El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional en Argentina y que modifica varios puntos de los contratos de alquileres, fue presentado en abril y ya generó polémica entre asociaciones de inquilinos. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la reducción del plazo de intimación. Actualmente, los inquilinos cuentan con diez días para regularizar una deuda una vez notificados. La propuesta busca acortar ese margen a solo tres días corridos, lo que implicaría un cambio drástico en los tiempos de respuesta frente a atrasos en el pago. Esta modificación reduciría las instancias previas al conflicto judicial. Hoy, el Código Civil y Comercial permite acumular hasta dos meses de deuda antes de una intimación formal. Con el nuevo esquema, una vez iniciada esa etapa, el tiempo para ponerse al día sería considerablemente menor. Desde el sector inmobiliario advierten que la medida podría limitar las posibilidades de negociación. Enrique Abatti, titular de la Cámara de Propietarios, cuestionó la reducción del plazo y señaló que tres días pueden resultar insuficientes incluso cuando existe intención de pago. Por su parte, organizaciones de inquilinos alertan sobre un posible aumento de la vulnerabilidad habitacional, en un contexto donde los contratos ya presentan menor previsibilidad que en años anteriores. El proyecto también propone que los procesos de desalojo, ya sea por falta de pago, vencimiento de contrato o intrusión, se tramiten mediante juicio sumarísimo. Este procedimiento permitiría acortar los tiempos judiciales y resolver los casos con mayor rapidez. Además, se contempla la posibilidad de que el propietario recupere el inmueble antes de la sentencia definitiva, siempre que se cumplan ciertos requisitos. A esto se suman herramientas como inspecciones tempranas y la identificación formal de los ocupantes, con intervención judicial en plazos reducidos. Otro de los ejes de la propuesta es la modernización de las notificaciones. Se prevé incorporar el domicilio electrónico como vía válida para comunicar reclamos o demandas, siempre que esté establecido en el contrato. En paralelo, los juicios por falta de pago limitarían las pruebas admitidas a documentación y peritajes, con el objetivo de evitar demoras y acortar la duración de los litigios. Mientras el Gobierno busca reforzar la seguridad jurídica y acelerar los procesos, distintos sectores advierten sobre su impacto en el acceso a la vivienda, en un mercado que en 2026 combina mayor oferta con condiciones más dinámicas y exigentes para alquilar.