En esta noticia
Este lunes el Gobierno recibió un fuerte golpe de la Justicia bonaerense luego de, a apenas dos días después de la entrada en vigencia de la norma, una juez de Lomas de Zamora suspendiera por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en toda la provincia y los referentes del oficialismo apuntaron contra el gobernador Axel Kicillof como el responsable del freno.
La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, resolvió este lunes la suspensión preventiva del nuevo Régimen Penal Juvenil a raíz de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en representación de adolescentes que podrían quedar alcanzados por el nuevo sistema.
La juez no se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 27.801, sino sobre las condiciones materiales para su instrumentación inmediata. En los fundamentos, Pascual planteó que el actual sistema provincial de privación de la libertad “no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias” para afrontar un eventual incremento en la cantidad de adolescentes detenidos como consecuencia de la nueva normativa.
“Eso es una mentira la presentaron los que siempre están en contra”, sostuvo la jefe de bloque del Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diálogo con El Cronista.
“No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente.Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, defendió en declaraciones con Now 97.9 la propia juez anoche. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los joven”, agregó.
La resolución también hizo referencia al estado de los dispositivos de privación de la libertad de la Provincia, entre ellos el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, y consideró que ese estado de situación no permite recibir una mayor cantidad de adolescentes sin agravar su condición de vulnerabilidad.
La juez sostuvo en el fallo, además, que no era necesario esperar a que se produjera una vulneración efectiva de derechos para que la Justicia interviniera de manera preventiva, en particular cuando se trata de niños y adolescentes.
La reacción dentro de los referentes del oficialismo fue inmediata contra Axel Kicillof. Por un lado, la propia Bullrich, quien estuvo a cargo de todo el trabajo que conllevó la ley sancionada, aseguró que el gobernador “se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad” y extendió el cuestionamiento a la Justicia provincial, a la que calificó de “garantista” por dejar en libertad a quienes, según su descripción, “siguen robando, asesinando y destruyendo familias”.
La senadora completó su descargo al hablar de “terror” por vivir en una provincia que, en su caracterización, “ignora a los argentinos de bien” y donde “el delincuente tiene vía libre” y “si las hace, no las paga”.
La reacción de Bullrich se sumó a la de otros dirigentes libertarios, entre ellos el jefe de Gabinete y posible candidato a la gobernación bonaerense, Diego Santilli: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”, sostuvo.
Más tarde, al ser consultado sobre su postura frente a la decisión judicial, el ministro-coordinador respaldó la idea de un pedido de juicio político contra la magistrada: Marta Elba Pascual: “Sí, está claro que sí. Está claro que la Argentina lo debatió, está claro que no se puede volver atrás- ¿Qué le decimos a la familia de las personas que han fallecido como consecuencia de menores matando gente? Y, además, ya lo ya se debatió esto en el parlamento. ¿En qué materia se debatió? En que, si hay un crimen, tiene que haber un castigo”.
Si bien no hubo respuesta por parte del jefe provincial, sí salió al cruce con el ministro coordinador el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso: “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible? ¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial?“, le cuestionó.
Santilli le respondió, a su vez, llamándolo “ministro de Inseguridad” y lanzó: “¿Por qué no se sienta con el gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?“. El jefe de Gabinete este martes también se refirió a la denuncia penal que impulsó Usina de Justicia, un foro por los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad ciudadana, por usurpación funcional y abuso de autoridad en conjunto con Fernando Soto.
“Está claro que sí, está claro que la Argentina lo debatió, que no se puede volver atrás, ¿qué le decimos a las familias de los que han fallecido como consecuencia de menores matando gente? Ya se debatió esto en el Parlamento”, sostuvo el ministro ante declaraciones radiales.
También salió al cruce el diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, quien también cuestionó a la magistrada y reclamó la aplicación inmediata de la reforma. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, sostuvo en una publicación que difundió por redes sociales.
También se hizo presente en la discusión el diputado y titular de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, quien afirmó que “Kicillof garantiza la impunidad del delincuente” y calificó la suspensión judicial como “el ejemplo más claro de que la crisis que atraviesa la Provincia es consecuencia del modelo del gobernador”. Pareja sostuvo que la gestión bonaerense “convirtió al Conurbano en un infierno por sus caprichos garantistas”.
El dirigente definió a la Ley 27.801 como “una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir” y contrapuso esa definición con lo que llamó la insistencia del gobierno provincial “con un sistema que garantiza impunidad”. Pareja remarcó que la norma “no es una decisión unilateral del Gobierno nacional, sino una ley que debatimos y aprobamos en el Congreso de la Nación, cumpliendo todas las etapas correspondientes”.
Pareja calificó como “profundamente antidemocrático” cualquier intento de “neutralizarla por anteojeras ideológicas” y pidió “terminar con esta locura y recuperar el sentido común, con los delincuentes encerrados y las personas de bien libres”.
El Régimen Penal Juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil fue sancionado por el Congreso el 27 de febrero de 2026, promulgado mediante el Decreto 138/2026 y publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo de ese año. Su artículo 52 fijó un plazo de 180 días desde la publicación para su entrada en vigencia, cumplido el 5 de septiembre.
A nivel nacional, el Congreso le asignó una partida presupuestaria específica para financiar la puesta en marcha del nuevo esquema institucional: $23.739.155.303,08, destinada a sostener el andamiaje de implementación de la Ley 27.801 (Comité Interministerial, Mesa Federal y estructuras conexas). Ese presupuesto se desglosa en $3.131.996.784,28 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 para la Defensoría General de la Nación.
La norma reemplaza al decreto-ley 22.278, que regulaba el régimen de menores desde 1980 con un piso de punibilidad de 16 años. El cambio central de la reforma es la baja de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años para adolescentes que cometan delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, hasta el momento en que cumplen 18 años.
La ley prevé un esquema de respuestas graduales según la gravedad del delito, que incluye medidas educativas, reparación del daño, servicios comunitarios, reglas de conducta y amonestación, además de sanciones alternativas para delitos con penas de entre tres y diez años. La pena privativa de la libertad queda reservada para los delitos más graves, con un máximo de 15 años incluso en caso de concurso de delitos, y se prohíbe la prisión perpetua para menores de edad.
El decreto reglamentario, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designa al Ministerio de Justicia como Autoridad de Aplicación de la ley a nivel nacional y federal, crea el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil para coordinar la actuación de los ministerios involucrados, elaborar lineamientos de prevención y reinserción, y emitir recomendaciones no vinculantes.
También crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, espacio de articulación entre Nación, provincias y CABA para armonizar criterios técnicos y procesales y establece que la Autoridad de Aplicación deberá poner a disposición de las víctimas un equipo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales.
La suspensión dictada por Pascual, por otro lado, cuestionó la capacidad material del Estado bonaerense para aplicarla sin afectar derechos de los adolescentes alcanzados. Ese punto -la falta de infraestructura y de una política presupuestaria específica para la implementación- fue señalado como una de las principales incógnitas que rodearon la entrada en vigencia de la norma a nivel nacional, dado que no se destinaron partidas específicas a infraestructura y los establecimientos de alojamiento para adolescentes se encuentran, según esas mismas coberturas, saturados.
Además, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre en la sede del tribunal para que las autoridades del Ejecutivo provincial detallen qué acciones se implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos.
