primera fecha fue planteada para tratar el Presupuesto 2027 y este mismo miércoles LLA postergó su dictamen.
Por ahora, mantienen la intención de realizarla y dictaminar el día anterior. La otra fecha está puesta sobre la mesa por si fracasa esa negociación, y para otras reformas pendientes: Ley de Soberanía Nacional, BCRA y Biocombustibles.
