Un día antes de la cita del Consejo del Salario, trascendió que el Gobierno comenzó a explorar una flexibilización de la política salarial que viene aplicando sobre las negociaciones paritarias, empujando un piso garantizado de $1.070.000 brutos para las categorías más bajas de los convenios colectivos.
La iniciativa fue transmitida en conversaciones reservadas entre funcionarios del Ejecutivo y referentes de los sectores empresariales y gremiales y apunta a atender especialmente la situación de aquellos sectores cuyos salarios quedaron más rezagados y que el Gobierno tiene identificados. La idea es alcanzar ese nuevo piso con el pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos porcentuales.
El esquema no supone abandonar el límite que el Gobierno viene utilizando para las homologaciones. La intención oficial es que el 2% mensual continúe funcionando como referencia para los incrementos porcentuales, pero habilitar que sindicatos y cámaras empresarias acuerden adicionales por fuera de ese porcentaje para llevar los ingresos de las categorías inferiores hasta el nuevo piso.
“La Secretaría de Trabajo impulsa paritarias con un ‘salario mínimo garantizado’ para los nuevos convenios colectivos y el monto, al menos para agosto de 2026, es de $1.070.000. Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos”, explicaron fuentes extraoficiales del Gobierno.
La propuesta está especialmente dirigida a actividades donde los salarios básicos se ubican actualmente por debajo de ese nivel. En el Ejecutivo mencionan, como casos testigo con los que ya se está avanzando, los sectores de Maestranza, UOCRA y Sanidad.
El universo potencial es, sin embargo, bastante más amplio. Entre los sectores que podrían verse beneficiados aparecen trabajadores textiles, peones rurales, operarios metalúrgicos, empleados de la industria del calzado, ayudantes de la construcción y trabajadores de servicios como gastronomía y maestranza.
En muchas de esas actividades, los salarios brutos de las categorías inferiores se encuentran entre $800.000 y $1.000.000, lo que convirtió la evolución de los ingresos en uno de los puntos más sensibles de las discusiones entre gremios, empresarios y Gobierno.
El 2% sigue, pero aparecen los bonos
El cambio reside en la arquitectura de los acuerdos.
Hasta ahora, la Casa Rosada buscó limitar los aumentos salariales homologados a porcentajes compatibles con su estrategia económica. Con la nueva propuesta, el Ejecutivo pretende sostener esa pauta porcentual, pero permitir que las partes incorporen sumas fijas o bonos no remunerativos para reforzar los ingresos de bolsillo.
La condición es precisamente que esos adicionales mantengan carácter no remunerativo, por lo que no realizan aportes a la seguridad social. Así, un convenio podría conservar aumentos mensuales dentro de la referencia del 2% y agregar al mismo tiempo una suma adicional para garantizar que ninguna categoría inferior quede por debajo de los $1.070.000 brutos.
El movimiento aparece, sin embargo, en un contexto político más amplio. Desde distintos sectores sindicales y empresarios vienen aumentando los pedidos para que el Ejecutivo encuentre mecanismos que permitan recuperar ingresos y estimular el consumo, especialmente en las actividades cuyos trabajadores parten de niveles salariales más bajos.
La discusión también se produce después de que Javier Milei rechazara la posibilidad de implementar una asistencia general para las familias endeudadas y definiera el aumento de la morosidad como un problema “entre privados” en el que el Estado no debería intervenir.
En materia salarial, la estrategia conserva esa lógica de no utilizar fondos públicos, pero incorpora una señal de mayor flexibilidad respecto de las paritarias.
El Consejo el Salario se reúne el viernes
La discusión por los ingresos tendrá un capítulo adicional este viernes, cuando vuelva a reunirse el Consejo del Salario para definir la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil y de las prestaciones por desempleo. El encuentro será virtual, pese al pedido de la CGT y de las dos CTA para que la negociación se realice de manera presencial.
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores enviaron el viernes pasado una carta documento a Claudia Testa, presidenta del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para exigir que el encuentro se desarrolle cara a cara.
Con las firmas de Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, ambas centrales sostuvieron que “la magnitud de las decisiones que corresponde adoptar a este Consejo exige el más amplio y genuino debate entre los sectores que lo integran” y cuestionaron que la modalidad virtual permita desarrollar plenamente la función de los actores sociales involucrados.
Hoy el salario mínimo, vital y móvil se ubica en $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Las dos CTA pusieron el foco en la situación del sector productivo y mencionaron la caída de la actividad, el cierre de empresas y la incertidumbre económica como factores que, a su juicio, impactan de manera directa sobre el nivel de empleo y sobre la determinación tanto del salario mínimo como de las prestaciones por desempleo.
Las centrales insistieron en que una discusión de esa magnitud requiere un ámbito presencial que permita negociación directa y cuestionaron que la virtualidad sea suficiente para un debate de esa naturaleza.
