Convocado cuando ya había iniciado su retiro, José Andrés Velis llegó a la Aduana con una misión transitoria que, según distintas fuentes, parece haber entrado en su etapa final.
El funcionario, vinculado políticamente con el asesor presidencial Santiago Caputo, cursa la tercera semana de licencia como titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), bajo la órbita de ARCA.
Aunque no existe una renuncia confirmada, su regreso está en duda. Las fallas expuestas en el sistema aduanero —particularmente en el régimen de courier—, la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo y los reclamos gremiales erosionaron su gestión.
Licencia en curso
Velis lleva más de dos semanas alejado y, aunque oficialmente no se comunicaron cambios, fuentes vinculadas con el comercio exterior dudan de que vuelva al cargo.
En las últimas horas circularon versiones sobre una supuesta renuncia presentada el lunes. Sin embargo, fuentes oficiales de Aduana y ARCA aseguraron que “no hay ningún cambio confirmado”.
Desde su designación, en octubre de 2024, dentro del ecosistema aduanero entendieron que se trataba de una conducción provisoria. “Ya se había medio retirado. Lo fueron a buscar porque tenía buen manejo interno y le pidieron que volviera por un tiempo”, explicó una fuente privada.
Velis acumulaba más de cuatro décadas en la Aduana y había iniciado su retiro cuando fue convocado para conducir el organismo durante la reestructuración que acompañó la disolución de la AFIP y la creación de ARCA.
Su conocimiento técnico y sus vínculos internos aparecían como una ventaja. Sin embargo, las tensiones fiscales, empresariales, sindicales y políticas comenzaron a sobrepasar su tarea.
A eso se sumó la agenda de desregulación, que generó diferencias dentro de ARCA y reclamos de empresarios y trabajadores. Pero el principal factor de presión, hoy, es la interna oficial.
Velis llegó a la conducción por recomendación de Santiago Caputo, con quien mantenía un negocio previo de importación de vehículos.
La charla que expuso las fallas
Uno de los puntos de quiebre ocurrió semanas antes de la licencia, durante una presentación ante Despachantes de Aduana. Allí, Velis reconoció la necesidad de corregir distorsiones en el courier y anticipó una revisión de los controles.
Planteó reforzar la trazabilidad de los envíos, mejorar la información sobre el CUIT y el domicilio fiscal de los operadores e incorporar datos antes de la llegada de las compras al país. También defendió el papel de los despachantes como auxiliares del comercio exterior, una actividad alcanzada por la desregulación que impulsó Federico Sturzenegger (DNU 70/2023).
Durante el encuentro, Velis dejó al descubierto la permeabilidad de algunos controles y las dificultades para acompañar el crecimiento del courier. Además, marcó una diferencia de responsabilidades: “Economía define las normas y la Aduana debe controlar su cumplimiento”.
“Tengo que volver a regular todo lo mal desregulado”, dijo. La definición le valió una llamada de atención. “Después de esa charla lo re cagaron a pedos”, coincidieron fuentes del sector.
La frase expuso una contradicción en uno de los pilares de la política económica: mientras la simplificación es presentada como una eliminación de obstáculos, la conducción operativa reconocíó la necesidad de recuperar controles.
El frente interno
Aunque los trabajadores reconocen en Velis a un funcionario de carrera y con conocimiento técnico, la relación llegó a interrumpirse durante unos dos meses.
El conflicto surgió por el régimen de Exportación Monitoreada (Resolución General 5770/2025) y reglamentado en 2026. El sistema permite controlar a distancia las cargas realizadas en plantas exportadoras y exige a las empresas adheridas contar con cámaras.
Velis respondió inicialmente que la medida no generaría inconvenientes a los funcionarios aduaneros. Tras la publicación de la normativa los trabajadores objetaron, que parte de las responsabilidades y los costos del control se trasladaban a los exportadores.
Aunque el diálogo se recompuso, persistieron los reclamos por la flexibilización de los controles, la falta de personal, el deterioro de la infraestructura y la pérdida salarial.
Una Aduana sin recursos
Si bien la Aduana no fue alcanzada por despidos debido a una cautelar de SUPARA, su dotación se redujo en torno a 1000 puestos, por jubilaciones y retiros voluntarios. Actualmente cuenta con alrededor de 5700 trabajadores: la mitad se concentra en el área metropolitana y el resto debe cubrir provincias, puertos y fronteras.
Desde el sector privado, validan que en los pasos fronterizos, la falta de agentes se combina con la escasez de camionetas, lanchas y escáneres. En Clorinda, por ejemplo, hay trabajadores que alternan entre el paso de automóviles y peatones y el corredor nocturno de cargas, con apenas cuatro horas de descanso, agregó una fuente reservada.
La última compra relevante de vehículos, agregó, se realizó hace tres años, durante la gestión de Guillermo Michel. Desde entonces, distintas unidades fueron dadas de baja sin suficiente reposición.
A la par, la ampliación del courier multiplicó los depósitos y envíos por controlar, pero no el personal ni la tecnología. Incluso en el Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) algunos turnos cuentan con entre dos y cinco agentes para observar las cámaras de puertos, depósitos y aduanas.
El deterioro salarial
Otro frente de tensión interna es el deterioro de los salarios; los básicos de algunas categorías se ubican entre $400.000 y $500.000, mientras que la remuneración final, incluidos los componentes variables, ronda entre $1,3 millones y $1,4 millones.
Una parte relevante depende del fondo de jerarquización, cuyo monto varía con la recaudación y se vio afectado por la reducción de aranceles, retenciones y otros tributos vinculados con el comercio exterior.
