Representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) analizaron medidas para aliviar la carga tributaria sobre las empresas, con foco en Ingresos Brutos, considerado uno de los impuestos más distorsivos por su efecto cascada sobre la actividad económica.
Durante el encuentro de trabajo, que reunió a más de 70 asociados, entre ellos representantes de empresas, cámaras y federaciones, el titular de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que el país necesita llevar adelante una reforma tributaria, aunque reconoció que demandará tiempo.
En ese sentido, señaló que existe un amplio consenso sobre la necesidad de eliminar impuestos distorsivos, incrementar el peso de los impuestos directos y reducir el de los indirectos. No obstante, planteó que modificaciones de este calibre están sujetas a una variable central: el crecimiento de la economía.
“Lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones”, remarcó Girard durante la reunión realizada el miércoles en la sede de la UIA, en la Ciudad de Buenos Aires.
El funcionario del gobierno de Axel Kicillof explicó, además, que “los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el impuesto al cheque”.
Otro de los aspectos abordados en la reunión fue la posibilidad de combatir la evasión mediante una reducción progresiva de la carga tributaria sobre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
En esa línea, Girard propuso construir “un consenso o un pacto público-privado” que permita trasladar las mejoras en la recaudación, producto de una menor evasión, a una reducción de las alícuotas para el sector formal de la economía.
ARBA: las medidas para reducir saldos a favor en IIBB
Durante el encuentro con los representantes de la UIA, Girard destacó una serie de medidas impulsadas por ARBA para reducir la incidencia de Ingresos Brutos en el entramado productivo.
Se trata de una de las grandes preocupaciones del sector industrial, que a comienzos de julio había planteado la necesidad de avanzar, en el marco de un consenso fiscal, con la devolución automática de saldos y la eliminación de regímenes de percepción, retención y pagos a cuenta.
Entre ellas, Girard mencionó las medidas destinadas a reducir los saldos a favor. Según detallaron, el stock de capital retenido —que equivalía a unos tres meses de Ingresos Brutos al inicio de la gestión— se redujo a menos de 0,9 meses.
A través del régimen “Riesgo 0, SAF 0”, puesto en marcha en 2026, ARBA ajustó automáticamente las alícuotas de retención y percepción de acuerdo con el perfil fiscal de cada contribuyente. Por caso, si los anticipos resultan excesivos, el sistema los reduce de oficio.
A julio de 2026, el fisco bonaerense informó que había evitado inmovilizar $ 8.476,5 millones en saldos a favor y recibido 18.131 solicitudes de adhesión. En total, más de 16.000 contribuyentes ya habían accedido al recálculo automático.
Pedido de la UIPBA
El mismo día de la reunión entre la UIA y ARBA, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entidad que representa a la industria bonaerense, hizo pública en una conferencia de prensa una propuesta que le envió a Kicillof para reducir Ingresos Brutos.
“El tributo grava los ingresos en cada una de las etapas del proceso productivo, provocando el efecto cascada. Al no permitir descontar los insumos intermedios de forma plena, se encarece la cadena productiva”, graficó Eugenia Ctibor, secretaria del presidente de la UIPBA, Alejandro Gentile.
De acuerdo con un estudio realizado por la entidad, la presión tributaria efectiva sobre el valor agregado industrial alcanza el 4,7% en la provincia de Buenos Aires, frente al 3,5% de Córdoba y al 3,6% de Santa Fe. Según revelaron, la industria explica el 14% de la recaudación provincial total por Ingresos Brutos.
A partir de este diagnóstico, la UIPBA propuso una reducción escalonada del impuesto para las empresas industriales medianas y una disminución paulatina para las grandes compañías del sector. Para las pymes, en cambio, solicitó su eliminación total, una medida cuyo costo fiscal sería equivalente al 1,4% de la recaudación provincial.
En el caso de las empresas medianas, la propuesta consiste en alcanzar una “alícuota cero” en un plazo de tres años, con una reducción del 0,5% anual. Para las grandes empresas, se planteó una disminución del 0,3% anual durante cinco años.
Los industriales bonaerenses también solicitaron actualizar el Mínimo No Imponible (MNI), fijado en una facturación anual de $ 1.800 millones, para elevarlo a $ 3.200 millones.
