El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, anunció la derogación de los protocolos que regían desde la pandemia sobre el uso de celulares y tecnología en las cárceles. La medida se basa en la ley 24.660 sobre la Pena Privativa de la Libertad que regula las restricciones a las comunicaciones de los presos con el exterior. A través de la Resolución 336/2026, la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva informó el nuevo protocolo de uso de tecnologías de restricción en centros de detención. Con el fin de la emergencia sanitaria, el oficialismo indicó que ya no existe sustento legal para mantener una excepción que vulnera la seguridad del sistema. La decisión fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. De esta manera, la ministra Monteoliva decidió derogar la flexibilización del uso de celulares que se había dictado cuando se suspendieron las visitas presenciales por la pandemia. La medida se apoya en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que establece que las comunicaciones de los internos deben ser supervisadas y restringidas por motivos de seguridad pública. La razón principal que alegó el Gobierno es el cuidado de la seguridad nacional. Investigaciones judiciales recientes demostraron que una gran cantidad de delitos graves, especialmente en ciudades con alta incidencia de narcotráfico, eran planificados y ordenados mediante teléfonos celulares dentro de los penales, entre los que se incluyen estafas. Según los últimos informes de Seguridad, el acceso a internet permitía a los jefes de bandas mantener el control operativo de sus organizaciones en el exterior. Además, el Ministerio sostiene que la nueva medida de suspensión de uso de celulares permitirá evitar estos delitos: La medida busca cortar el flujo de información no controlada que permitía a los reclusos evadir la vigilancia del Servicio Penitenciario. En esta línea, comenzarán operativos de requisa masivos en todo el sistema federal. Los agentes penitenciarios tienen la orden de incautar cualquier dispositivo electrónico, cargador o tarjeta SIM. El incumplimiento por parte de los internos derivará en sanciones disciplinarias graves que afectarán su calificación de conducta y concepto. En esta línea, para garantizar que la prohibición sea efectiva, se implementará el uso de inhibidores de señal. Estos dispositivos técnicos anulan la frecuencia de telefonía móvil y datos en áreas específicas, asegurando que, incluso si un celular lograra ser ingresado de contrabando, el mismo resulte inútil para la comunicación externa.