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El debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado ingresó en un nuevo cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La postergación desnudó una fuerte puja interna en el oficialismo respecto a cómo destrabar la negociación por el capítulo más polémico: la derogación de la Ley de Tierras.
“Hay un debate con Sturzenegger”, reconocieron fuentes del sector ante El Cronista. En el Senado hay un loop técnico-político del cual no ven salida, pese a que el Gobierno cree que conseguirá insistir con que la ley salga como ellos pretendieron originalmente.
La cartera de Desregulación y Transformación del Estado no dio luz verde el jueves pasado a la versión del proyecto de Propiedad Privada que no solo le daba mayor jurisdicción a las provincias para decidir sobre la venta de tierras a extranjeros, sino que también les dejaba la potestad para decidir su propio régimen.
La prioridad de los operadores en el Congreso es lograr que salga “la mejor ley posible”, según explicaron a este diario y, por eso, ante la falta de consensos por el tema tierras, presionan para que el Ejecutivo ceda en ese punto.
Sin embargo, desde Balcarce 50 se mantienen inflexibles y colaboradores de alto rango expresaron, ante la consulta de El Cronista, que insistirán en conseguir otro tipo de acuerdo porque “es lo que corresponde, está bien y va a ser positivo para el desarrollo de la Argentina”. “Las grandes reformas llevan tiempo”, justificaron las fuentes.
El choque de modelos: la ley vigente contra el proyecto de Milei
Para dimensionar el conflicto es necesario precisar qué traba la norma actual. La Ley de Tierras (Norma N.º 26.737, sancionada en 2011) funciona como un cepo inmobiliario basado en criterios geopolíticos. Establece que los extranjeros, sean personas físicas o empresas, no pueden poseer más del 15% de la totalidad de los campos a nivel nacional, provincial y municipal.
Este límite funciona en espejo: si una provincia ya alcanzó ese techo por inversiones previas, la ventanilla de compras queda automáticamente cerrada para cualquier otro comprador foráneo.
El marco normativo vigente suma otras dos restricciones: por un lado, impone una equivalencia de un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada “zona núcleo” pampeana, o su equivalente en capacidad productiva en el resto de las regiones.
Por el otro, prohíbe de forma taxativa la adquisición de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes o que estén situadas en zonas de seguridad fronteriza.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno busca desmantelar este andamiaje de controles por considerarlo un ataque al libre comercio. La propuesta del Ejecutivo elimina por completo los topes porcentuales (el 15%) y los límites de extensión geográfica (las 1.000 hectáreas).
Su meta principal es liberalizar el mercado de suelo rural, permitiendo que inversores privados internacionales operen bajo las mismas condiciones legales y comerciales que los compradores locales. El proyecto solo mantiene restricciones de compra para Estados extranjeros o corporaciones controladas de forma directa por gobiernos soberanos de otros países.
Los argumentos de Sturzenegger en el Senado
Para el Gobierno, este punto es el corazón de la atracción de capitales a gran escala. Durante su defensa conceptual ante el plenario de comisiones del Senado, el propio Federico Sturzenegger fundamentó la necesidad de barrer con estos controles con declaraciones contundentes.
“La seguridad jurídica es el único insumo que Argentina no respetó. Históricamente, el derecho de propiedad en nuestro país ha sufrido excesivas restricciones ilegítimas que limitan su esencia. El Estado debe garantizar certezas y no convertirse en un obstáculo para quienes quieren generar riqueza”, argumentó el ministro en el Congreso.
Frente a los cuestionamientos de la oposición sobre la soberanía del suelo rural, Sturzenegger defendió la llegada de divisas sin topes como un motor de empleo y arraigo para el país.
“Estamos invitando a los extranjeros a que vengan a invertir y a que puedan fomentar más generación de empleo. Esto es dar otro paso hacia adelante en pos de la inversión, el progreso y que nuestros jóvenes elijan quedarse a vivir y trabajar en el país”, concluyó en su exposición técnica.
Ley de Tierras: el historial de una ley esquiva
La postergación de esta semana representa el cuarto intento fallido del oficialismo por llevar el proyecto al recinto. A lo largo del debate, la iniciativa se vio sistemáticamente frenada por contingencias y escándalos políticos que dinamitaron el quórum:
- El conflicto Michelli: La primera parálisis severa ocurrió por internas profundas en el armado judicial, detonadas por la falta de acuerdos en torno al pliego estratégico de la jueza María Michelli. En aquel entonces, la senadora Patricia Bullrich había cruzado al Presidente por ordenar retirar el pliego y se abrió un escenario fragmentado entre aliados, opositores y los libertarios, que desordenó la sesión.
- El caso Adorni: En la segunda y tercera oportunidad, la agenda legislativa se vio completamente salpicada y empantanada por las derivaciones del debate en torno al caso del exvocero presidencial. El avance de las causas judiciales que derivó en pedidos de moción de censura e interpelación del Senado llevó a que se paralicen las reformas. La última vez fue la propia Bullrich quien acordó boicotear la sesión que el propio oficialismo convocó para que no se traten las interpelaciones al exjefe de Gabinete.
- El factor Malvinas: En esta última ocasión, el debate quedó atrapado por la alta sensibilidad social en torno a la soberanía territorial, reavivada tras el triunfo futbolístico de la Selección Argentina ante Inglaterra. La oposición aprovechó el clima de la opinión pública para argumentar que el oficialismo pretende extranjerizar el territorio, obligando a postergar la sesión para evitar un rechazo definitivo. La misma vicepresidente Victoria Villarruel había pedido que se cancele la sesión “para vender el país” y festejar el triunfo futbolístico, en un chat donde se cruzó con Bullrich. La senadora terminó el jueves a la noche pidiendo abiertamente su renuncia en redes.
Según aseguran ahora desde La Libertad Avanza, la quinta será la vencida: “El 6 sale”, aseguraron autoridades del Senado. En el medio, también buscarán tratar un proyecto de la senadora radical Carolina Losada para penalizar falsas denuncias.
