La Justicia oficializó el embargo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner ubicado en la calle San José 1111, donde actualmente cumple su condena por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida, que recae sobre el inmueble en el que reside la exmandataria y fue dispuesta tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.
En el fallo, emitido el 12 de agosto, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ordenó avanzar sobre bienes inscriptos a nombre de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., las sociedades inmobiliaria y hotelera de la familia Kirchner cuyas acciones están hoy en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
La lista incluye unidades en el Complejo Madero Center porteño, el hotel La Aldea del Chaltén y otras propiedades en El Calafate y Río Gallegos.
El objetivo del fiscal es preservar el patrimonio familiar de cara a un eventual decomiso de casi $685.000 millones, monto que surge de actualizar el perjuicio económico determinado en el juicio por la adjudicación irregular de 51 licitaciones de obra vial al Grupo Austral de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
La medida no implica una subasta inmediata ni modifica por ahora la titularidad registral del departamento.
La cautelar sobre San José 1111 se suma a un historial extenso de embargos sobre los activos vinculados a la familia Kirchner. Las acciones de Los Sauces y Hotesur están trabadas desde 2017, cuando ambas empresas quedaron bajo la lupa judicial por presunto lavado de dinero proveniente de los sobreprecios en la obra pública santacruceña.
Según esa hipótesis, las firmas facturaron alquileres de hoteles y propiedades a contratistas como Báez y Cristóbal López para dar apariencia de legalidad a los retornos.
Ese expediente derivó en un juicio oral —confirmado por la Corte Suprema tras idas y vueltas de sobreseimientos y reaperturas— que aún está pendiente.
Mientras tanto, la Justicia mantuvo congelados unos 50 inmuebles y cerca de U$S 6 millones en efectivo, entre ellos departamentos en Puerto Madero, quintas en El Calafate y unidades en Río Gallegos, con una valuación agregada que en pesos ya supera los $ 9.000 millones.
El nuevo embargo sobre la vivienda de San José 1111 marca así un salto cualitativo: por primera vez la medida cautelar alcanza directamente el inmueble donde la propia condenada cumple su detención, en el marco de una ejecución patrimonial que la fiscalía busca profundizar mientras avanza en paralelo la instancia de determinación definitiva del decomiso.
