A menos de tres semanas de la primera vuelta, Brasil llega a las urnas con una paradoja difícil de leer desde Argentina. Lula y Flávio Bolsonaro aparecen técnicamente empatados en las encuestas de segunda vuelta, con niveles de rechazo tan altos que buena parte del electorado no votará por convicción sino por descarte.
Sin embargo, mientras se discute quién ocupará el Planalto, los partidos brasileños invierten su dinero como si la elección verdaderamente importante fuera otra. Y en buena medida lo es.
La clave está en el presupuesto nacional. Cerca del 92% del gasto federal está atado por ley a gastos obligatorios. Del reducido margen discrecional que queda para hacer política, diputados y senadores administran unos 60.000 millones de reales anuales en enmiendas parlamentarias, cerca de u$s 12.000 millones en gastos discrecionales en sus distritos.
Es más que los 50.000 millones de reales que el Ejecutivo tiene para gastar discrecionalmente. Por primera vez en la democracia brasileña, el Congreso maneja más caja directa que el presidente.
Esa inversión de fuerzas cambió la lógica de los partidos. Se estima que una banca de diputado federal vale entre 170 y 200 millones de reales anuales (u$s 35 millones) por legislador, sumando enmiendas, fondo partidario y fondo electoral.
Imagínense entonces una bancada de cien diputados, como la meta que se fijó el PL de Bolsonaro, esto no es solo poder político. Es una estructura financiera garantizada para el partido de aproximadamente u$s 12 mil millones por cuatro años, gane quien gane la presidencia.
Por eso el Centrão no necesita ganar el Planalto. Le alcanza con ser imprescindible. De ahí, por ejemplo, que uno de sus lideres, Gilberto Kassab (PSD) lance la candidatura presidencial de Ronaldo Caiado con una campaña de bajo costo y destine el grueso del fondo electoral a reelegir a sus diputados. La presidencia es una apuesta, pero la bancada es un “activo contable”. Y muchos ya miran al 2030, sin Lula y con Jair Bolsonaro inhabilitado.
Ese ajedrez del dinero también explica cómo se gobernó en estos cuatro años. Durante décadas, el presidente armaba mayorías liberando recursos públicos y ministerios a cambio de votos, el famoso “toma y daca”. Pero cuando la billetera pasó al Congreso mediante las enmiendas de gastos definidas por el legislativo, el ejecutivo perdió fuerza. Desde ya, el Centrão siguió acompañando al gobierno: PSD, MDB, PP, União Brasil y Republicanos votan con Lula cerca del 70% de las veces.
Pero lo hace negociando duramente cada voto y sin ceder el control de la agenda política. Según el Índice de Influencia Parlamentaria del INCT ReDem, la presidencia de las Cámaras y las comisiones decisivas están en manos del Centrão y de la derecha. El PT apenas coloca un par de nombres entre los veinte legisladores más influyentes.
Sin mayoría propia y sin la llave de la caja, Lula encontró su punto de apoyo en otro poder. La alianza tácita con la Corte Suprema de Justicia (STF) funcionó como un seguro, donde lo que el gobierno perdía en el Congreso podía discutirse en la Corte. Pero ese seguro hoy está en crisis.
El escándalo del Banco Master, alcanzó al ministro Alexandre de Moraes y abrió una pelea dentro del propio tribunal, erosionando justamente al actor que sostenía el equilibrio. El resultado es un Ejecutivo con menos dinero, menos árbitros y más dependencia de lo único que no puede tercerizar que son los votos.
Pero esos votos no se juegan en Brasilia. Tampoco en los bastiones del Nordeste lulista o del Centro-Oeste y Sur bolsonarista. Se juegan en lo que se llaman las ciudades péndulo, 1091 municipios que cambiaron de ganador un par de veces en los seis balotajes entre 2002 y 2022 y que reúnen 34 millones de electores.
Tres cuartas partes de ese voto se concentran en unas 65 ciudades medianas y grandes, y el 40% del total está en el estado de São Paulo. Su peso es decisivo, por ejemplo, si en 2022 Lula hubiera perdido las ciudades péndulo-paulistas, Bolsonaro habría sido reelecto por más de 400.000 votos. A eso se suman unos 8,9 millones de indecisos efectivos en São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Espírito Santo y Río Grande del Sur, cuando la última elección se definió por poco más de dos millones de votos.
Y es en esos territorios que se cruzan la lógica parlamentaria y la presidencial. Brasil vota diputados con lista abierta, donde el elector elige al candidato y no al partido. Cada legislador construye su reelección llevando enmiendas a los municipios que lo votan. Esa obra la administra una red de intendentes y concejales leal a su grupo político antes que a cualquier sigla partidaria.
Según el ReDem, el 38% de los concejales e intendentes define sus apoyos por esa pertenencia y apenas el 16% por el partido. Esa red, que inaugura la obra y conoce a cada vecino, también moviliza o desmoviliza el voto presidencial. Cuando el gobernador aliado gana en primera vuelta, la maquinaria se relaja y el candidato a presidente pierde entre uno y cuatro puntos en la segunda vuelta en el Sudeste.
Fernando Henrique Cardoso describía hace décadas la política brasileña como una micropolítica del metro cuadrado. Hoy ese metro cuadrado tiene precio y un gestor con nombre y apellido en Brasilia. Los partidos gastan su caja en diputados y los diputados llevan caja a sus distritos. Así, un puñado de municipios que oscilan termina inclinando una elección que las encuestas no logran desempatar.
Sea quien sea, el próximo presidente de Brasil, gobernará con un Congreso híper autónomo que salga de esta elección. Y ese Congreso se está eligiendo en las mismas mil ciudades péndulo que definirán el Planalto. En Brasil la pregunta no es solo quién gana la presidencia. Sino quién administra la caja.
