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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y justo antes de presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. ¿Cómo puede impactar esto en las causas judiciales?
El dilema que plantean estas adhesiones no es si el régimen simplificado implica blanquear dólares, sino qué protege y qué no protege cuando se trata de un funcionario bajo investigación. La respuesta, según los tributaristas, es más acotada de lo que parece: el tapón fiscal es tan sólido como la declaración ante la OA que lo sustenta.
“Si se impugna la declaración jurada por una increpancia significativa, cae la presunción de exactitud y cae el tapón fiscal”, sostuvieron los especialistas consultados por El Cronista.
Qué significa adherirse al régimen
La Ley de Inocencia Fiscal (N° 27.799), promulgada a fines de 2025, creó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Es voluntario y está disponible para personas humanas inscriptas en Ganancias con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio total inferior a $10.000 millones, siempre que no estén categorizadas como grandes contribuyentes por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Un dato: el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene pensado enviar modificaciones sobre la ley de Inocencia Fiscal para ampliar el régimen a ese grupo que todavía está excluido. El proyecto todavía no se conoció, pero El Cronista accedió a un borrador.
El mecanismo actualmente funciona así: ARCA precarga una declaración jurada con los ingresos facturados y los gastos deducibles disponibles en sus registros. El contribuyente la revisa, la acepta o la corrige y paga. Si abona en tiempo y forma, obtiene efecto liberatorio respecto del impuesto a las Ganancias de ese período fiscal.
La diferencia central con el régimen general es que en la versión simplificada no se declara el patrimonio al inicio y el cierre del ejercicio ni los consumos personales o las variaciones patrimoniales. Eso es lo que lo vincula popularmente al “dólar colchón”: quien se adhiere no está obligado a justificar de dónde salió lo que tiene.
Tres planos distintos que hay que separar
Los especialistas tributarios consultados por El Cronista advierten que hay que distinguir tres planos que suelen confundirse en el debate público. El primero es la declaración jurada simplificada de Ganancias propiamente dicha: una herramienta administrativa que reduce la carga formal del contribuyente y no es, en sí misma, ni un blanqueo ni una amnistía.
El segundo son los beneficios de tapón fiscal: una vez presentada la declaración simplificada y pagado el impuesto, ARCA tiene un año para detectar discrepancias significativas. Si no las encuentra, ese período queda cubierto por una presunción de exactitud y ya no puede fiscalizarlo. Es decir, se cierra la ventana de inspección hacia atrás.
El tercero es la posibilidad de hacer aflorar activos no declarados (los famosos “dólares del colchón”) sin tener que justificar su origen, ya que el régimen no exige explicar las variaciones patrimoniales. La adhesión al régimen no implica necesariamente que el contribuyente vaya a hacer eso, pero lo habilita.
Esa información queda cubierta por el secreto fiscal: desde afuera no hay manera de saberlo. En tanto, desde el entorno de Adorni salieron a aclarar este miércoles que ni él ni su mujer, Bettina Angeletti, se adhirieron al régimen con el objetivo de blanquear dólares. “No vamos a entrar en ningún blanqueo”, fue la frase que circuló por los chats en las últimas horas.
Oficina Anticorrupción y el presunto enriquecimiento
Lo que advierten los especialistas es que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias no afecta en nada la obligación de todo funcionario público de presentar declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). El secreto fiscal no aplica frente a ese organismo.
“Cualquier funcionario público que se adhiera al Régimen Simplificado de Ganancias -porque no hay limitación-, no es porque no informen el patrimonio a ARCA dejan de tener que informarlo ante la Oficina Anticorrupción. Siguen teniendo la misma obligación. No implica que puedan comprar un inmueble con fondos no declarados”, detallaron.
Si un funcionario no declara ante la OA un bien, una cuenta o un movimiento que sí figura en los registros de ARCA, ese dato puede ser localizado y dar origen a una causa penal por enriquecimiento ilícito. La adhesión al régimen simplificado no opera como escudo frente a ese tipo de investigaciones, que se sustentan en figuras penales distintas a las tributarias.
La ley establece una cláusula que en el caso de Adorni adquiere relevancia particular. Si ARCA verifica que el contribuyente no reunía los requisitos al momento de adherirse —ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio total inferior a $10.000 millones en los últimos tres años, sin categoría de gran contribuyente—, lo excluye del régimen y queda habilitada para fiscalizar sin restricciones, determinar de oficio la materia imponible y aplicar sanciones.
En la práctica, el tapón fiscal es tan sólido como la declaración patrimonial que lo respalda. Si la investigación judicial determina que Adorni tenía un patrimonio real superior al tope al momento de adherirse, la protección que ofrece el régimen simplificado se cae. Esa es exactamente la pregunta que los investigadores federales intentan responder.
Las causas judiciales
Según los registros de la causa que tramita ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, Adorni y su esposa adquirieron en 2025 un departamento en Caballito por el que pagaron 30.000 dólares en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de 200.000 dólares de parte de las vendedoras, dos jubiladas.
Para la Justicia, el foco no está solo en el origen de los billetes físicos, sino en la sospecha de una simulación para ocultar un flujo de fondos no declarado bajo condiciones que no resisten ningún análisis de mercado.
La segunda vía de agua en el patrimonio familiar es la compra de una casa en el country Golf Club Indio Cuá. Lo que el secreto fiscal esconde, un peritaje contable ordenado por el juez Lijo lo puede sacar a la luz: la Justicia busca determinar si los ingresos declarados en los años previos guardan proporción con semejante salto inmobiliario.
El tercer elemento es temporal y estratégico. Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017 pero regularizó formalmente su situación frente al IVA y a Ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años como monotributista. El 31 de mayo de este año se adhirió al régimen simplificado. Adorni hizo lo propio este martes, diez días después.
Ambas solicitudes se presentaron antes de que el funcionario entregue su declaración jurada ante la OA, cuya demora viene siendo señalada por la oposición. La idea es que entre este miércoles y el viernes esa declaración jurada finalmente vea la luz del sol, tal como anticipó El Cronista.
La secuencia tiene un elemento adicional que no es menor: el decreto que reglamentó el Régimen Simplificado de Ganancias lleva la firma del propio Adorni. En diciembre de 2025, antes de que la causa tomara estado público, el funcionario había escrito en sus redes sociales que la Ley de Inocencia Fiscal “probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”.
