Los docentes de Córdoba aceptaron la última propuesta salarial del Ejecutivo provincial y pusieron fin a un conflicto que se extendió durante varias semanas. La decisión fue tomada por la asamblea de delegados del gremio, que validó la oferta tras una serie de negociaciones. El acuerdo fija una pauta anual desde el 1° de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, con actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suba será acumulativa y alcanzará a todos los componentes del salario, tanto remunerativos como no remunerativos, e incluirá a trabajadores activos y jubilados. La definición corresponde a la provincia de Córdoba, donde la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales de la UEPC resolvió aceptar la cuarta propuesta presentada por el gobierno de Martín Llaryora, tras un prolongado conflicto en el sector. Entre los puntos principales, se estableció un incremento correspondiente a abril que lleva el salario de una maestra de grado a $ 224.500 (23,3%). En el caso de los cargos de 30 horas cátedra, los ingresos alcanzarán los $ 248.796 (18,8%), mientras que los cargos directivos llegarán a $ 304.601 (15,9%). El acuerdo también contempla el pago retroactivo por febrero y marzo. Con esa actualización, los montos ascienden a $ 426.300 para maestras de grado, $ 541.800 para cargos de 30 horas, con eliminación de topes y $ 506.300 para cargos directivos. Uno de los ejes centrales es la continuidad de la compensación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que había sido eliminado a nivel nacional. La Provincia se comprometió a sostener ese ingreso durante toda la vigencia de la paritaria, con una actualización del 92%. También se prevé un refuerzo para jubilados afectados por la quita de ese concepto. El entendimiento incluye la eliminación del tope del complemento remunerativo desde marzo y la no aplicación de descuentos por el paro realizado el 19 de marzo. Además, se devolverá uno de los días previamente descontados. A su vez, se incorporó una cláusula de revisión en octubre para seguir la evolución de la inflación y evaluar posibles ajustes. En paralelo, se definieron mejoras en distintos ítems, un adicional de $ 120.000 para cargos directivos, el reconocimiento de gastos de movilidad para supervisores por $ 400.000 y la actualización de asignaciones familiares según la variación interanual del IPC. Por otra parte, se estableció que los haberes de jubilados con ingresos brutos de hasta $ 1.650.000 se actualizarán con movilidad al mes siguiente de los aumentos otorgados a los activos. También se acordó avanzar en el análisis de la Ley de Equidad Jubilatoria en una mesa de trabajo específica. Con la aprobación de la propuesta, el gremio dio por cerrada la negociación salarial y habilitó la apertura de una mesa laboral para continuar el tratamiento de las condiciones de trabajo en el sistema educativo.