AGENDA LEGISLATIVA

Narcotráfico y violencia en Rosario: el tema olvidado por el oficialismo en el Congreso

Mientras el crimen organizado avanza en Santa fe y funcionarios nacionales y de esa provincia no se ponen de acuerdo en cómo atacar el tema, se acumulan proyectos de ley que podrían morigerar un delito que se cobra vidas a diario

Mientras el narcotráfico avanza en Rosario y funcionarios nacionales y de esa provincia no se ponen de acuerdo en cómo atacar el tema, en el Congreso permanecen paralizadas una serie de medidas que podrían morigerar un delito que se cobra vidas a diario

Entre ellas se destaca un proyecto que apuntala la Justicia federal en Santa Fe. Pese a que fue impulsado por 18 de los 19 diputados de ese distrito, el tema quedó en el olvido. El oficialismo en el Senado frena la creación de dos comisiones clave, además de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sigue sin asistir a la Cámara baja pese a los reiterados pedidos presentados por las diferentes bancadas de la oposición. 

Tampoco se declara la emergencia en Seguridad en la zona.

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En prácticamente todas las sesiones que se celebran tanto en Diputados como en el Senado, al menos un legislador de Santa Fe hace uso de la palabra para poner el tema sobre la mesa. Le achacan al oficialismo no activar los mecanismos para dar respuestas ante crisis de seguridad que aqueja al Área Metropolitana de Rosario.

En general, esos discursos incluyen un tramo dedicado al Poder Ejecutivo, por no tomar cartas en el asunto, además de una enumeración de proyectos presentados en ambas cámaras -sin éxito- para atacar el crimen organizado. 

En las últimas horas, por caso, se sumó uno (otro más) del bloque socialista que integran Mónica Fein y Enrique Estévez, bajo la advertencia de que Rosario registró 287 homicidios en 2022 -cifra récord desde que se realizan estadísticas oficiales- y que ya son más de 40 en lo que va de este año

Sin éxito, los diputados de la oposición piden que Aníbal Fernández vaya a rendir cuentas. 

En este caso, los socialistas presentaron un pedido de interpelación, con carácter de urgencia, a Aníbal Fernández, para que se presente en el Congreso. Le piden explicaciones sobre la actuación de la cartera a su cargo frente a la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado en el Área Metropolitana de Rosario. Los pedidos para que el ministro asista al Palacio se acumulan en Diputados, pero  Fernández sigue sin asistir.

Los reclamos de rendición de cuentas por parte del titular de la cartera de Seguridad son apenas una parte de las iniciativas que se acumulan en el Congreso. En mayo del año pasado, por ejemplo, todos los diputados de Santa Fe, excepto la lilita Laura Castets, presentaron un proyecto de ley que busca fortalecer la Justicia federal en la provincia. Y prepararla para la implementación del sistema acusatorio en ese distrito. 

El proyecto sorteó la grieta, entre otros motivos, porque la estructura de la Justicia federal en Santa Fe no se modifica desde hace 40 años. A las vacancias que siguen sin suplirse desde hace años, se le suma que en las últimas décadas no se crearon nuevos juzgados ni fiscalías. 

Por eso, el proyecto que tiene entre sus firmantes al jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, propone crear 13 fiscalías, 6 jueces de garantías, añade un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, además de crear seis jueces de revisión para Rosario y dos de ejecución.

Aun así, el texto apenas se trató en una reunión informativa en el marco de la Comisión de Justicia que preside el oficialista Rodolfo Tailhade y quedó en el olvido. Las otras dos comisiones a la que el texto fue girado, que están atadas a las directivas de Tailhade por ser el presidente de la comisión cabecera, jamás abordaron el tema. Ellas son Legislación Penal, que preside María Luján Rey, de Juntos por el Cambio, y Presupuesto y Hacienda, que presiden el oficialista Carlos Heller.


Sin comisiones a la vista

A la parálisis de este proyecto -que despertó el enojo del oficialista Roberto Mirabella -a tal punto que el año pasado pegó el faltazo a una de las últimas sesiones para expresar su descontento- se le suma que el Senado no avanza en la conformación de una comisión bicameral clave. Se trata de la de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Los diputados ya propusieron a sus integrantes; el Senado, no.

Como la implementación de este código debe ser gradual y progresiva, es esa comisión la que define su instrumentación. Y, tiempo atrás fue ese cuerpo de trabajo el que propuso, precisamente, que las próximas jurisdicciones en las que se implementará son Mendoza (incluye la región de Cuyo) y Rosario (que abarca buena parte de la provincia de Santa Fe y la sección judicial San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires). 

Pero el asunto quedó frenado ahí. La comisión debería constituirse, entre otros motivos, para establecer la fecha en la que sucederá la puesta en marcha en ambas jurisdicciones. Hasta tanto no suceda, la implementación del código seguirá sin avanzar. 

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Ante este panorama es que los diputados radicales Juan Martín y Fernando Carbajal, de la UCR, trabajan en un proyecto de ley para que la implementación del Código Procesal Penal tenga una fecha definitiva en todo el país, sin dejar de lado la gradualidad y progresividad. En concreto, que haya un deadline. "Hoy no tenemos referencia de cuándo se implementa", le explicó Martín a El Cronista.

Para el socialismo, la implementación del sistema acusatorio será decisiva para acelerar los procesos judiciales. Es que no solo cambia el enfoque de la investigación -la lleva adelante el fiscal y no el juez- sino que, al ser oral, lo vuelve más ágil.

¿Otro dato? Tampoco se constituyó en el Congreso la Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de Seguridad Interior. Como su nombre indica, su función es, básicamente, supervisar y controlar a los organismos de Seguridad Interior e Inteligencia. De nuevo: los diputados propusieron sus integrantes. Resta que la Cámara que lidera Cristina Kirchner haga lo propio para su puesta en funcionamiento.

"La ciudad de Rosario registra un homicidio cada 28 horas en lo que va de 2023", alertó Estévez. 

Ante este panorama, también los diputados del socialismo impulsan un proyecto de ley para declarar al departamento Rosario en emergencia y así crear un fondo económico que sea administrado y ejecutado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Asimismo, el texto propone aumentar el número de efectivos de las fuerzas federales en ese territorio así como también ampliar la presencia de la Agencia Federal de Inteligencia en la ciudad de Rosario.

"El Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo de la lucha contra el crimen organizado, Rosario es parte del país y nos abandonaron", planteó Estévez al impulsar su iniciativa. Además, señaló que "la ciudad de Rosario registra un homicidio cada 28 horas en lo que va de 2023, mientras que en 2022 registró 287 asesinatos e innumerables balaceras".

De acuerdo a un informe de la Fundación Apertura citado por La Nación, en 2022, de los fondos que giró el Estado Nacional en materia de Seguridad, Santa Fe recibió $ 2.224 por habitante por año, mientras que el promedio de todas las provincias fue de $ 8.613

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