ANÁLISIS

La energía crea una bomba política: entre déficit, tarifazos y cómo evitar la crisis

Se dispararon los precios internacionales del petróleo y el gas. Argentina congela tarifas y acumula desequilibrios. En el resto del mundo, los gobiernos enfrentan crisis por trasladar los costos a los usuarios.

Las tarifas de luz y gas, así como los precios de la nafta y el gasoil, no volverán a subir en la Argentina al menos hasta fin de año, prometió en reiteradas oportunidades el kirchnerismo.

Los precios internacionales del petróleo crudo se dispararon un 50% en el primer semestre del año, y el Brent ya ronda los u$s 75 por barril. El gas natural licuado superó los u$s 13 por millón de BTU en el mercado asiático en pleno verano boreal.

Mientras una verdadera bomba política se cierne sobre las economías del mundo que dependen de la importación de estos combustibles, el Gobierno local aplica -no sin tensiones internas- una receta alejada del manual de buenas prácticas del libre mercado, que recomienda trasladar todo el costo a los usuarios, que ajustarán su demanda en función de los precios.

Esto obligará a ampliar la ya millonaria cuenta de los subsidios al menos hasta los u$s 9000 millones en 2021, según calcula el think tank radical Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

La resolución de los desequilibrios fiscales y cambiarios que se acumulan quedará para más adelante: será después de las elecciones legislativas de noviembre o recién luego de firmar un acuerdo política, social y económicamente sostenible con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un mundo en el que la pandemia golpeó electoralmente a todos los oficialismos, el medicamento que suministra el Gobierno para salir ileso (que provocó roces dentro del Frente de Todos que se evidenciaron con el choque entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo) es el mismo que evita que se propague otra crisis.

 El kirchnerismo se mira en el espejo regional: la crisis de representatividad que amenaza la estabilidad, después de los estallidos sociales de Chile, Ecuador, Colombia y hasta en Brasil, donde la privatización de Eletrobrás puede significar subas de las tarifas de hasta un 30%, evoca a la Argentina de 2001 y el pedido de "que se vayan todos" y marca un límite al ajuste fiscal que los oficialistas pro-mercado creen inevitable.

La fórmula criolla

Después de concentrar todos los aumentos de combustibles del año entre enero y mayo, que sumaron un 35% en la Ciudad de Buenos Aires (y algo menos en el Interior), las petroleras acordaron comercializar el crudo en el mercado interno a u$s 55 por barril, 20 dólares por debajo de la cotización actual.

En Brasil, solamente hasta mayo se registraron incrementos de 54% en los precios de la gasolina.

 Asimismo, en los Estados Unidos, superó los u$s 3,10 por galón, máximo en 7 años, y la CNN informa que puede haber escasez de combustibles de cara al fin de semana festivo por el 4 de julio, el Día de la Independencia.

Por otro lado, las tarifas de luz tuvieron un único aumento de 9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde tienen la concesión Edenor y Edesur. El gas, solamente un alza de 6%. Es más: en casi la mitad del país, las boletas bajarán en el acumulado anual un 25%, por la ampliación del beneficio de la "zona fría".

El Gobierno decidió congelar los precios mayoristas de la electricidad y el gas que se trasladan a los usuarios, lo que implica una mayor necesidad de subsidios, que se financian con la recaudación impositiva, la colocación de deuda o la emisión monetaria, que a la larga genera más inflación, según el consenso del establishment y buena parte de la academia.

Y a la vez, las acotadas subas de tarifas incentivan un mayor consumo de energía, que se combinan con temperaturas extremas.

En este invierno llegarán a los puertos de Escobar y Bahía Blanca 47 barcos con Gas Natural Licuado (GNL), a un promedio de u$s 7,77 por millón de BTU, y todas las importaciones de gas se elevarían a más de u$s 3000 millones en el año.

Según números de Daniel Dreizzen, consultor asociado a Ecolatina y ex subsecretario de Planificación Energética en 2018, los usuarios pagan apenas el 37% del costo de la generación eléctrica y el 55% del gas.

La sequía en la cuenca del Río Paraná, aguas arriba en Brasil, le restó energía hidroeléctrica muy barata a la Argentina, que tuvo que comprar combustibles líquidos a u$s 15 por millón de BTU para reemplazar consumo de gas en las centrales térmicas.

Empiezan a repetirse cortes de gas natural a las industrias y las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) ante una ola polar y la necesidad de garantizar el abastecimiento para los hogares.

En el país gobernado por Jair Bolsonaro, los sobrecostos los pagan los usuarios. Un reciente reporte de la consultora G&G Energy Consultants arriesga que la crisis hidrológica de Brasil amenaza con llevar a una crisis política como la que sucedió entre 2001 y 2002, con aumentos de la energía que se tradujeron en el fin de la presidencia de Fernando Henrique Cardoso y la llegada al poder de Lula Da Silva.

La Argentina parece destinada a repetir su historia de los últimos años, esa que derivó en un largo estancamiento y la imposibilidad de comprar dólares libremente, situaciones que se explican en buena parte por la política energética. Esa misma que ante el abismo de la crisis social, contiene el estallido.

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