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Piqueteros: cómo es el proyecto para sacarles los planes sociales

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. La propuesta tiene como fin sancionar a las asociaciones u organizaciones sociales que cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas. Más detalles.

El diputado del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto que busca sancionar a las asociaciones u organizaciones sociales que cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas, tales como la libre circulación de los ciudadanos.

Entre las sanciones que figuran en el documento se apunta a suprimir la personería jurídica y el embargo de bienes, cuentas bancarias o patrimonio a los fines de indemnización y/o reparación económica, además de la quita del beneficio económico estatal. De esta manera, el diputado nacional busca desalentar los piquetes.

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A principios de mayo, vale recordar, más de 50.000 personas, pertenecientes a distintas organizaciones, llenaron la Plaza de Mayo, reclamando más planes y medidas de asistencia, en el marco de la Marcha Federal. La iniciativa presentada por el firmante, apunta a solucionar situaciones como ésta, las cuales causan dificultades y demoras en el tránsito de la ciudad.

Cómo es el proyecto para hacer legal la quita de planes sociales a los piqueteros

Gerardo Milman fundamenta su iniciativa con el hecho de que los planes sociales han sido una de las principales estrategias, utilizadas por el Estado, para paliar el conflicto social, cooptando a los sectores populares.

Fue en el 2002 cuando se dio la principal masificación de los planes sociales, lo cuál, otorgó más recursos a las organizaciones, al mismo tiempo que significó un aumento del poder estatal sobre los mismos. Por esta razón, se apunta a la quita del beneficio económico estatal.

"Fue así que bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados "oficialistas", como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares", fundamentó el diputado nacional.

Siguiendo esta línea, el diputado de Juntos por el Cambio agregó: "El cobro del plan exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan".

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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto presentado prevé que "en caso de sorprender a representantes o representados de dicha asociación cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la circulación libre de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional donde indica que:

Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala.

En consonancia con lo anterior, el Artículo 194 del Código Penal establece que: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años."

En lo que respecta a sanciones, el proyecto detalla en su artículo 2: "En caso de condena contravencional o penal confirmada en segunda instancia, toda registración, personería jurídica y/o administrativa otorgada, subsidio, prestación y/o beneficio económico que perciba, será suprimida".

Asimismo, en un tercer artículo, se lee: "Los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y patrimonio perteneciente a las asociaciones sociales o responsabilidad solidaria de sus representantes serán embargados a los fines de indemnización y/o reparación económica de los daños ocasionados en el marco de manifestaciones públicas de las que fuera partícipe. Serán denegados cualquier solicitud de beneficio económico estatal de cualquier naturaleza, así como también el pago de los que ya hubieren sido acordados previo a la situación prevista en el artículo primero de la presente ley".

EL PROYECTO DE LEY COMPLETO


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