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El Gobierno quiere llevar el atentado contra la AMIA a los tribunales internacionales, según confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión con autoridades de la mutual judía. Según pudo saber El Cronista de fuentes judiciales, están estudiando si pueden presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Internacional de Justicia (CJI).
“Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”, publicó el ministro en su cuenta de X, con fotos del encuentro. Mahiques agregó que la cartera mantiene “un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”.
La iniciativa abre un segundo frente judicial internacional en menos de dos semanas. El 28 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció un procedimiento contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas, y el canciller Pablo Quirno notificó a Londres ese mismo día.
En ese caso, la Argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para cuestionar la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno otorgó a Londres dos semanas para frenar las actividades vinculadas a Sea Lion, y si no lo hace pedirá medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
Quirno aclaró que ese arbitraje tiene un objetivo acotado, que es frenar la extracción unilateral de hidrocarburos y no resolver la disputa de soberanía territorial en sí. El Reino Unido objetó la legitimidad del proceso, y la Cancillería respondió con un comunicado en el que sostuvo que Londres no tiene nada que temer si está convencido de su posición.
En el caso de la AMIA, altísimas fuentes al tanto de la iniciativa aseguraron que la idea es avanzar sobre el CPI, aunque otras posibilidades ubican como destino a CIJ, un órgano distinto que también funciona en La Haya, con una eventual demanda contra la República Islámica de Irán.
La diferencia entre ambos tribunales define el tipo de planteo posible. La CIJ resuelve controversias entre Estados, mientras que la CPI juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, por lo que el objeto de la acción serían las responsabilidades penales de los acusados.
La AMIA prevé difundir un comunicado propio sobre el encuentro en las próximas horas. Hasta el cierre de esta nota, la entidad no había fijado una posición pública sobre la vía elegida y se encontraba, en tanto, en un acto público por los tres años del 7 de octubre, cuando ocurrió el ataque de Hamás contra Israel en el 2023.
Por caso, la reunión con la AMIA ocurrió un día después de dicho aniversario. La embajada de Israel realizó aparte un acto reservado en el Palacio Libertad que contó con la presencia de la nueva embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el embajador de EE.UU., Peter Lamelas.
Las trabas en La Haya
El Estatuto de Roma plantea dos obstáculos para el planteo oficial, que de todos modos todavía está en revisión. El primero es temporal: el artículo 11 limita la competencia de la CPI a crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, y el artículo 24 dispone que nadie será penalmente responsable ante la Corte por conductas anteriores.
El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, ocho años antes de esa fecha. Su calificación como crimen de lesa humanidad lo vuelve imprescriptible para la Justicia argentina, pero no extiende hacia atrás la competencia del tribunal internacional.
El segundo obstáculo es el principio de complementariedad, previsto en el artículo 17. La CPI declara inadmisible un caso cuando un Estado con jurisdicción lo investiga o lo juzga, salvo que no esté dispuesto a hacerlo o no pueda hacerlo de manera genuina.
La Justicia argentina avanza con un juicio en ausencia contra los mismos acusados, y el propio Gobierno impulsó ese mecanismo. Para superar el filtro de admisibilidad, el Estado debería demostrar ante la Corte que los tribunales locales no están en condiciones de llevar el proceso a término.
Si el Gobierno optara por la CIJ, el obstáculo sería otro. Ese tribunal solo puede intervenir si el Estado demandado aceptó de algún modo su competencia, sea por un acuerdo especial, por una declaración de aceptación obligatoria o por un tratado que remita a la Corte.
Irán no tiene vigente una declaración de aceptación obligatoria de la jurisdicción de la CIJ. Un acuerdo especial también aparece lejano, porque Teherán rechazó en el pasado la propuesta argentina de juzgar a los acusados en un tercer país.
La alternativa sería invocar un tratado con una cláusula de remisión a la Corte, como las convenciones de la ONU contra los atentados terroristas cometidos con bombas, de 1997, y contra la financiación del terrorismo, de 1999. Ambos instrumentos son posteriores al atentado y, como regla general, los tratados no se aplican a hechos anteriores a su entrada en vigor.
La Argentina conoce ese límite por experiencia propia. En 2014 acudió a la CIJ contra Estados Unidos por el litigio con los holdouts y las decisiones del juez Thomas Griesa, pero el caso nunca se abrió porque Washington no aceptó la jurisdicción del tribunal.
Si la Argentina reclamara por el daño sufrido por sus ciudadanos, Irán podría además objetar que no se agotaron los recursos judiciales en su territorio, un requisito de la protección diplomática. El Gobierno podría sostener que esa vía resulta inútil o que el atentado afectó de manera directa al Estado argentino.
La causa AMIA: en qué quedó
La causa AMIA nunca fue planteada ante la CPI ni ante la CIJ, pese al histórico reclamo. El único tribunal internacional que dictó sentencia sobre el atentado fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un expediente en el que el Estado demandado fue la Argentina.
El caso se originó en 1999 con una petición de familiares nucleados en Memoria Activa, acompañados por el CELS, y en 2005 el Estado reconoció su responsabilidad internacional. En su sentencia de enero de 2024, la Corte IDH concluyó que la Argentina no previno el atentado, no investigó con la debida diligencia el ataque y su encubrimiento y no garantizó a los familiares el acceso a la verdad.
En los tribunales locales, la Cámara Federal de Casación Penal determinó en abril de 2024 que Irán dirigió el atentado y lo calificó como crimen de lesa humanidad. Con la Ley 27.784 de juicio en ausencia, vigente desde marzo de 2025, el juez federal Daniel Rafecas procesó el 21 de septiembre a siete iraníes y un libanés.
Entre los acusados figuran Ali Akbar Velayati, Mohsen Rabbani y Ahmad Vahidi, y el 16 de septiembre Rafecas había sumado al proceso a Alí Asghar Hejazi. Casación todavía debe resolver los planteos sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia, paso previo para que la causa avance hacia un juicio oral.
Las querellas no tienen una posición única sobre ese mecanismo. La AMIA, la DAIA y otros familiares lo respaldaron, mientras que Memoria Activa, APEMIA y la Asociación 18J advirtieron que la causa arrastra problemas estructurales de prueba.
En paralelo sigue abierta la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. La Corte Suprema confirmó la decisión de Casación de enviar a juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios, tras el sobreseimiento que había dictado el Tribunal Oral Federal 8.
