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El recorte del programa Remediar llegó a la Justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de la Nación para exigir que se garantice nuevamente la provisión de medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de la provincia de Buenos Aires.
La organización sostiene que el programa, creado en 2002 para asistir principalmente a personas sin obra social ni prepaga, sufrió desde 2024 una contracción que terminó por reducir de manera sustancial tanto la cantidad de botiquines enviados como el universo de medicamentos distribuidos.
Según el CELS, sobre la base de cifras oficiales, en territorio bonaerense los botiquines pasaron de casi 40.000 durante 2023 a menos de 4.000 en los primeros meses de este año y los psicofármacos dejaron de llegar por completo.
El informe “Sin remedio”, elaborado por la organización, describe además una caída generalizada en la provisión nacional: en diciembre de 2023 se distribuyeron 17.393 botiquines y en abril de 2026 fueron 849. El documento sostiene que Remediar no fue sustituido por otro programa de cobertura similar y advierte que el ajuste alcanzó incluso a enfermedades que el propio Gobierno definió como prioritarias.
Qué reclama el amparo por Remediar
La presentación fue radicada ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata y quedó incorporada al Registro Público de Procesos Colectivos. El planteo alcanza a la población bonaerense que depende exclusivamente del sistema público de salud.
El CELS solicitó además una medida cautelar para que el Ministerio de Salud se abstenga de profundizar la reducción del vademécum mientras se tramite la causa. El argumento central es que interrumpir tratamientos crónicos, por ejemplo contra la hipertensión o la diabetes, puede provocar consecuencias irreversibles antes de que exista una sentencia definitiva.
La causa quedó ahora a la espera de una decisión sobre esa cautelar.
La controversia se profundizó en octubre con la Resolución 1447/2026. Hasta entonces, el listado aprobado en 2021 contemplaba 128 presentaciones correspondientes a 97 principios activos y cubría patologías como diabetes tipo 2, asma, EPOC, epilepsia, Parkinson, infecciones, problemas de salud sexual y reproductiva y, desde 2022, tratamientos de salud mental.
La nueva resolución derogó ese esquema y estableció un listado de seis principios activos orientados a la prevención y tratamiento de enfermedades vasculares. El Ministerio de Salud sostiene que la decisión forma parte de una “reformulación” de Remediar y no de su cierre, y que busca concentrar recursos nacionales en patologías de mayor impacto sanitario, mientras las provincias asumen un papel mayor en la provisión del resto de los tratamientos.
Los números que cuestionan la estrategia oficial
Uno de los principales argumentos del informe del CELS es que la caída también afectó a los medicamentos cardiovasculares que Nación dice haber priorizado.
En la provincia de Buenos Aires, las unidades cardiometabólicas distribuidas bajaron, según el relevamiento, de 20,1 millones en 2023 a 2,68 millones en lo que va de 2026, una reducción del 86,7%. En salud mental y neurología la disminución informada alcanza el 99,6%, mientras que en salud sexual y reproductiva llega al 96%.
El caso más ilustrativo es el del losartán de 50 miligramos, uno de los antihipertensivos más utilizados. El informe señala que en 2023 se entregaron 3.661.380 comprimidos en Buenos Aires y que este año la distribución registrada fue de apenas 1.500.
“Si en 2023, diez mil personas podían recibir tratamiento antihipertensivo con losartán, en la actualidad son apenas cuatro”, calcula el documento.
El Ministerio, por su parte, argumenta que el nuevo diseño responde al Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030 y anunció un botiquín de transición hasta fin de año para que las jurisdicciones puedan adecuar sus propios mecanismos de compra. También afirma que la estrategia fue discutida con las provincias en el Consejo Federal de Salud.
El impacto sobre las provincias
El debate tiene también una dimensión federal. Remediar funcionaba mediante compras centralizadas de Nación y distribución directa a los centros de salud, lo que permitía compensar diferencias presupuestarias entre provincias.
El CELS advierte que, al retraerse esa provisión, cada jurisdicción queda obligada a responder con sus propios recursos y capacidades. El informe compara, por ejemplo, a Misiones, que cuenta con producción pública propia, con Santiago del Estero, donde la capacidad de compra es más limitada y depende de adquisiciones periódicas.
Otro relevamiento citado por la organización dimensiona el cambio: de unos 8.100 centros de salud que recibían botiquines, sólo alrededor de 800 continuarían cubiertos por el esquema transitorio. Los tratamientos dispensados a nivel nacional, además, habrían pasado de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.
Para el Gobierno, la modificación apunta a mejorar la eficiencia y la trazabilidad y a redefinir responsabilidades entre Nación y provincias. Para el CELS, en cambio, constituye una medida regresiva que compromete el acceso a tratamientos básicos.
Esa discusión quedó ahora trasladada a los tribunales. La primera definición será sobre la cautelar que busca frenar la reducción del listado mientras se debate el fondo del reclamo.
