Queda poco más de un mes para que los competidores presenten sus ofertas para la compra de una de las mayores distribuidoras de agua de la región. La venta de Aysa tiene como fecha límite el 27 de agosto y busca entregar el 90% de la compañía a una sola empresa, mientras que el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores.
La empresa es una de las privatizaciones más grandes que encabezará el Gobierno, en parte por el costo, pero también por la cartera de clientes y penetración que tiene la compañía.
Desde el Gobierno habían estimado un precio que rondaba los u$s 400 millones, algo que desde el mercado consideran elevado, sobre todo considerando que la venta de la empresa incluirá un compromiso de inversión de u$s 5000 millones en los primeros 20 años de la concesión, con al menos la mitad en los primeros años de operación privada. La explicación se centra en la necesidad de poner a punto la red, además de ampliar su cobertura.
Pero Aysa también tiene una cartera de clientes que abarca a 14 millones de personas, lo que la convierte en una de las operadoras de agua y saneamiento más grandes de la región, por debajo de redes como la de San Pablo, con una cartera que ronda los 30 millones de clientes. La empresa es uno de los antecedentes recientes de venta, y concluyó su proceso de privatización en 2024 cuando el Estado redujo su participación de más del 50% al 18% con la venta de acciones por más de u$s 2000 millones.
Competidores
En la recta final para la compulsa para la empresa, empiezan a delinearse los competidores. La compañía, a diferencia de las privatizaciones que avanzaron hasta ahora, atrajo varios competidores internacionales. Uno de los aspectos que la volvió más atractiva fue la participación de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que supervisó la redacción de los pliegos.
Los mismos incluyen las condiciones y compromisos de los competidores. Por un lado, deberán acreditar experiencia en la operación de empresas prestadoras de servicios de agua, y por el otro, pone como tribunal arbitral a la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien desde el Gobierno reconocieron que hay dudas sobre la justicia local, el proceso se centró en elaborar pliegos que puedan ser “blindados” para evitar la posibilidad de caer ante tribunales internacionales. Mientras que el litigio más resonante fue el de la expropiación de YPF en Nueva York, en el caso de Aysa se registró un fallo contrario por la privatización hecha en los 90 que le valió al Estado una sanción de u$s 200 millones aplicada por el tribunal de arbitraje del CIADI.
Muchos competidores reúnen las condiciones necesarias o ya tienen vínculos con el sector, aunque todavía se define cómo se presentarán y no se descartan ofertas conjuntas, como se dio en el caso de Transener
Entre los interesados internacionales se destacan la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp), Río Saneamento, ambas de Brasil y con antecedentes en redes de grandes dimensiones, y Aguas Andinas, de Chile pero controlada por un grupo español Agbar que a su vez es parte del grupo francés Veolia. Agbar era controlada por Suez, empresa que supo tener la gestión del agua antes de la creación de Aysa, cuyo contrato fue rescindido por incumplimiento.
En el plano local también se suman interesados. El más resonante es Grupo Roggio, por la dimensión del holding, su interés en las privatizaciones y sus antecedentes en la gestión de agua.
La empresa tiene participación en el acueducto Gran Tulúm de San Juan, otro acueducto en San Fe, la planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, y recientemente fue preadjudicada con la obra para refuncionalización integral del sistema de agua potable de Córdoba Capital y opera Aguas Cordobesas. En el plano internacional, también tiene la construcción de reservorios y redes de agua y cloaca en Perú.
Otro interesado local es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedora de cloro para potabilización de Aysa, mientras también se especula con la participación de Rowing, la empresa de ingeniería de Walter Román, y de la constructora JCR.
El juego todavía está abierto y hay varias alianzas en análisis, tanto entre jugadores locales, como con inversionistas internacionales que aporten financiamiento, en particular de cara a las obras.
Desde Fundación Colsecor le pusieron cifra a la relevancia de esta concesión: en Argentina, solo el 57,4% de la población tiene acceso a cloacas. En los últimos dos años solo se activaron dos obras de agua y saneamiento y el 80% de las obras heredadas fueron paralizadas. Este déficit es de larga data: si bien en el Censo 2022 se observó que el 42,6% de la población no tenía cloacas, en 10 años ese déficit se recortó en ocho puntos porcentuales.
