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El debate sobre la desregulación de la marina mercante argentina ingresó a una nueva fase. Mientras el Gobierno de Javier Milei prepara su propio proyecto para enviar al Congreso en la primera quincena de junio, un texto ya circula en la Cámara de Diputados que anticipa buena parte de la arquitectura normativa sobre la que se discutirá.
Se trata de la iniciativa presentada por los diputados radicales Diógenes González (Corrientes), Guillermo Agüero (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos) a la que tuvo acceso El Cronista, que propone modificar el Decreto-Ley Nº 19.492/44 —el régimen de cabotaje vigente desde 1944— y que el oficialismo toma como base para el intercambio.
Según comentaron fuentes parlamentarias a este medio, legisladores de provincias interesadas en que este debate avance en el Congreso se anticiparon con la presentación de un texto que está en una fase de ida y vuelta con funcionarios del ministerio de Sturzenegger, entre ellos el secretario de Desregulación Alejandro Cacace.
La inclusión de buena parte de este texto en la versión final deja a la iniciativa más cerca del acompañamiento de los diputados y senadores que responden a los gobernadores, sobre todo de las provincias del Norte Grande.
Precisamente, ese fue uno de los principales reclamos que surgió en la reunión que mantuvo el ministro del Interior Diego Santilli el último martes en el CFI con los gobernadores del Norte Grande: que avance la Ley de Cabotaje.
Desde el oficialismo indican que el debate también está orientado en torno a la reforma electoral para eliminar las PASO pero por ahora los votos no están y los mandatarios provinciales están interesados sobre todo en proyectos que puedan engrosar sus ingresos.
En principio, los próximos proyectos que están en la fila para dictaminar en comisión son los de Lobby y de Super RIGI, con fecha probable de firma de despacho para el miércoles 17 de junio, después de las instancias informativas que tuvieron los dos textos esta semana. En tanto, la sesión podría llevarse adelante el 24 de junio, estiman en los sectores aliados.
El proyecto que está sobre la mesa
El texto de González, Agüero y Schneider no propone una apertura irrestricta. Su punto de partida es una reforma quirúrgica de los artículos 3° y 6° del decreto-ley, dejando intacto el artículo 1°, que reserva el cabotaje a buques de bandera argentina como principio general. El cambio central está en ampliar los supuestos bajo los cuales la autoridad de aplicación puede autorizar buques extranjeros a operar entre puertos nacionales.
En su nueva redacción, el artículo 6° habilita esas autorizaciones cuando existan razones de “interés público, eficiencia logística, integración regional o insuficiencia de oferta nacional”.
Además, introduce una novedad operativa significativa: los buques podrían realizar escalas múltiples en puertos argentinos dentro de un mismo itinerario, sin necesidad de tramitar una autorización por cada parada.
También se prevén autorizaciones de carácter general o automático, eliminando el esquema actual de habilitaciones caso por caso. Como contrapeso, el proyecto obliga a remitir al Congreso informes trimestrales sobre las autorizaciones otorgadas.
Los fundamentos del texto invocan al corredor fluvial Paraguay-Paraná como eje central del argumento. Sostienen que el régimen vigente “limita la posibilidad de optimizar su utilización” y genera “distorsiones que impactan negativamente en la economía nacional”, en especial para las cadenas de exportación agroindustrial e hidrocarburífera.
Lo que Sturzenegger agrega
La iniciativa parlamentaria convive con el trabajo del Ejecutivo, con Federico Sturzenegger al frente. Desde el ministerio buscan habilitar el ingreso de buques de bandera extranjera por períodos de hasta 90 días, sin necesidad de cambio a pabellón nacional.
Sin embargo, una modificación de último momento acotó el margen: la tripulación deberá ser obligatoriamente del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia o Uruguay—, descartando así la posibilidad de contratar marinos asiáticos. La medida, según fuentes de la cartera, busca también regularizar la situación de armadores argentinos que hoy operan bajo bandera paraguaya.
Los gremios, en alerta máxima
El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) fue contundente en su rechazo. En un comunicado oficial, la organización que conduce Mariano Vilar advirtió que el debate no puede limitarse a “variables económicas de corto plazo” y reclamó que se evalúen las consecuencias sobre el empleo, la industria naval, la recaudación tributaria y la soberanía sobre las vías navegables.
El sindicato cuestionó que el argumento central de la desregulación sea el “costo laboral”, señalando que ese razonamiento omite que el sistema argentino garantiza estándares profesionales, capacitación permanente y seguridad en la navegación.
También rechazó que la apertura sea presentada como la única salida, cuando el problema de fondo —según SICONARA— es la ausencia de un régimen competitivo que permita recuperar para la bandera argentina los buques que migraron hacia registros extranjeros: “Numerosos buques que actualmente operan bajo bandera paraguaya pertenecieron anteriormente a armadores argentinos”.
Los números que llegan desde Asunción
El contexto regional le da peso a esa última observación. Según el especialista naval Fernando Morales, citado por La Nación de Paraguay, el país vecino logró construir la tercera flota mundial de cabotaje fluvial sobre la base de un esquema impositivo llamado “10+10+10”: 10% de impuesto a la renta, 10% de IVA y 10% de cargas patronales para el sector naviero.
La contracara argentina, según el mismo análisis, es un IVA del 21%, cargas patronales del 53% y una alícuota de ganancias del 16%. La conclusión que extrae Morales es directa: trasladar una barcaza de Asunción a Buenos Aires con bandera paraguaya cuesta la mitad que hacerlo con bandera argentina.
Esa brecha, más que cualquier déficit de capacidad empresarial o de flota, es la que explica la sangría de registros hacia el otro lado del río. Y es también el nudo que cualquier reforma deberá desatar si quiere ser algo más que un cambio de papel.
